Política

"Creo que me van a matar", la historia no contada del empresariado vasco ante ETA

La banda terrorista asesinó a 33 empresarios, secuestró a 86 y amedrentó a cerca de 10.000. El libro 'Los empresarios y ETA. Una historia no contada', describe su vivencia.

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"Creo que me van a matar", la historia no contada del empresariado vasco ante ETA
Sello de una carta de ETA reclamando el pago del denominado 'impuesto revolucionario' a un empresario vasco.

Sello de una carta de ETA reclamando el pago del denominado 'impuesto revolucionario' a un empresario vasco.

Resumen:

Los buzones asustaban. Abrirlos suponía enfrentarse a una lotería macabra. Hubo un tiempo en el que los apartados postales se expandieron a la misma velocidad que lo hizo el miedo. Recibir ‘la carta’ en casa elevaba más la angustia. Aquella temida misiva te cambiaba la vida, la tuya y la de tu familia. La sufrieron la mayoría y la ocultaron o minimizaron prácticamente todos. En muchas cajas fuertes de Euskadi, en olvidados rincones de casa o el despacho o en cajones discretos protegidos bajo llave aún hoy se esconden. Aitor, pongamos que se llama así, prefiere contarlo sin revelar su identidad -no, el miedo a sentirse señalado, marcado, no ha desaparecido-. Hace sólo ocho meses que encontró el valor para desprenderse del secreto que le ha ahogado desde hace muchos años para desvelarles a sus hijos qué es lo que marcó su vida y alteró la de la toda la familia: las cartas amenazantes, de chantaje, de ETA.

Han pasado diez años desde que las recibió: “Cuando mi hijo mayor termine los exámenes tengo unos días para juntarles y contarles. Ellos también lo han vivido. Quizá cuando me siente con ellos empezarán a encajar las piezas”, asegura. Será entonces cuando su mujer sabrá que hubo más de una, que la extorsión de ETA para pagar se prolongó en el tiempo más de lo que le dijo.

La suya es sólo una más de las 10.000 historias de empresarios que podrían escribirse. Los empresarios y ETA. Una historia no contada, editado por Petronor, resume algunas de ellas. Lo hace de la mano once relatos escritos por periodistas, doctores en filosofía, ciencias políticas y economistas que conocieron bien esos años difíciles.

La de Angel Berazadi, gerente de Sigma, es una de ellas, una de las primeras. Berazadi sólo fue el primero de los 33 empresarios asesinados por ETA. Su cuerpo apareció con los ojos vendados, atado de pies y manos, envuelto en un plástico y con un misal y un rosario entre las manos el 8 de abril de 1976. Los terroristas lo habían secuestrado veinte días antes y pusieron precio a su liberación: 200 millones de pesetas. Lo abandonaron tras descerrajarle un tiro en la nuca en un descampado de la carretera Elgoibar-Azpeitia. 

La extorsión de ETA al empresariado vasco había comenzado tiempo atrás. Los primeros casos de exigencia de pago bajo amenaza se remontan a comienzos de los años 70. Fue el germen de lo que poco después se denominaría «impuesto revolucionario». Quienes primero lo sufrieron fueron los empresarios de localidades de Bergara, Eibar y Oñate, a cuyos propietarios se les reclamó 2.000 pesetas por trabajador a cambio de no atentar contra ellas.

Soledad ignorada

Después llegarían los secuestros y las amenazas para frenar proyectos e infraestructuras. De nuevo la mirada se puso sobre directivos, trabajadores cualificados y empresarios. La central de Lemóniz fue el primero. ETA decidió que apoyaría con muerte la causa antinuclear. Lo hizo atentando contra la infraestructura de forma reiterada y amenazando y asesinando a dos de sus altos directivos. A José María Ryan lo secuestró en 1981 con la exigencia de paralizar la construcción de la central. Las movilizaciones sociales no lograron que los terroristas tuvieran piedad con el ingeniero. Sólo un año más tarde, ETA asesinó a Ángel Pascual, otro directivo de Lemóniz, a la salida de su casa y en presencia de su hijo. 

