ETA se acaba pero su rastro, largo y doloroso, permanece aún muy vivo en miles de víctimas. En algunos casos acompañado de rabia y preguntas sin respuesta. La que más atormenta en muchos hogares es sencilla y esencial: ¿quién lo hizo?; la segunda, ¿dónde está? Así, un año tras otro, una década tras otra. La pretensión del Gobierno de crear un nuevo equipo para investigar los casi 400 crímenes sin resolver, y al frente del cual podría situar al coronel Manuel Sánchez Corbí, como hoy adelanta El Independiente, intenta dar respuesta a una de las más viejas reclamaciones de los colectivos de víctimas; el esclarecimiento de los crímenes sin culpables de la banda.

Y no son las únicas preguntas sin respuesta. A los 379 asesinatos sin culpables se suma los casos cerrados, juzgados, pero sin condena para todos los resposanbles. El foco se pone en los propios presos de la banda, los 300 que aún cumplen condena y los que ya han logrado salir de prisión. Ellos lo saben todo. El quién, el cuándo, el cómo, el dónde. Cada detalle, cada decisión. Transcurridos seis años y medio sin matar -y sin hablar-, los miembros de ETA han decidido enterrar la verdad en sus conciencias. En ETA hace tiempo que sus presos se comprometieron a no delatarse, a ocultar cualquier pista sobre sus crímenes. Saben que casi la mitad de ellos les han salido gratis, sin culpables conocidos ni condenas que pagar. El entorno de ETA vive cada vez más aliviado por la impunidad en la que el paso del tiempo les empieza a acomodar sin factura que pagar por aquel asesinato que cometieron, por aquel secuestro que planificaron.

Los colectivos de víctimas no cejan en su reclamación al Gobierno para que resuelva la gran laguna de la historia de ETA, sus crímenes sin culpables. La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar lo volvió a hacer ayer en presencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido y el ex presidente del Gobierno, José María Aznar: «Es necesaria más tensión para poner luz en los más de 300 casos de asesinatos de ETA sin resolver», clamó.

Son casi una de cada dos víctimas de la banda las que ven cómo sus casos se sumergen cada vez más en la oscuridad, sin esclarecerse y sin visos de que lo vayan a hacer. Nadie ha pagado por matar a su ser querido y lo que es peor, cada vez parece más difícil que lo vayan a hacer. A los cientos de casos sin juicio y ya prescritos se suma una larga lista de lagunas que aún persisten en aquellos casos que la justicia española ha dado por resueltos por el simple hecho de que se han celebrado juicios. En un gran número de ellos se cerraron con sentencias que determinaran autores materiales, con condenas sólo para colaboradores o con resoluciones de sobreseimiento que no determinan autoría alguna, con sumarios desaparecidos o dossieres expurgados.

Documentar la justicia

En esta maraña judicial de negligencias, olvidos y descoordinación que regala impunidad a decenas de etarras, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) ha decidido no quedarse de brazos cruzados. Sobre la mesa de su despacho se amontonan ya 650 sentencias de procesos judiciales llevados a cabo contra miembros de ETA. Hace cinco meses que comenzaron a revisarlos uno a uno. El objetivo es encontrar las lagunas con las que se cerraron los casos que se dan por resueltos sin que se hayan depurado todas las responsabilidades. Se trata de cientos de sentencias en las que se condena sólo a una parte de los autores o a ninguno, a miembros que participaron indirectamente en el atentado o que simplemente se deja en libertad a los sospechosos que se juzgaba y el caso queda cerrado sin autor conocido al que condenar.

En junio del años pasado el Congreso de los Diputados aprobó una resolución en la que se instaba al Gobierno a poner todos los medios para esclarecer los crímenes de ETA no resueltos. En el Colectivo de Víctimas del País Vasco no son muy optimistas en que la situación mejore, de hecho hasta el momento no lo ha hecho. Aseguran que en los seis años sin ETA transcurridos desde 2011 apenas nada ha cambiado y la voluntad de esclarecer los casi 400 crímenes sin resolver no se percibe por ningún lado. Menos aún tras los cambios en la Fiscalía desde el relevo de Javier Zaragoza, subrayan.

Sabemos que es un trabajo ‘de chinos’, pero tenemos que hacerlo. Los casos que tienen sentencia se presupone que están resueltos y es un error”

“Sabemos que es un trabajo de chinos, pero tenemos que hacerlo”, asegura Consuelo Ordóñez. Señala que en Covite están empeñados en cubrir la labor que se debería hacer desde otras instancias, “es muy importante documentar las sentencias con víctimas para tener realmente un conocimiento fundado de cuánta justicia se ha impartido realmente en torno al fenómeno de ETA”. “Los casos que tienen sentencia se presupone que están resueltos y es un error. Es cierto que hay muchos asesinatos sin sentencia y por los que nadie ha pagado. También hay otros muchos con ella en los que no todos los que participaron han sido condenados. No olvidemos que hay casos ya juzgados que se cierran sin que nadie haya sido condenado”.

