El abogado del Estado José Ignacio Ocio, defensor de Álvaro García Ortiz durante la investigación y el juicio por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos, ha criticado la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante el registro del despacho del fiscal general y ha asegurado que la presión mediática ha generado un “juicio paralelo”.

Durante la lectura de su informe final, Ocio ha sostenido que los testimonios escuchados durante los últimos días en la Sala de lo Penal del alto tribunal han confirmado que dicho registro fue “desproporcionado” y que los agentes no acataron las órdenes del magistrado instructor, por lo que ha solicitado la nulidad de la actuación.

"Existió una orden concreta que no fue acatada, se copió sin cobertura legal, y eso debe suponer la nulidad de dicha diligencia" ha subrayado el abogado, que también ha remarcado que en el registro del despacho del fiscal general no participó ningún "profesional independiente". Este miércoles, el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas, defendió ante el Supremo que la Guardia Civil "no hace investigaciones prospectivas".

El letrado ha iniciado su intervención denunciando que “se ha generado un juicio paralelo basado en conjeturas y lecturas parciales”, lo que, en su opinión, ha contribuido a crear “un entorno adverso” para la presunción de inocencia del jefe del Ministerio Público.

Ocio, cuya intervención ha puesto punto y final al juicio, ha expresando no obstante su confianza en que “esa contaminación externa” no influya en la decisión del tribunal y que los magistrados del Tribunal Supremo actúen con la “serenidad, independencia y objetividad” que exige la causa.

Además, la Abogacía del Estado ha apuntado que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, era “perfectamente conocedor de las consecuencias reputacionales” de su caso y que, junto al jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ideó una "estrategia comunicativa tendente a minimizar” su impacto público.

“La única filtración acreditada en este proceso es la de González Amador a Rodríguez”, ha asegurado el letrado, que ha subrayado que el 'email' del 12 de marzo, donde se reflejaba la existencia de negociaciones de conformidad, es el que se plasma en lo que publicó El Mundo a las 21:29 horas del 13 de marzo, aunque con el titular de que era la Fiscalía quien ofrecía un pacto.

En ese momento, según la tesis de la defensa, se rompió el secreto de sus negociaciones con Fiscalía, razonando que no se puede achacar a García Ortiz revelación alguna incluso en el caso de que hubiera filtrado a los medios el correo del 2 de febrero, en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía la comisión de dos delitos contra Hacienda con la intención de llegar a un pacto con el fisco.

Por otro lado, ha insistido en que lo único que buscaba el fiscal general era desmentir una información errónea, y que en ningún caso su intención fue filtar nada de carácter reservado o perjudicar a un particular. “En todos los whatsapps que se han intervenido en el teléfono móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid [Pilar Rodríguez] que busquen” si hay alguno en el que se indique que había que perjudicar directamente al empresario o a la propia Diaz Ayuso. “No van a encontrar ni uno. Todo estuvo orientado a dar información veraz”.

También ha negado que el jefe del Ministerio Público recibiera indicaciones de Presidencia del Gobierno, subrayando que "no se ha practicado" ni una sola prueba de cargo que permita afirmarlo.

Tras la intervención de Ocio, el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, le ha preguntado a García Ortiz si quería tomar la palabra para añadir algo a lo dicho por su letrado. El fiscal general, que se enfrenta a una condena que podría alcanzar los 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros, le ha respondido que no, y el juicio ha quedado visto para sentencia.

La Fiscalía defiende la inocencia de García Ortiz

Previamente, en el último turno de la mañana y tras las acusaciones, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha defendido que aun si García Ortiz hubiera “filtrado” el correo a la Cadena SER cuando lo tuvo en su poder, “en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios” de comunicación.

En este sentido, ha explicado que comunicadores de esa radio, así como de El País, La Sexta y eldiario.es han testificado en el juicio que sabían que la defensa de González Amador estaba negociando una conformidad con la Fiscalía antes de que el propio fiscal general lo supiera.

La número dos del Ministerio Público ha incidido en que García Ortiz solo tuvo conocimiento de ello cuando recibió, a las 21:59 horas del 13 de marzo, los correos que la defensa de González Amador se había intercambiado con el fiscal del caso, Julián Salto, mientras que los periodistas aseguraron que lo supieron minutos, horas o incluso días antes.