El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy asegura estar “interesado en velar" por el correcto etiquetado de los productos procedentes del Sáhara Occidental, en cumplimiento al fallo que hace más de un año dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Un compromiso que, no obstante, está lejos de trasladarse al cumplimiento normativo. Meses después de que organizaciones de consumidores y agricultores denunciaran la venta en España de tomates saharauis camuflados como marroquíes, el departamento -en manos de Sumar, muy crítico en sus declaraciones públicas con el alineamiento del PSOE con las tesis marroquíes sobre el territorio- sigue sin mover ficha.

Falta de transparencia

“Desde la Dirección General de Consumo, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no podemos dar información concreta sobre denuncias recibidas o estado de tramitación de potenciales expedientes actuaciones llevadas a cabo en control de mercado, en tanto en cuanto no sean firmes”, señala el gabinete de prensa a la enésima solicitud de información cursada por El Independiente.

Según la denuncia de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la empresa Azura, de capital franco-marroquí, cultiva tomates cherry en más de 400 hectáreas de invernaderos situados en el Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización según la ONU. El producto agrícola cruza el Estrecho y termina en los lineales de Carrefour y otras cadenas europeas bajo una etiqueta inequívoca: “Origen: Marruecos”.

El silencio administrativo ha sido hasta ahora la única respuesta. “No tenemos ninguna información del ministerio. Nos dijeron que se iniciaría una investigación y que pedirían datos a la cadena, pero no sabemos nada. Es increíble”, lamentó hace unas semanas Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG. “Nos toman por tontos. Un ministro que sale hablando de Palestina, pero con Marruecos no se atreve nadie en este país”, deslizó.

Fuentes del ministerio insisten a este diario que su objetivo es cumplir lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un momento en el que el Gobierno de coalición español apoya una reforma exprés del acuerdo anulado por la justicia y el inicio de las negociaciones de la Comisión Europea para un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos.

Cumplir con el etiquetado

“Se reitera el interés de este Ministerio por velar por la normativa sobre el etiquetado procedente de Sáhara Occidental vendidos en los establecimientos en ámbito estatal”, se limita a decir el departamento de comunicación ante la petición de información de este diario. La dirección general de Consumo está liderada por Daniel Arribas es licenciado en Derecho y Economía que ejerció como responsable jurídico del Ministerio de Consumo durante la pasada legislatura.

Como en las solicitudes de información previas, el ministerio evita ofrecer detalles concretos y se escuda en el secreto de las investigaciones. La respuesta contrasta con la contundencia mostrada por el propio Bustinduy en otros escenarios. En octubre de 2024, apenas unas semanas después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sentenciara que los productos saharauis no pueden venderse como marroquíes, el ministro firmó una nota informativa dirigida a las empresas que importan bienes de los territorios palestinos ocupados, recordándoles la obligación de indicar el “origen real” de los productos.

Entonces, Bustinduy justificó la medida como una defensa del derecho de los consumidores “a recibir información veraz”, especialmente “ante la crítica situación en Oriente Medio”. Un año más tarde, en septiembre de 2025, el mismo ministerio anunció la apertura de investigaciones a empresas que comercialicen productos de los asentamientos israelíes. Incluso llegó a vincular la oferta de esos bienes con “los esfuerzos coloniales de Israel y el genocidio en Gaza”.

Nada similar se ha dicho sobre Marruecos, pese a que el Sáhara Occidental también figura en la lista de territorios ocupados reconocidos por Naciones Unidas y existe una sentencia firme del TJUE que obliga a identificar claramente su origen. “La diferencia es que sobre Palestina no hay sentencia, pero sobre el Sáhara sí la hay, y clarísima”, subrayó Góngora.

La responsabilidad, entretanto, sigue rodando entre ministerios. Consumo remite el asunto a Economía, Comercio y Empresa, alegando que el control de las importaciones es competencia suya. Economía, por su parte, apunta a Agricultura, que dirige Luis Planas, ex embajador de España en Marruecos y firme defensor de la propuesta de autonomía para el Sáhara que implica reconocer la soberanía marroquí sobre la ex provincia española.

La Comisión Europea ya ha advertido a los Estados miembros de su obligación de aplicar el fallo del tribunal europeo, que considera que cualquier referencia que asocie el Sáhara a Marruecos “puede inducir a error al consumidor”. En España, la sentencia sigue sin aplicarse.

En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez dio un giro histórico al reconocer la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como “la base más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. Desde entonces, cualquier asunto que roce la relación bilateral con Rabat se maneja con extremo cuidado.

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