El Gobierno canario organiza una misión para invertir en el Sáhara ocupado por Marruecos

Ni el expolio de los recursos naturales que denuncian organizaciones internacionales ni las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. Nada ha impedido al Gobierno de Canarias patrocinar una misión empresarial al Sáhara Occidental ocupado, un territorio reconocido por Naciones Unidas como “no autónomo” y pendiente de descolonización. El viaje —coordinado por Proexca, la sociedad pública de internacionalización adscrita a la Presidencia del Gobierno canario, y la patronal FEDEPORT— tendrá lugar entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 en Dajla, ciudad situada en la zona bajo ocupación de Marruecos, convertida por Rabat en escaparate del desarrollo económico en los territorios ocupados.

La misión, dirigida a empresas canarias del sector portuario y marítimo, busca abrir puertas en torno al megaproyecto del puerto de Dajla Atlantique, una infraestructura valorada en 1.300 millones de euros y presentada por Marruecos como su gran apuesta logística para conectar África con Europa y América, en el territorio del Sáhara Occidental ocupado militarmente desde 1975 por Marruecos. La invitación promete acceso a “oportunidades en servicios auxiliares, logística, digitalización portuaria, energías renovables, economía azul y economía circular”, en un enclave que Rabat intenta consolidar como plataforma tricontinental.

Una misión “empresarial”, con sello institucional

Aunque Proexca intenta desvincularse del diseño de la iniciativa, lo cierto es que su participación no es menor. La entidad, cuyo presidente es Juan Alfonso Cabello Mesa, de Coalición Canaria, depende directamente de la Presidencia del Gobierno canario, también en manos de los nacionalistas canarios. Consultada por El Independiente sobre los motivos y el alcance de la misión, Proexca se limitó a subrayar que actúa dentro de los “acuerdos marco” establecidos con asociaciones empresariales y que son estas —no el Ejecutivo autonómico— las que “impulsan” la acción.

“Las consultas que planteas están fuera de nuestro ámbito de información, ya que Proexca no lanza directamente esta misión, sino que como en el resto de apoyos empresariales, se engloba dentro de acuerdos marco que mantenemos con asociaciones empresariales en línea con sus objetivos. Las empresas del sector portuario llevan a cabo misiones de conocimiento de las infraestructuras portuarias de toda la zona geográfica cercana a Canarias, y han decidido impulsar esta misión”, arguyen desde el Gobierno canario.

El matiz no borra la realidad: es el Gobierno de Canarias quien facilita vuelos, alojamiento y una agenda institucional que incluye reuniones con autoridades portuarias marroquíes, centros de inversiones y representantes gubernamentales. Un despliegue logístico en un territorio cuya explotación económica ha sido objeto de repetidas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que han declarado ilegales la inclusión del Sáhara Occidental en sucesivos acuerdos comerciales o pesqueros entre la UE y Marruecos sin el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario.

En su jurisprudencia, la corte comunitaria ha sido tajante: Marruecos no posee soberanía sobre el Sáhara Occidental, y cualquier actividad económica que afecte a sus recursos naturales requiere la aprobación del pueblo saharaui. El expolio ha sido denunciado reiteradamente por organizaciones internacionales y por el propio Polisario, que considera estas iniciativas un aval político al control marroquí.

La misión empresarial se produce, además, en un contexto especialmente delicado. Apenas unos días antes, cinco diputados nacionales del Partido Popular -el socio de la coalición de Gobierno que lidera la Coalición Canaria de Fernando Clavijo- visitaron Gran Canaria para mantener un encuentro con representantes del Frente Polisario, donde escenificaron un respaldo explícito al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Una cita que, inevitablemente, tensionará la relación con Rabat.

El grupo, encabezado por el diputado Carmelo Barrio, reclamó al Gobierno central que rectifique el giro de Pedro Sánchez en 2022, cuando apoyó la autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. “El mejor aliado del pueblo saharaui es el Derecho Internacional”, afirmó Barrio. Los populares defendieron además un aumento de la ayuda humanitaria y criticaron la posición del PSOE, que ha roto cualquier puente con el Polisario y que ha escenificado su soledad parlamentaria en sucesivas votaciones.

La reunión, celebrada en el Cabildo de Gran Canaria, contó con la participación de senadores del PP y del consejero insular Carmelo Ramírez, histórico defensor de la causa saharaui. El delegado del Polisario en Canarias, Alisalem Sidi Zein Yaa, agradeció el gesto y recordó que el Sáhara vive “medio siglo de anomalía histórica” desde la retirada española en 1975. “Nuestro pueblo seguirá luchando hasta lograr la independencia”, remachó.

Un Gobierno canario atrapado entre dos aguas

La coincidencia entre el respaldo del PP al referéndum saharaui y la misión empresarial al territorio ocupado sitúa al Gobierno canario en un terreno resbaladizo. Mientras parte de sus propios diputados nacionales cuestionan frontalmente la política marroquí, desde Canarias se impulsa una agenda económica que, de facto, legitima inversiones en un territorio bajo disputa internacional.

La operación, además, se presenta envuelta en un discurso de neutralidad técnica, aunque la elección del destino —Dajla, corazón del proyecto marroquí en el Sáhara ocupado— introduce inevitablemente una dimensión política.

El programa de actividades ofrece visitas técnicas al puerto y zonas logísticas, encuentros institucionales y reuniones B2B con empresas marroquíes. Una hoja de ruta idéntica a la de otras misiones impulsadas por Rabat para normalizar la explotación de recursos saharauis —pesca, fosfatos, energías renovables o infraestructuras portuarias— pese a las advertencias del TJUE.

Marruecos impulsa desde hace años una estrategia de hechos consumados para consolidar su control económico y demográfico sobre el Sáhara Occidental. La participación de empresas europeas, y especialmente españolas, en proyectos estratégicos sirve para reforzar su narrativa de estabilidad y desarrollo.

Canarias teme que la creciente pujanza portuaria de Marruecos —especialmente en Dajla y Tánger Med— erosione su posición geoestratégica tradicional en el Atlántico medio. La misión empresarial es vista por parte del sector como un intento de “no quedarse atrás” en la nueva arquitectura logística regional.

La visita se produce en pleno acercamiento de Coalición Canaria al régimen alauí. En octubre de 2024, durante una visita a Rabat, Clavijo dijo compartir "enteramente" el cambio de posición de España en el contencioso del Sáhara Occidental alineándose con las tesis marroquíes. Sus declaraciones provocaron controversia en el seno de Coalición Canaria y el nacionalismo canario poniendo en cuestión su apoyo histórico a la causa del pueblo saharaui en un momento, además, marcado por los reveses que la Comisión Europea ha sufrido por las sentencias del Tribunal de Justicia que declararon nulos los acuerdos de pesca y agrícolas suscritos con Marruecos por la falta de consentimiento del pueblo saharaui.