España y Marruecos volverán a mirarse frente a frente esta semana en Madrid. Tres años después de la última Reunión de Alto Nivel y tras el histórico cambio de posición del Gobierno en el conflicto del Sáhara Occidental -contestado y censurado por todos el arco parlamentario excepto el PSOE-, Marruecos llega a la cita con un listado de nuevas exigencias. La monarquía de Mohamed VI, envalentonada desde la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la ex provincia española, apuesta fuerte: quiere arrancar al Ejecutivo de Pedro Sánchez concesiones en la delimitación marítima y el espacio aéreo.

La XIII Reunión de Alto Nivel, que inicia un foro empresarial mañana miércoles en la sede del  Confederación Española de Organizaciones Empresariales, tiene una doble agenda: la que se verá en las fotografías oficiales entre ministros y la que realmente dominará las negociaciones, en un nuevo jaque de las autoridades marroquíes. El Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel Albares insiste en el tono: relación excelente, cooperación creciente, “gran oportunidad para profundizar en la agenda bilateral”.

"Una política sin consenso interno"

Rabat, en cambio, aspira a consolidar, con el sello de Moncloa, su control sobre el Sáhara Occidental y el marco marítimo que le rodea. Lo hace desde una posición segura, convencida —como sostienen expertos consultados— de que jamás volverá a encontrar en Madrid un gobierno tan alineado con sus intereses como el de Sánchez, una posición unilateral que despierta críticas y condenas entre el PP pero también en sus socios de Gobierno (Sumar) y legislatura (PNV, ERC o BNG). “Marruecos debe de creer correctamente, con toda certeza, de que nunca se va a dar una situación como esta de política exterior, con un presidente de gobierno tan favorable a Marruecos”, señala a El Independiente Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz y un reputado experto en las siempre tormentosas relaciones hispano-marroquíes.

“Hay que tener en cuenta que Sánchez lleva una política exterior con relación a Marruecos completamente cesarista, sin contar ni con la oposición, sin obtener el consenso interno, ni con el órgano de soberanía nacional, ni respetando el plan de acción exterior ni discutiéndolo en el Parlamento. Marruecos sabe que una situación así no se dará en los próximos lustros y quiere aprovechar esa afinidad de nuestro presidente, que es más Mohamed VI que el propio Mohamed VI, para intentar arrancar lo máximo posible en cuestiones ilegales, como puede ser el espacio aéreo del Sáhara, del que no tenemos derecho nosotros a hacer ningún traspaso de nada, y en cuestiones marítimas totalmente ilegales o alegales sobre presunciones que no son correctas”, alega Del Valle.

Marruecos debe de creer correctamente, con toda certeza, de que nunca se va a dar una situación como esta de política exterior, con un presidente de gobierno tan favorable a Marruecos

Moncloa defiende que la relación atraviesa “una fase excelente” y que el encuentro servirá para afianzar la conexión eléctrica verde, el corredor del hidrógeno, la colaboración en seguridad y la organización conjunta del Mundial 2030 -al que Marruecos se sumó tras descartarse Ucrania y en una jugada política que no contentó a todos-. El núcleo de la negociación se sitúa fuera del foco: aguas, aire, minerales estratégicos, líneas marítimas y soberanía operativa.

Marruecos llega con una convicción firme y un calendario propio. Considera que este es el momento para avanzar porque entiende que difícilmente volverá a encontrarse con un presidente del Gobierno español tan receptivo a sus planteamientos. En las últimas semanas la prensa afín a Rabat ha divulgado un listado de sus exigencias, que hemos desgranado en El Independiente: desde la cesión del monte submarino Tropic, una prolongación de las islas Canarias rica en minerales críticos y tierras raras; la delimitación de las aguas, asumiendo como marroquíes las del Sáhara Occidental, un territorio autónomo del que España sigue siendo potencia administradora de 'iure' -y, por tanto, aguas españoles sobre el mapa-; hasta el espacio aéreo del Sáhara, gestionado desde Canarias. A cambio, Rabat ofrece “seguridad jurídica reforzada para Canarias” y un supuesto “win-win”.

