El PP de Alberto Núñez Feijóo registró a principios de mes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a adoptar su plan migratorio. Según ha podido saber El Independiente, la iniciativa consta de diez puntos coincidentes con las diez medidas clave del plan nacional presentado por Feijóo a mediados de octubre en Barcelona. Semanas atrás, a finales de octubre, los populares presentaron una moción consecuente de interpelación al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para poner el asunto de relieve. Votada por puntos, consiguió el respaldo de Vox y ocasionalmente de Junts y el PNV.
Sin carácter vinculante, el PP quiere abrir de nuevo el debate migratorio frente al Gobierno de Sánchez, del que rechaza los últimos movimientos y cambios legales, especialmente a consecuencia de la saturación en enclaves como Canarias, Ceuta y Melilla, y con los menores extranjeros no acompañados en el medio. Los populares cuestionan que el Ejecutivo no tiene una política de inmigración definida y coherente, por lo que buscan retratar a los socialistas y presionarles para asumir sus propuestas a la espera de que haya unas generales.
De fondo, el registro de esta PNL el 6 de noviembre, coincide con la precampaña en Extremadura, pero también con la apertura de negociaciones con Vox tras la dimisión de Carlos Mazón. Además de diferenciarse del Gobierno en materia migratoria, se quiere marcar perfil en esta cuestión frente a los de Santiago Abascal de cara a la campaña extremeña, donde la inmigración, como cotidianamente ocurre, tendrá una importante presencia en los planteamientos de Vox. Previsiblemente, ligado al campo y a los servicios públicos.
La PNL sirve también al PP para marcar perfil sobre la inmigración a las puertas de la campaña en Extremadura, donde compiten con Vox para conseguir la mayoría absoluta
Aunque las negociaciones con Vox en Valencia no se abrieron oficialmente hasta el viernes 7 de noviembre, dos jornadas antes al registro de la iniciativa tuvo lugar la conversación de los líderes de ambas formaciones. Feijóo y Abascal se telefonearon y coincidieron en la necesidad de dar estabilidad a la región, alejando la posibilidad de elecciones. Este viernes, según publicó El Mundo, de hecho, una de las peticiones expresas de Vox para la investidura del candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, es "hacer todo lo posible" contra la política migratoria del Gobierno así como un nuevo "acuerdo" para su "escenificación". Plantear esta PNL apunta a ese deseo de los ultraconservadores a la vez que permite al PP apretar al Ejecutivo abriendo de nuevo del debate migratorio en la Cámara Baja.
Se prevé que Vox vuelva a pedir a Pérez Llorca el mismo compromiso contra la inmigración ilegal que públicamente suscribió Mazón -además de con el Pacto Verde y la agenda climática-, lo que obligaría al PP a rechazar más acogidas decretadas por el Gobierno central. Ello no permitiría a la Generalitat eludir sus funciones, sino que sería algo más simbólico de acuerdo a la posición del PP. Vox si quiere que los populares agoten todas las vías legales para oponerse, como pueden ser los recursos judiciales, algo que ya se ha abordado en otras comunidades. Tanto al Supremo como al Tribunal Constitucional. Negarse a las acogidas iría contra el margen dictado por Génova para las negociaciones: "Dentro de la ley y de la Constitución".
En ese plan migratorio se incluyen exigencias como la resolución rápida de los expedientes de acogida en 72 horas y la realización de pruebas óseas para determinar la edad de los menores migrantes. Vox también quiere que el PP valenciano se comprometa a acelerar las reubicaciones de esos menores con sus familias en sus países de origen, algo que también apoya la propuesta nacional de Feijóo. De hecho, se asignó una partida en los últimos presupuestos -que requirió una negociación nueva con Vox a cambio de políticas- de dos millones de euros para esas reubicaciones de jóvenes.
