Marruecos celebra medio siglo de control sobre el Sáhara Occidental con un nuevo relato: el del progreso ecológico. Pero bajo la retórica verde, se esconde un sistema de explotación que priva al pueblo saharaui de sus recursos y de su futuro.

Cincuenta años después de la Marcha Verde, la ocupación marroquí del Sáhara Occidental ya no se impone con tanques ni alambradas, sino con turbinas eólicas, paneles solares y discursos sobre sostenibilidad. Bajo el argumento de la “transición verde”, Rabat ha convertido el territorio en un inmenso laboratorio energético que refuerza su dominio político y económico. Lo que se presenta como una historia de progreso es, en realidad, la cara más moderna del expolio colonial.

El Sáhara Occidental sigue siendo, según la ONU, un territorio pendiente de descolonización. Ningún Estado del mundo reconoce la soberanía marroquí sobre él (salvo EE.UU., que lo hizo en 2020, bajo la administración Trump). Pese a ello, la Unión Europea y Marruecos mantienen acuerdos comerciales que incluyen productos y recursos extraídos en la zona.

Aunque el Gobierno asegura apoyar “una solución política justa y duradera”, varias empresas españolas —públicas y privadas— se benefician directamente del nuevo modelo de expolio verde

En septiembre de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE volvió a anular dichos acuerdos por vulnerar el principio de autodeterminación y por incluir al Sáhara sin el consentimiento de su pueblo. Pero apenas un año después, en octubre de 2025, Bruselas y Rabat firmaron un nuevo tratado que, en la práctica, desoye la sentencia.

El texto abre la puerta a inversiones europeas en energía y agricultura en el territorio ocupado bajo el argumento de que “benefician a la población local”. Es la misma lógica que el Tribunal ya había rechazado: consultar a los colonos o a instituciones impuestas por Marruecos no equivale a obtener el consentimiento del pueblo saharaui. En realidad, según en informe Renovables de Western Sahara Resource Watch, de próxima publicación, “Europa legitima con dinero público una ocupación ilegal revestida de verde”.

El caso español es especialmente revelador. Aunque el Gobierno asegura apoyar “una solución política justa y duradera”, varias empresas españolas —públicas y privadas— se benefician directamente del nuevo modelo de expolio verde.

La multinacional Acciona lidera junto a Green of Africa y Afriquia Gaz —ambas ligadas al primer ministro Aziz Akhannouch— la construcción de la planta desalinizadora de Casablanca, un proyecto financiado parcialmente con fondos públicos españoles a través del seguro de crédito a la exportación (CESCE) y del ICO. Aunque se presenta como infraestructura marroquí, la planta funcionará con electricidad proveniente del parque eólico de Bir Anzarane, situado en territorio saharaui.

La ingeniería TSK (Asturias) participa en el suministro de equipos eléctricos y estructuras metálicas para los parques eólicos de Aftissat y Boujdour, en consorcio con la alemana Siemens Energy, que instala las turbinas. Parte de estos componentes llegan desde China y se ensamblan o reexpiden a través de las Islas Canarias, que se han convertido en un hub logístico para la ocupación verde: puertos como Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife sirven de punto de tránsito de piezas y personal técnico hacia El Aaiún y Dajla.

Mientras tanto, empresas españolas de transporte marítimo y de servicios portuarios facilitan el flujo de materiales eólicos, pese a que los proyectos se desarrollan fuera del territorio soberano marroquí y sin el consentimiento del pueblo saharaui. 

El caso más antiguo del expolio es la mina de Bou Craa, una de las mayores del mundo. La estatal marroquí OCP controla su explotación, alimentada por el parque eólico de Foum El Oued, construido con tecnología de Siemens Energy.

Cada año, millones de toneladas de fosfato se exportan desde el puerto de El Aaiún a India y México. Diversos fondos europeos se han retirado del negocio tras considerar que los beneficios derivan de una ocupación ilegal, pero el flujo continúa.

En las aguas saharauis, la sobrepesca es otra forma de apropiación: hasta el 90 % de las capturas europeas se realizan frente al Sáhara Occidental

En las aguas saharauis, la sobrepesca es otra forma de apropiación: hasta el 90 % de las capturas europeas se realizan frente al Sáhara Occidental. El TJUE ha declarado varias veces ilegal esa práctica, pero la Comisión Europea ha optado por reformular los convenios en lugar de suspenderlos.