En la última semana la monarquía alauí ha hecho públicas sus exigencias a España, en la previa de la Reunión de Alto Nivel que ambos países celebran esta próxima semana en Madrid. Las peticiones han sido recopiladas en sendos artículos, publicados por Atalayar -un medio con sede en Madrid pero afín al régimen del país vecino- y Médias24 -una publicación próxima al ministro de Exteriores marroquí Naser Burita- en los que Marruecos construye un relato encaminado a tratar de consolidar legitimidad internacional.

Espacio aéreo

“Marruecos ejerce ya de facto la soberanía territorial y aeroportuaria sobre sus provincias del Sur [como Rabat denomina al Sáhara Occidental]. Opera la totalidad de los aeródromos de la región, administra su infraestructura civil y militar y realiza movimientos aeronáuticos sin requerir autorizaciones previas de terceros Estados sino en coordinación natural con España cuando se estima oportuno. La continuación lógica de este ejercicio es la asunción integral de la gestión del espacio aéreo correspondiente, mediante una transición técnica concertada, sustentada en protocolos de coordinación y en los estándares internacionales de seguridad aeronáutica”, señala el pliego de exigencias publicado por el régimen alauí.

Desde un punto de vista jurídico Marruecos no tiene la ganada de la partida; desde el punto político, probablemente sí

El departamento que dirige el socialista Albares reconoció a este diario haber iniciado conversaciones secretas con la monarquía marroquí para la cesión del espacio aéreo del Sáhara Occidental. A finales del año pasado fuentes fiables reconocieron a El Independiente que entre el 15% y el 20% del espacio aéreo de la antigua colonia española -que se gestiona desde las Islas Canarias tal y como marca la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de la ONU que supervisa la aviación civil internacional- está ya controlado de manera efectiva por el régimen alauí. Las autoridades marroquíes han recurrido al establecimiento de zonas de exclusión aérea para supuestos ejercicios militares como prácticas de tiro que han ido esquilmando el espacio y modificando los mapas que reconocen la gestión española del espacio del Sáhara en virtud a la legalidad internacional y la condición de un territorio no autónomo pendiente de descolonización.

Delimitación marítima

Es uno de los flancos de la presión marroquí que condiciona la cumbre de esta semana. El otro se registra bajo el mar. El pulso lanzado por Rabat gira en torno a la delimitación atlántica, la extensión de la plataforma continental, las zonas económicas exclusivas, las prospecciones y la explotación futura del Monte Tropic. Al suroeste de Canarias, la cadena de Las Abuelas esconde un tesoro de telurio, cobalto y tierras raras fundamentales para la transición tecnológica global. España defiende que ese relieve es prolongación geológica de Canarias y pidió a Naciones Unidas su ampliación marítima hasta las 350 millas. Marruecos replica que, si el Sáhara forma parte de su soberanía, la proyección marítima debe partir de esa costa y abarcar áreas que hoy España considera vinculadas al archipiélago. Cada línea que se trace en ese fondo oceánico determinará quién controla recursos estratégicos capaces de sostener industrias enteras.

Del Valle recuerda que “la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar obliga a España a no adoptar decisiones sobre territorios en descolonización que no beneficien a su población originaria”. Y Juan Soroeta, catedrático de Derecho Internacional Público, añade a modo de advertencia: “Cualquier acuerdo entre España y Marruecos sobre aguas o espacio aéreo saharaui sería nulo sin el consentimiento expreso del pueblo saharaui porque violaría el derecho de autodeterminación, que es de carácter imperativo”. “La condición de derecho imperativo de este derecho ha sido confirmada en octubre de 2024 por la Corte Internacional de Justicia. El Sahara Occidental no forma parte de Marruecos y no se puede negociar sobre su delimitación sin contar con su pueblo”, puntualiza.

