La inmigración se presenta como el principal escollo en las negociaciones valencianas entre el PP y Vox. Este martes, desde la sede nacional del partido se informó del registro tanto en el Congreso como en los parlamentos regionales de una iniciativa para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos y sancionar la imposición en el ámbito privado. La cuestión apunta a convertirse en una exigencia troncal de los ultraconservadores en esas negociaciones, tanto en el plano valenciano, como en el nacional. Más cuando hay capacidad de dar un primer paso en la tramitación parlamentaria en el hemiciclo, con un Junts alejado del Gobierno y presionado por Aliança Catalana, y un PP que queda en una posición intermedia.

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No es baladí la presentación de la iniciativa en estos momentos, una cuestión que viene reivindicándose desde hace tiempo. Fuentes de Vox en Valencia, si bien no confirman que este asunto vaya a ser condicionante, si esperan a ver cómo se posicionan los populares al respecto. Vox quiere forzar a Génova a endurecer sus criterios migratorios apenas un mes después de presentar las diez líneas de su propuesta nacional sobre inmigración para competir con Santiago Abascal. Y días después de que los populares, como publicó El Independiente, se cerrasen a ir más allá en inmigración.

Lo que será esencial para Vox en estas negociaciones será abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados. En el pacto presupuestario de marzo de este año, el PP se comprometió a buscar fórmulas legales para incentivar el retorno de esos menores con sus familias de origen -con una partida dotada de hasta dos millones de euros-. Ahora, casi seis meses después de que se aprobasen las cuentas, los de Abascal denotan descontento y demandan más celeridad e implicación. Queda claro con la posición manifestada a finales de octubre por el nuevo presidente de Vox Valencia, Vicente Barrera, quien ejerció de vicepresidente de la Generalitat hasta la ruptura generalizada con el PP en julio de 2024 precisamente por la acogida de menores.

Frente al Centro de menores de La Malvarrosa, en Valencia, Barrera exigió el retorno de todos esos menores con sus familias. Denunció la inseguridad que sienten, dijo, sus vecinos, tras algunos robos, peleas y agresiones en los alrededores del centro.

Se espera que se ahonde en el asunto y que se exija un compromiso con otros acuerdos adoptados, como un rechazo a asumir más repartos migratorios si el Gobierno los decide -no se podrían negar la acogida si se decreta, pero sí podrían efectuarse recursos judiciales, entre otras acciones- o a financiar a ONG o entidades no gubernamentales ligadas a la ayuda humanitaria. Ya en la pasada negociación se pactó un recorte del 40% en el gasto en cooperación al desarrollo para destinar a la reconstrucción de la DANA y contener la inmigración ilegal, lo que deja margen a una exigencia más dura de porcentaje.

Este martes, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien supervisa junto a su segunda, la vicesecretaria de Acción Política, Montserrat Lluís, las negociaciones valencianas, optó por que la discreción operase de cara al público, aunque insistió en que junto a la inmigración el rechazo al Pacto Verde europeo o la fiscalidad serán cruciales a abordar con el PP. No se despeja la duda de si valdrá a Bambú con el compromiso de Carlos Mazón contra la inmigración y las políticas climáticas europeas, o si exigirá a Juanfran Pérez Llorca una declaración pública similar.

Aunque todo parece indicar que se le pedirá más al menos sobre el papel para la investidura. Las negociaciones, dijo Abascal horas después de la dimisión, serán "muy exigentes".

Vox no muestra sus cartas al PP

Además de la inmigración, las elecciones en Extremadura forman parte del campo de minas que Vox está erigiendo tras la primera toma de contacto con el PP el viernes pasado. Vox mantiene una posición dura con los populares equiparable a la que se refleja en la precampaña extremeña para las elecciones del 21 de diciembre. A dos semanas de que tenga que llegar una investidura a Les Corts valencianas, todo sugiere que Abascal y su grupo parlamentario allí, liderado por José María Llanos, irán con una hoja de exigencias de máximos que difícilmente podrá comprar Génova cuando en Extremadura el PP lidera una campaña en favor de la independencia de Vox. Con una perspectiva centrada. A ninguno, realmente, le conviene un pacto rápido.