Mientras las flotas españolas y francesas faenan bajo bandera marroquí, los saharauis carecen de control sobre sus costas y no reciben beneficio alguno. Los beneficios van a Rabat y a las empresas marroquíes que monopolizan el sector.

El nuevo rostro del expolio es la energía “limpia”. Marruecos genera ya más de una quinta parte de su electricidad renovable desde el Sáhara Occidental. En el territorio se multiplican los parques eólicos y solares que alimentan la red nacional marroquí y sus grandes industrias, todas ligadas al trono.

El informe de WSRW documenta al menos quince proyectos activos o en construcción, gestionados por multinacionales como Engie (Francia), Enel Green Power (Italia), GE Vernova (EE.UU.), Vinci (Francia) y ACWA Power (Arabia Saudí), junto a Nareva, la empresa energética del holding real Al Mada, propiedad del rey Mohamed VI.

El ejemplo más revelador es el proyecto de Engie en Dajla, desarrollado junto a Nareva: un parque eólico de 72 MW que alimenta una planta desalinizadora para irrigar 5.000 hectáreas agrícolas. Oficialmente se presenta como una iniciativa de sostenibilidad, pero en realidad impulsa la expansión de la agricultura de exportación y el asentamiento de colonos marroquíes. Las turbinas las fabrica la china Envision Energy, y la ingeniería corre a cargo de la italiana Fisia Italimpianti: una cadena global al servicio de la ocupación.

Más al norte, el parque Boujdour (300 MW), operado por Enel, Siemens y Nareva, comenzó a funcionar en 2023. Junto a los parques Aftissat I y II, suministra energía a gigantes industriales como OCP, LafargeHolcim Maroc, Ciments du Maroc y Managem, todos vinculados al entorno del monarca.

El siguiente paso de Rabat es el hidrógeno verde, el combustible del futuro. El Gobierno ha reservado más de un millón de hectáreas del Sáhara Occidental para proyectos de producción y exportación, en colaboración con empresas de Emiratos Árabes, Arabia Saudí, España, Francia, Alemania y China.

Los consorcios seleccionados —TAQA, Cepsa/Moeve, ORNX, ACWA Power, Nareva y OCP— planean generar miles de millones en ingresos. Solo el proyecto de TAQA prevé 6 GW de capacidad en Dajla, mientras que OCP construye plataformas para producir amoníaco verde.

En paralelo, Marruecos levanta una autopista eléctrica de 1.400 km, la Electric Highway, adjudicada en 2025 al consorcio TAQA–Nareva–Fondo Mohammed VI, para transportar energía desde Dajla hasta Casablanca y Agadir. Una infraestructura que no integra: ata el territorio ocupado al corazón económico marroquí.

En el centro de este entramado está el propio monarca. A través del holding Al Mada y su filial energética Nareva, Mohamed VI controla gran parte de las empresas implicadas en los proyectos eólicos y solares del territorio. El rey es, a la vez, jefe del Estado, árbitro regulador y principal beneficiario económico de la llamada “transición verde”.

Medio siglo después de la invasión, decenas de miles de saharauis sobreviven en los campamentos de Tinduf, en el desierto argelino, sin acceso a la electricidad que se genera en su propio país.

Aun así, la resistencia continúa. Fondos internacionales y navieras han cortado vínculos con las empresas implicadas; tribunales europeos siguen reconociendo los derechos del pueblo saharaui; y una red de activistas mantiene viva la denuncia del greenwashing marroquí.

El viento del Sáhara, que hoy mueve las turbinas del expolio, podría algún día alimentar una independencia largamente aplazada. La autodeterminación sigue siendo posible si el derecho internacional deja de mirar hacia otro lado.

Porque ningún proyecto —por muy verde que se pinte— puede florecer sobre un terreno ocupado.

Roberto Cantoni es miembro directivo de Western Sahara Resource Watch y profesor de ética de empresa en la IQS School of Management, Universitat Ramón Llull. Trabaja sobre cuestiones de justicia energética en contextos coloniales y poscoloniales.