La izquierda abertzale tiene muchos elementos que la hacen singular. Gran parte de ellos labrados en su pasado oscuro, cruel y doloroso. Sellos, ‘marca de la casa’, que arrastra y siempre intenta ocultar. Una parte de su identidad histórica de la que busca desprenderse en una corriente de olvido y blanqueamiento institucional. Es la que le recuerdan sus adversarios. Pero hay un elemento propio que sus dirigentes siempre enarbolan con orgullo: la ausencia de casos de corrupción. Esta semana su líder, Arnaldo Otegi, volvió a hacerlo: “Somos la garantía de honradez y ejemplaridad en la actividad política”, aseguró.

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La realidad es que la coalición abertzale no se ha visto envuelta en casos de corrupción, la mancha con la que siempre ha buscado atacar al PNV en Euskadi. EH Bildu se constituyó como tal en 2012. Antes fueron otras las marcas con las que concurrió políticamente la izquierda abertzale. El poder institucional que ha ostentado ha ido en aumento tras la desaparición de la violencia terrorista de ETA. Y hoy no es menos. En la actualidad gobierna 104 municipios en Euskadi y 37 en Navarra, entre ellos Pamplona. La realidad es que la corrupción no le ha salpicado, no al menos la que se deriva de la gestión institucional.

La corrupción ha sido uno de los elementos con los que Otegi siempre ha querido dañar a su principal adversario en la política vasca, el PNV. Con la llegada de sus gobiernos a decenas de municipios, las auditorias e investigaciones con las que poder dañar a la formación de Aitor Esteban se multiplicaron y en algunos casos se convirtieron en procesos judiciales emprendidos contra responsables políticos jeltzales y que en muchos casos terminaron en absolución. Una estrategia con la que EH Bildu siempre ha buscado subrayar la ‘limpieza’ en la gestión pública de unos frente a la corrupción de los otros.

Ortuzar y el 'impuesto revolucionario'

El caso que más enfrentó a PNV y Bildu fue el llamado ‘caso De Miguel’. 15 miembros vinculados al PNV, entre ellos el número 2 del PNV en Alava, Alfredo De Miguel, fueron condenados en 2019 a penas de hasta 13 años de prisión. Se consideró el caso más grave jamás juzgado en Euskadi. Tras conocerse la sentencia Otegi volvió a subrayar que no se trataba de un hecho aislado, sino que la corrupción, al contrario que en EH Bildu, en el PNV era estructural. El diputado de la coalición, Oskar Matute, incluso llego a afirmar que el PNV incurría en un “fenómeno español como la corrupción”.

El entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar recordó a Otegi que ellos se habían beneficiado del mayor caso de corrupción jamás registrado en Euskadi: el ‘impuesto revolucionario’. El 18 de diciembre Ortuzar afirmó que el líder de la izquierda abertzale haría bien en “no ponerse en la presidencia del tribunal inquisitorial” porque si en Euskadi ha habido corrupción “una ha sido el ‘impuesto revolucionario’, del que se ha beneficiado activa y pasivamente, lecciones de la izquierda abertzale, no”.

El llamado ‘impuesto revolucionario’ fue el sistema de extorsión a empresarios empleado por ETA durante décadas para financiarse y en el que participaba una parte importante del llamado MLNV. Era habitual que muchos empresarios recurrieran a dirigentes de la izquierda abertzale para ponerse en contacto con la banda terrorista y establecer el mecanismo de pago, habitualmente en el País Vasco francés. En aquellos años, las ‘Herriko Tabernas’, o sedes sociales de la izquierda abertzale, también actuaron como parte de una infraestructura que fue investigada por la justicia como vía de financiación irregular.  

Perfil bajo ante el PSOE

La dureza mostrada por parte de EH Bildu contra las prácticas de corrupción llevadas a cabo por el PNV no se ha evidenciado en otros casos. La izquierda abertzale ha guardado un perfil más moderado de reproche y crítica en los casos que afectan ahora al PSOE. Ni a nivel nacional y en casos como Navarra, el discurso y la exigencia de responsabilidades ha alcanzado el grado de exigencia que en otras ocasiones ha mostrado. Convertido en uno de los socios más estables de los gobiernos socialistas en la Comunidad Foral y en el Ejecutivo nacional, desde formaciones como UPN se les ha criticado que pretendan “tapar la corrupción del PSOE”, tal y como aseguró la presidenta de la formación navarra, Cristina Ibarrola.

Algunos de los protagonistas que mayor interlocución tuvieron con EH Bildu al inicio de la legislatura están hoy en prisión. Es el caso de Santos Cerdán, quien recurrió a Antxon Alonso, propietario de Servinabar, para ponerse en contacto con Otegi. El líder abertzale y el empresario se conocían, ambos son de Elgoibar. Otegi ha reconocido que mantuvo hasta cuatro encuentros con Cerdán aquellos días en los que el PSOE buscaba su apoyo para investir a Sánchez. Pero en este caso, los reproches se han centrado más en la reivindicación de ejemplaridad para la izquierda en general que en el PSOE en particular. El papel jugado estos meses por EH Bildu en las distintas comisiones abiertas tanto en Navarra por los Túneles de Belate como en el Senado por el llamado ‘caso Koldo’ han evidenciado un perfil moderado en la exigencia de responsabilidades.

Sin duda los casos de presunta corrupción marcan los últimos meses el entorno político del PSOE al que ahora se le ha sumado los posibles casos de acoso sexual y machismo en el seno de la organización. También en los últimos años la izquierda abertzale se ha visto salpicada por situaciones de presunto acoso a mujeres.

Acoso a mujeres

En 2019 la coalición relevó a quien iba a ser su candidato a las elecciones europeas. Josu Juaristi figuraba como número dos en la coalición ‘Ahora república’ que integraba junto a ERC y BNG. A apenas dos meses de los comicios, la coalición de Otegi suspendió a Juaristi por “actuaciones inaceptables” con su expareja. El propio afectado habría reconocido su comportamiento con el envío de mensajes “fuera de lugar” tras la ruptura de la relación.

Aquel mismo año, durante el lanzamiento del ‘txupinazo’ de los Sanfermines, un edil de EH Bildu de Pamplona agredió a una concejal del PP durante un forcejeo en su intento por exhibir una ikurriña desde el balcón consistorial. Joxé Abaurrea fue condenado por la Justicia tras haber sido denunciado por la víctima, la concejala, Carmen Alba. Abaurrea tuvo que dimitir, pero ha sido recientemente rescatado y hoy es uno de los más estrechos colaboradores del alcalde de Pamplona, Joseba Asirón (EH Bildu).

En julio de 2017, en esta ocasión en Zarauz (Gipuzkoa) una joven de 19 años denunció haber sido víctimas de una agresión por parte de un exconcejal de EH Bildu. Los hechos habría ocurrido en la Herriko Taberna de la localidad.

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