El Consejo de Ministros aprobará este martes el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal con el que se trasladará la instrucción de las causas penales a los fiscales. Con esta reforma, los de Pedro Sánchez harán realidad después de décadas una reclamación histórica de las asociaciones de fiscales, que llevan años pidiendo que se adecue el sistema español al modelo europeo.

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Sin embargo, la reforma impulsada por Félix Bolaños no llega en el momento más propicio y, además, no incorpora varias de las peticiones que los miembros del Ministerio Público llevan reclamando durante meses. Las principales asociaciones de fiscales y jueces, consultadas por El Independiente, coinciden en que la instrucción de las causas penales no puede pasar a manos de la Fiscalía sin hacer una reforma estructural del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Desde la Asociación de Fiscales critican que la reforma que llevan años esperando desde el Ministerio Público no acoja la opción de destituir al fiscal general cuando este sea imputado por el Tribunal Supremo. En diferentes comunicaciones, la asociación ha sido muy crítica con la decisión de Álvaro García Ortiz de permanecer en el cargo pese a estar a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio por revelación de secretos.

Cristina Dexeus, presidenta de AF, explica a este medio que se necesita "un Estatuto Orgánico íntegramente nuevo" y que "no basta con una especie de lavado de cara" al fijar a cinco años el mandato del máximo representante del Ministerio Público. "Lo que quiere hacer el Gobierno es concentrar aún más todas las facultades en manos del fiscal general del Estado. El Consejo Fiscal, básicamente desaparece porque queda como un invitado de piedra. Y se pretende hacer ver que el contrapeso va a ser la Junta de Fiscales de Sala, cuando la Junta de Fiscales de Sala ahora mismo ha sido nombrada mayoritariamente por los dos últimos fiscales generales del Estado", añade.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) sostiene que desde hace años hay un amplio consenso entre las diferentes fuerzas políticas para delimitar cuán debe ser el ordenamiento del procedimiento fiscal, que pasa por trasladar la instrucción a los fiscales. No obstante, entienden que esta transición debe hacerse con todas las garantías y que debe venir de la mano con una importante reforma orgánica.

"La reforma del Estatuto es una operación de mero maquillaje", sostiene el presidente de APIF, ya que entiende que la reforma sólo planea dotar al fiscal general del Estado de cinco años de mandato, algo con lo que están de acuerdo, pero no incorpora cambios significativos en la Junta de Fiscales, y menos en las juntas de fiscales provinciales. De esta forma, el fiscal que vaya a instruir un caso dependerá siempre del fiscal jefe que podrá "quedarse con los asuntos que considere o destituir al fiscal designado".

"Esa es nuestra preocupación, si eso se cambia eso, tendremos que decir que ahora, tal como está dibujado legalmente, no se ofrece garantías suficientes para poder asumir con independencia la instrucción en España", sentencia Miguel Pallarés.

El presidente de APIF insiste en que no se puede permitir que el fiscal jefe tenga control sobre el fiscal de un caso concreto o, al menos, que se tenga que presentar una "razón extremadamente fundamentada" para que este pueda destituir al representante del Ministerio Público designado a un caso, "no por que no le guste su forma de instruir", ya que se generaría "arbitrariedad". Asimismo, añade que el traspaso de competencias tendrá que hacerse de manera paulatina y defiende la implementación de "un sistema de asignación de asuntos perfectamente predeterminado".

Dependencia jerárquica e injerencias políticas

Por su parte, las asociaciones de jueces critican que esta reforma se intente impulsar mientras el nombramiento de fiscal general del Estado sigue siendo tarea del Ejecutivo. Frente a esa dependencia jerárquica, los jueces somos independientes, no estamos sometidos a las órdenes de nadie", apunta la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) mantienen que este momento no es el más propicio para impulsar un texto de estas características ya que, a diferencia de otros países de la Unión Europea, "España es un país muy polarizado, sin una autonomía real del Ministerio Fiscal". "El riesgo de injerencias políticas es enorme. No se moderniza la justicia la politiza. Antes de cambiar quién investiga, España necesita blindar la imparcialidad de quienes lo harán, sólo así esta reforma será una mejora y no una amenaza para la separación de poderes", sentencia el portavoz Sergio Oliva.

El portavoz de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, muestra su rechazo a este cambio histórico al entender que los jueces "son independientes y no deben más sumisión a la ley". "Los fiscales son excelentes profesionales, por supuesto, muy bien preparados, pero no son independientes, sino que están sometidos jerárquicamente a sus jefes, de quienes dependen además sus conexiones laborales, lo que no es poco, y jefes que a su vez han sido nombrados y dependen del fiscal general del Estado, nombrados a su vez, y aquí la raíz de todos los males, por el Gobierno de turno", anota.

Portillo detalla que si a los pocos cambios que el Ejecutivo pretende incorporar en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se suma la nueva regulación prevista en esta ley respecto a la acusación popular, "podemos concluir que existe cierto ánimo por parte del Gobierno en que la investigación de los delitos quede monopolizada por una Fiscalía susceptible de injerencias políticas".

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