Ordóñez pone el ejemplo del asesinato del catedrático Manuel Broseta en 1993 en Valencia. Tras el juicio sólo fueron condenados los “autores intelectuales, quienes ordenaron su asesinato” pero no quienes realmente lo cometieron, “quienes eran sospechosos fueron absueltos”. Incluso en el caso del asesinato de su hermano, Gregorio Ordoñez, afirma que su pretensión es que también paguen por ello quienes dieron la orden de matarle y no sólo los autores materiales, “yo al menos he conseguido que se reabra el caso”, afirma. Lamenta que esta batalla por hacer una justicia plena y real con las víctimas y por “documentar para la historia cuánta justicia se ha impartido en este país” no sea un compromiso real por parte de instituciones y formaciones políticas, “lo que sucede aquí es que no hay voluntad política, esta es una lucha que acabará con nosotros pero merece la pena”, lamenta.

El tiempo, el gran aliado de los etarras

Y si las lagunas en casos juzgados son importantes, en los más de 379 casos de asesinato en los que nadie se ha sentado en el banquillo la Justicia ni siquiera se ha asomado. La situación ha hecho que incluso la asociación Dignidad y Justicia haya remitido recientemente al Parlamento Europeo la reclamación para exigir que se actúe. La Cámara comunitaria se ha comprometido a pedir explicaciones a las autoridades judiciales y políticas españolas al respecto.

La cifra de casos sin resolver la aportó la propia Audiencia Nacional a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). A esos casos se suma los que tampoco se resolvieron antes de la amnistía de 1977, lo que sitúa la cifra total en torno a los 400 casos.

El tiempo es hoy el gran aliado de los etarras. Transcurridos 20 años la responsabilidad penal prescribe y, por tanto, salvo que nuevos indicios permitan ser reabiertos nadie pagará por muchos crímenes de ETA. “El mayor problema está en los casos de los años 80 y 90. En estos no habrá una reparación judicial y muchas de las familias ya no esperan que se haga justicia, no tiene ninguna esperanza. Pese a ello, el Estado de derecho tiene la obligación de investigar estos casos independientemente de que hayan prescrito”, asegura Juanfer Calderín, autor del libro Agujeros del sistema.

En 2015 una víctima de ETA me dijo que la última persona que le había llamado interesándose por el caso de su hermana fue Adolfo Suárez”

Calderín denuncia las graves negligencias y errores cometidos en las últimas décadas en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de ETA. Subraya además la falta de información en la que se les ha sumido a las víctimas sobre el estado de sus casos. Recuerda cómo durante su investigación en 2015 llegó a hablar con Aurora González, hermana de Hortensia González, asesinada por ETA en 1979 en Beasain junto a su novio, Antonio Ramírez -guardia civil-, “me dijo que la última persona que le había llamado interesándose por el caso de su hermana fue Adolfo Suárez”.

Entre las actuaciones judiciales sorprendentes cometidas en todos estos años se dan casos paradigmáticos como los de Fernando Altuna, hijo de Basilio Altuna, capitán de la Policía Nacional que ETA asesinó en 1980. “Fernando murió en marzo y lo hizo sin saber prácticamente nada del asesinato de su padre. Sólo pudo descubrir que el caso de su padre llegó a la Audiencia Nacional un 23 de diciembre y que el día 24, sólo 24 horas después, se dictó auto de sobreseimiento”.

Preguntar a todos los presos de ETA

En su opinión, existe una falta de medios y cierto abandono por parte del Estado para resolver todos estos casos. Recuerda cómo la oficina de la Audiencia Nacional que debía localizar expedientes extraviados apenas la conforman cuatro personas. Una labor ingente para localizar sumarios que bien se encontraban en instancias que no correspondían, no había constancia de ellas o simplemente habían sido expurgados. “Es evidente que no ha habido una respuesta efectiva al fenómeno terrorista más grave ocurrido en España”.

En este contexto la decisión del colectivo de presos de ETA de acogerse a la legalidad penitenciaria para recibir beneficios carcelarios podría ser aprovechada, apunta Calderín, para recabar nuevas informaciones que faciliten el esclarecimiento de tantos crímenes sin respuesta. “Creo que la responsabilidad más que en los presos está en el Estado que es quien debe interpelarles. Hay que volver a preguntar a todos los etarras por los crímenes que cometieron. Incluso a algunos que están libres, como Carmen Guisasola, condenada por encubrimiento y que fue localizada con una pistola de la que hoy no sabemos ni quien se la dio ni si ella la utilizó”. A quienes rechazan esta vía convencidos de que los etarras no aportarán informaciones relevantes les responde recordando que “ha habido casos de presos que en teoría no iban a hablar y finalmente lo han hecho”.

Es evidente que no ha habido una respuesta efectiva al fenómeno terrorista más grave ocurrido en España”

Otra vía de información novedosa aún por evaluar con mayor profundidad la podría aportar el denominado ‘archivo de ETA’ que Francia acordó en febrero pasado entregar a España. Se trata de la mayor cantidad de material documental incautado a la banda y que abarca gran parte de su historia, desde los inicios hasta la actualidad. Ahora será sometido a una nueva revisión más detallada, “aunque creo que no se deben crear falsas expectativas, no sé qué saldrá de ahí”, apunta Calderín. A ello se suma los denominados “sellos de ETA” que también podrían aportar información.

Concluye apelando a la diligencia en la justicia. Recuerda que cada vez es más complicado recabar testimonios de atentados cometidos hace muchos años a lo que se suma “la pérdida de interés” que provoca el paso del tiempo: “El tiempo siempre va en contra de la justicia y a favor de la impunidad. Aunque ETA no esté matando, poner luz sobre los asesinatos no resueltos debe ser una prioridad para todos”.