Para entonces, el empresariado, y en particular la “oligarquía”, como denominaba el entorno radical al empresariado, ya sabía que dedicarse a crear riqueza con una pyme, un negocio o una gran compañía era convertirse en objetivo prioritario de la banda. La mayoría decidió no ceder, aguantar pese a todo y pagar un alto precio por ello. Otros no soportaron la presión y abandonaron Euskadi o decidieron controlar la empresa a distancia.  

En los años 80 y los 90 el temor era cosa común. La sombra que durante décadas oscureció la vida del empresariado vasco y sus familias sería larga y asfixiante. También silenciosa, olvidada e injusta. La amenaza se convirtió en un coste a contabilizar en el balance de resultados, el empresarial y el personal. El silencio también. Incluso entre los propios amenazados la extorsión era algo a ocultar o abordar con máxima discreción. Recibida la carta, la amenaza o la acción terrorista, era hora de acudir a solicitar ayuda. La policía, los partidos políticos o incluso las iglesias fueron puertas donde muchos tocaron en busca de consejo y consuelo. Para la mayoría supuso descubrir que no eran los únicos, que su compañero de despacho, de consejo de administración o de patronal hacía tiempo que atravesaba por lo mismo.  

Fue una realidad amarga en la mayor parte de los hogares de altos directivos y emprendedores vascos. Había que decidir qué hacer, si pagar o no, si llevar escolta o no, si revelar la dedicación profesional u ocultarla, si informar o no a los hijos, a la esposa, si…

Me encontraréis en Atocha aplaudiendo a la Real o en algún partido de pelota. No soy un héroe. Como buen vasco, no quiero ser un cobarde»

La mayoría no lo hizo. Lo ocultó y no pagó. Se estima que apenas un 5% cedió a la extorsión en Vizcaya y Alava y algo más en Guipúzcoa, un 13%. Hubo quienes se atrevieron a desafiar a ETA en público, en una suerte de combinación de dignidad, rabia e impotencia. Uno de ellos fue Félix Alfaro Fournier, director de Heraclio Fournier, la fábrica de naipes alavesa. En una carta en la prensa anunció que no cedería al chantaje de la banda por considerarlo “contraproducente e inadmisible”. También se rebeló el presidente de Koipe, Bankoa y Savin, Juan Alcorta, quien se atrevió a comunicar por carta a ETA que no pagaría: “Me encontraréis en Atocha aplaudiendo a la Real, en algún partido de pelota o en alguna sociedad popular cenando con mis amigos”, retó a la banda. “Me rebela la idea de tener que pagar para salvar la vida”, y añadía, “no soy un héroe, no quiero serlo, pero como buen vasco, no quiero ser un cobarde”.

Plantar cara a ETA

Algunos fueron más allá y plantearon devolver la amenaza a la banda. Lo hizo en noviembre de 1982 el industrial siderúrgico Luis Olarra, presidente entonces de la Confederación Vizcaína de Empresarios. Cansado de que las manifestaciones en la calle y los comunicados de condena a las acciones criminales de ETA no tuvieran ningún efecto -“no sirven para nada”- aseguró que era hora de “soluciones más drásticas, aunque desemboquen en situaciones que pudieran llegar a ser más drásticas”, declaró a El País. Lo hizo tras anunciar un plan de “acción directa” contra ETA y la izquierda abertzale y sus cargos: “No vamos a permitir que anden libremente por la calle individuos que han afirmado que cuando ETA asesina empresarios está limpiando esta tierra de mafiosos”.