El poco tiempo tasado del que se dispone y la ausencia de medidas concretas anunciadas por Vox resta capacidad de acuerdo rápido en una negociación aún sin abrir ampliamente. En Vox reprochan que el PP también ha tardado más de una semana en aclarar a quién propondría, lo que sugiere a algunas fuentes consultadas un intento de dilatar igualmente los tiempos.

El PP cree que Vox se moverá bajo cálculos electorales según lo que mejor le convenga con Extremadura de fondo. Vox apela a los intereses valencianos

Fuentes del PP, al contrario, aseguran que en Vox están más por los "cálculos electorales" que por la negociación, de ahí la falta de concreción de exigencias o que se pida más cuando la línea que se ofrece es la continuista de lo acordado meses atrás. Creen que son ellos los que quieren retrasar los procedimientos en lo posible y que "decidirán" en base a sus intereses en enclaves como el extremeño. Por lo que se aleja la capacidad de alcanzar una investidura a la primera. De fracasar, se abriría un plazo de dos meses que permitirían alcanzar un consenso después de las urnas en Extremadura. Podría darse un doble proceso de investidura con María Guardiola -de requerirse- y con Pérez Llorca.

Por ahora, desde el seno popular si que se valora "el cambio de pantalla" ya con el candidato sobre la mesa y se insta a esperar a ver lo que sucede. En Vox prefieren llevar con discreción todo y aseguran que prevalecerán "los intereses de los valencianos". El deseo en el PP, con todo, es que la investidura no se vea condicionada por el electoralismo, algo que desde Vox se niega querer hacer. Y que las negociaciones radiquen en reforzar lo que ya se acordó meses atrás. Se espera que Vox, una vez se entre de lleno en el diálogo no fuerce y que la figura de Pérez Llorca -elegida por Feijóo como guiño, dado el favoritismo de Vox dada la afinidad generada por las relaciones parlamentarias al ser el síndic del PP en Les Corts- ayude a ese entendimiento.

Gesto contra las políticas verdes

A falta de saber si Vox quiere que Pérez Llorca se posicione de nuevo contra las políticas climáticas y use el término "dogmatismo climático", no se espera nuevas exigencias salvo en compromiso con el encauzamiento de barrancos, la recuperación de embalses como el de Buseo, o la modernización de regadíos. Un cómputo presupuestario con un coste superior a los 100 millones de euros a lo que se añade la aplicación de rebajas fiscales -especialmente para los afectados de la dana-, la supresión de tasas para la pesca o en la trasferencia de fincas agrarias.

En las últimas horas trascendió un gesto del PP para reafirmar ese compromiso: el voto del PP junto a la ultraderecha europea para rechazar en Bruselas el objetivo de emisiones de carbono para 2040. Sobre todo, por darse con las negociaciones con Vox abiertas, como posible guiño a ese compromiso contra el Pacto Verde. Los populares, pese a todo, lo atribuyen al criterio adoptado en su último congreso sobre la necesidad de reformar ese consenso. Y desde Vox, Garriga restó relevancia a ese gesto, dando pie a una mayor exigencia. "Que voten una cosa en Bruselas" para luego hacer otra aquí "no significa nada", acusó a la vez que denunció connivencia entre el PP y el PSOE para imponer tasas de basuras y reducir la movilidad con vehículos privados en las ciudades. Creen en Vox que hay un "fanatismo climático" en el PP que seguirán "denunciando".

El PP ha hecho nuevos guiños con el Pacto Verde, pero se niega a pagar el peaje de la violencia de género

Por lo que no piensa pasar de ningún modo el PP es por cuestiones sobre violencia de género. Ya en las negociaciones de 2023 Vox tuvo que retirarse de la ecuación al candidato Carlos Flores Juberías, condenado por violencia machista. En un momento de competencia por el voto femenino nacional frente a Sánchez, a los populares no les interesa abrir esa brecha. El coste en esta materia sería más amplio que el de asumir un endurecimiento climático o migratorio, aseguran fuentes del PP.

Lo que está claro es que a ninguna de las dos formaciones le interesa avanzar hacia un bloqueo más allá de las tiranteces previstas. Saben que unas elecciones -incluido Vox, con una previsión de mejora en escaños a costa del PP- permitiría a la izquierda contar con una oportunidad, sobre todo con un votante muy movilizado tras la dana.

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