La cumbre se juega entre bambalinas. La versión pública mostrará acuerdos sobre energía, infraestructuras, movilidad y frontera. La versión real evaluará si España acepta una redefinición práctica de la frontera atlántica, si permite un avance paulatino del control aéreo marroquí, si flexibiliza su posición jurídica sobre el Sáhara en contra la legalidad o si decide mantener su espacio marítimo y aéreo intacto.

Rabat, que ha usado en la última década el arma de la migración y la lucha contra el terrorismo o el contrabando, redobla la lista de concesiones reclamadas. Lo hace siguiendo un triunfalismo que alimenta, a su parecer, la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada el pasado 31 de octubre. El texto renueva por un año el mandato de la misión de paz de Naciones Unidas (Minurso), creada para la celebración del referéndum de autodeterminación obstruido sistemáticamente por Rabat, y coloca la propuesta marroquí de autonomía “como base” de las negociaciones, considerándola “una de las soluciones más factibles”, pero reconociendo al mismo tiempo el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y sin descartar otras opciones.

Está previsto que se abran próximamente negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario, aunque muchos son los que dudan de que puedan romper el statu quo. También existe enorme escepticismo entre los expertos y analistas internacionales en que la resolución sirva a los objetivos de Marruecos porque no supone un cambio en el estatus jurídico del Sáhara ni un reconocimiento de la soberanía marroquí del territorio.

Las cesiones

“Desde un punto de vista jurídico Marruecos no tiene la ganada de la partida; desde el punto político, probablemente sí”, opina José Antonio de Yturriaga, ex embajador de España en la Misión Especial para el Derecho del Mar. “¿Se va a imponer la política o la justicia? Todavía no hemos llegado a este punto”, esboza. “En una respuesta parlamentaria dada en 1988 en el Congreso, el Gobierno de Felipe González afirmó que la delimitación de las aguas españolas a partir de Canarias afectaba al Sáhara Occidental, por lo que no era posible proceder a una delimitación estable y efectiva hasta que no se hubiera solucionado el conflicto que asolaba aquella zona, una vez que el pueblo saharaui hubiera ejercido su derecho a la libre determinación, pues -como afirmó en 2002 el subsecretario general de la ONU para Asuntos Jurídicos, Hans Corell- el Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía del Sáhara Occidental sobre el territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, dado que España no podía haberla transferido unilateralmente”, recuerda el diplomático.

“Como no ha sucedido tal cosa, el Gobierno español no tiene interlocutor con el que pueda negociar la delimitación, salvo que lo haga consigo mismo, ya que jurídicamente sigue siendo el responsable de la administración del territorio, y Marruecos no tiene derecho alguno porque no ejerce soberanía sobre el Sáhara. Claro que eran otros tiempos y otros gobernantes, y no sería de extrañar que Sánchez -genuflexo como está ante Mohamed  VI- acepte negociar con Marruecos la delimitación de unos espacios marinos que no le pertenecen”, agrega De Yturriaga.

España llega sin doctrina clara para Canarias y para el Estrecho

Para Del Valle, lo mollar es que Marruecos “llega con estrategia, con tiempo y con voluntad”. “España llega sin doctrina clara para Canarias y para el Estrecho”, admite. La asimetría es evidente. “Marruecos tiene una línea de política exterior; objetivos muy claros; y lucha por ello, claro. Es un país no democrático y entonces resulta más fácil usar medios ilegales como la inmigración masiva contra el vecino y darle continuidad”, comenta el catedrático. “Por contra, España no tiene ninguna estrategia para la región del Estrecho y la zona de Canarias-Sáhara. Se ve que quien toma la iniciativa es Marruecos y el que pone las cartas sobre la mesa, lanza las ideas y los objetivos que persigue. Nosotros estamos obligados a estar a la reactiva porque no hay una proyección de una estrategia para el territorio y para una zona tan importante de vecindario inmediato directo nuestro”, concluye.