Pero la presión de la banda no cesó. A lo largo de su historia ETA ha secuestrado a 83 empresarios. A muchos de ellos los asesinó tras un cautiverio en venganza por no ceder a sus chantajes. A otros los liberó tras el pago y los menos fueron liberados por la Ertzaintza o los GEO. El 15 de octubre de 1986 a Julio Aguinagalde, un empresario alavés, el primer militante del PNV en Alava, ETA lo secuestró. Lo ocultó en una cueva de Zeanuri que había habilitado como una “cárcel del pueblo” -como la banda denominaba a los zulos-. 18 días después un ertzaina de paisano se topó con el acceso a la cueva taponado y la sospecha llevó a montar un operativo. El responsable del mismo, Genaro García Andoain –amigo personal de Aguinagalde-, fallecería a consecuencia del tiroteo que la liberación del secuestrado provocó con los terroristas.

El temor a una muerte física venía precedido en muchos casos de una muerte social que impuso el entorno social al empresariado. La izquierda abertzale se encargó de alimentarlo bajo acusaciones de “explotadores de la clase trabajadora” o de “opresores del pueblo”. La irrupción de la banda en muchos procesos de negociación laboral fue sólo una de las vías de presión. Las pintadas, los ataques a las instalaciones de las empresas o la difusión de falsas acusaciones para desacreditar al empresario eran en muchos casos otro modo de amedrentar y advertir que convertirse en “objetivo prioritario” estaba cada vez más cerca.

Fue el caso de Luis Abaitua, director técnico de Michelín en Vitoria. En febrero de 1979 ETA lo secuestró –entre los miembros del comando se encontraba Arnaldo Otegi– tras semanas de acoso y difamaciones para forzar una negociación con los trabajadores. Diez días después la banda lo liberó tras lograr su objetivo. El hijo del empresario, Joseba, aún recuerda la impotencia de ver cómo sus compañeros en la Universidad de Deusto optaron por no posicionarse ante el cautiverio de su padre: “Me dijeron que tenía que disociar lo político y lo personal, que eso se producía por un conflicto”.  

En la Universidad me dijeron que no se posicionarían ante el secuestro de mi padre, que disociara lo político de lo personal»

La contaminación social llegó al extremo en el caso del último empresario asesinado por ETA. Inaxio Uria, consejero de Altuna y Uria, una de las constructoras del Tren de Alta Velocidad vasco amenazado por la banda terrorista. Fue asesinado la mañana del 3 de diciembre de 2008 en Azpeitia. Ni siquiera sus amigos, con los que acostumbraba a jugar al tute semanalmente en el bar ubicado a 300 metros de donde fue asesinado, suspendieron esa tarde la partida. Ante la silla vacía de Inaxio, dieron por bueno que no había razones para suspender la partida, que el asesinato de Inaxio entraba dentro de lo probable.  

Predecir tu asesinato

En la historia no contada de los empresarios amenazados por ETA hubo incluso errores fatales, de esos que dejan una culpa sin razón pero devastadora. El empresario Federico San Sebastián ha tenido que aprender a vivir con la idea de que ETA fue a por él pero mató a su hermano Rafael mientras desayunaba en una cafetería. La banda reconoció que fue un error.

Ese impacto familiar la organización lo utilizó para elevar la presión. Los remites con nombres de hijos, amigos o los padres, los secuestros de familiares para presionar al objetivo último, el empresario, o los seguimientos hasta el colegio de los hijos fueron algunos de los sistemas de acoso.

El círculo infernal ETA lo supo cerrar sobre muchos de ellos. Algunos llegaron a predecir su propio asesinato. Sebastián Aizpiri llevaba semanas sufriendo el ataque del entorno radical. Las amenazas se sucedían cada vez con más intensidad, tanto que reconoció días antes de que lo asesinaran que ocurriría: “Creo que me van a matar”, aseguró a un amigo. Este pequeño empresario eibarrés se había negado a pagar a ETA y eso, y el sinsentido del terrorismo, le costó la vida. También la fama. Los amigos de los terroristas se encargaron de difundir bulos para desprestigiarlo, incluso después de muerto.