Pese a todo, según trasladan fuentes de Génova, la prioridad es confrontar con un PSOE sin propuesta migratoria, situarse entre esa ausencia de contenidos y el populismo de Vox. Sobre Valencia aseguran que ahora la pelota está en el tejado del aparato valenciano y de Pérez Llorca, a quien Feijóo designó tras una conversación el viernes pasado en Madrid. No hay intención de influir más, al menos a priori. Frente a Génova, Vox sigue con su vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga, tutelando las negociaciones. Este viernes, Pérez Llorca aseguró que se produjo otro encuentro donde hubo buena sintonía.
A la inmigración se unen otras reclamaciones públicas de Abascal, como la construcción de infraestructuras hídricas -algo que es competencia del Estado- en Valencia, caso de "presas y diques". "¿Su candidato podrá comprometerse a las obras que necesitas Valencia, a exigirlas sin miedo a que le llamen negacionista?", preguntó Abascal.
La propuesta de los populares
Los populares denuncian que el Gobierno ha generado un crisis humanitaria, el colapso de las oficinas de extranjería o el aumento de la inmigración irregular que lleva a una mayor exclusión social, explotación laboral e inseguridad. Se hace referencia, entre otras cuestiones, a informes recientes como el de la Ertzaintza en País Vasco donde se atribuye el país de origen de las personas que han cometido delitos. Un punto de inflexión en la estrategia del PNV y el Gobierno vasco de endurecer el discurso sobre seguridad. Asegura que el 35% de los detenidos son de origen español, frente al 64,21%, extranjeros. Los investigados fueron en un 57% nacionales y un 42,8% procedía de fuera. Eso refuerza la argumentación que hace el PP, de necesidad de establecer un modelo migratorio claro.
En su exposición de motivos los populares señalan que históricamente España ha sido un país de emigrantes y que ahora el escenario se ha invertido. En ese escenario de recepción, creen que pueden beneficiarse económica, demográfica y culturalmente siempre que se abogue por una inmigración legal, segura y ordenada en la que prime la integración.
Se reclama un cambio que pivota en los diez ejes presentados por Feijóo en octubre que ahora se posicionan en la PNL como diez exigencias al Ejecutivo. Primero, se alude a las fronteras, a un reforzamiento del control frente a las entradas ilegales y de los medios materiales de la policía. Igualmente a reclamar el apoyo de Frontex. Segundo, se quiere incentivar el visado de residencia y trabajo por puntos -que prime "la formación, la experiencia, el idioma e integración"- para la búsqueda o el empleo en sectores tanto tensionados como de difícil cobertura. Para el segundo, incluso desde el origen. Además, se apuesta por programas de migración circular y contrataciones temporales según las necesidades de las autonomías, como puede ser la recolección agrícola de temporada.
El tercer punto pide la lucha contra las mafias, reformando el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para elevar penas o para que la policía cuente con medios para intervenir en aguas internacionales. El cuarto pide revisar los acuerdos migratorios con terceros países para asegurar las deportaciones y penalizar, diplomática o económicamente, a quien no cumpla con sus cometidos. El quinto quiere devolver la excepcionalidad del arraigo para la concesión de la nacionalidad y la revisión de los requisitos para la reagrupación familiar.
El sexto punto menciona esas pruebas de edad y resolución rápida de los expedientes de asilo. El séptimo pide revisar el sistema de prestaciones para vincular las ayudas a la búsqueda activa de empleo y la "contribución efectiva al mercado laboral". La octava exigencia solicita más medios en el sistema de atención a la inmigración, y los últimos dos ejes se centran en asegurar la correcta utilización de los fondos europeos y la dotación a las administraciones autonómica y local de los recursos necesarios para "afrontar la emergencia migratoria".
En plena ruptura de Junts con el Gobierno, la medida tiene visos de ser aprobada con los votos neoconvergentes y de Vox. El PP desconfían de los de Carles Puigdemont, con todo, que ni se abre a una moción de censura a Sánchez ni apoya propuestas que comparte cuando tienen el sello del PP, caso de la enmienda para prorrogar las nucleares votada el jueves dentro de la ley de movilidad sostenible.
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