Sebastián confesó días antes de que lo asesinaran que creía que lo iban matar. Lo hicieron. Después, lo difamaron

Así era ser empresario, pequeño o grande, en el País Vasco. A Koldo le lanzaron una advertencia con tinte mafioso; “me asesinaron todos los perros”, recuerda. El tiempo fue pasando y la angustia echó raíces como para guardarlo en lo más profundo de su intimidad. Sólo ahora empieza a salir a flote: “Hasta hace cinco años no he podido hablar de ello. Me costó mucho superar el rencor. Y no, no olvido”.

En aquella Euskadi gris ni siquiera en los lugares de ocio y negocio del empresariado reposó la paz. Neguri, el acaudalado barrio de Getxo que concentró y simbolizó el rechazo de ETA hacia los empresarios, resume bien lo que fue su vida. El Club Marítimo del Abra, donde la lista de apellidos ilustres – Ybarra, Sota, Lezama Leguizamon, Ampuero…- deambulaban por sus elegantes pasillos, rincón de almuerzos con reyes y presidentes, sufrió hasta cuatro atentados. El más grave el incendio que en 1973 arrasó el imponente edificio con vistas al mar que hubo que reconstruir por completo.

De objetivo ‘operativo’ a ‘potencial’

Fue en lugares como éste en los que muchos descubrieron que la secuencia se repetía. Que a la primera carta de advertencia con una exigencia asumible para “quitarse el problema” pronto le seguiría otra para pedir más bajo advertencia de ser ‘objetivo potencial’ y una tercera con la amenaza más inquietante, ser ‘objetivo operativo’: “Queda en mano de la organización cuándo y cómo actuar contra usted”. Hubo incluso quienes recibieron dos cartas más reclamando los “intereses de demora”.

Los procedimientos se llegaron a estandarizar. La Ertzaintza detectaba niveles de amenaza real en función de la redacción, la terminología u otros detalles de las cartas que analizaba con minuciosidad. Llegó a contar con dos tipos de vídeos para explicar y situar a los empresarios que acudían en busca de consejo y protección. En uno, la amenaza era la más leve, contra bienes de la empresa. En el otro, un coche bomba para acabar con su vida.

Y por si toda esta presión fue poca, la Justicia la elevó. Los empresarios no estaban obligados a denunciar la extorsión. Sólo algunos de ellos fueron juzgados por pagar el ‘impuesto revolucionario’. Prácticamente todos resultaron absueltos bajo el pretexto de haber actuado bajo un “miedo insuperable”. En 2003 el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, obligó a denunciar la extorsión. Los expertos policiales interpretaron que el argumento que modificó el abordaje de la cuestión fue impedir que se esgrimiera un miedo imposible de superar para justificar el pago, “porque cuando tú te lo quitas se lo están pasando a mucha gente más”.

La Ertzaintza contaba con dos vídeos para explicar el riesgo. Uno con ataques a una empresa y otro con un coche bomba

En alguna pared de Euskadi, bajo capas de pinturas aún pervivirán aquellas pintadas que reflejan mejor que ningún relato lo ocurrido. “Aldaya, paga y calla”. José María Aldaya fue el segundo secuestro más largo de ETA (342 días) tras el de José Antonio Ortega Lara (532 días). Otro empresario ocupa el tercer lugar de los cautiverios más prolongados: Emiliano Revilla, 249 días. O la que con ironía macabra agradecía el pago de un rescate, “Gracias, Julio”: el empresario Julio Iglesias Zamora permaneció secuestrado 116 días.

Ahora, los empresarios han decidido dejar de callar, de esconderlo, para que no se olvide. Esperan memoria y cierto agradecimiento por haber soportado y haber contribuido generando riqueza que el País Vasco no claudicara, ni social ni económicamente. Por el momento son pocos los que han dado el paso, pero el proceso de construcción de la memoria ahora en marcha requerirá que ellos escriban un capítulo importante de lo ocurrido y que la suya deje por fin de ser una historia no contada.

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