La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo este miércoles al empresario Anxtón Alonso en el marco de la operación dirigida contra Leire Díez. Según confirman a El Independiente fuentes cercanas a la investigación, el socio de Santos Cerdán en la empresa vasca Servinabar es el tercer detenido en el marco de una nueva causa abierta en la Audiencia Nacional por la adjudicación de contratos públicos.

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La unidad policial está realizando, además, este jueves nuevos registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza -donde los agentes han registrado la sede de la empresa Forestalia- en el marco de la operación dirigida contra la exmilitante socialista y Vicente Fernández. Los registros ejecutados por la UCO llegan menos de 24 horas después de la detención de la conocida como 'fontanera' del PSOE y el expresidente de la SEPI, considerado mano derecha de María Jesús Montero en la entidad pública.

La operación es fruto de unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que acudió al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, en ese momento el Juzgado Central de Instrucción Número 6, para solicitar varios registros y detenciones. A raíz de esta investigación se ha abierto una causa en la que se imputan a Díez y Fernández presuntos delitos de falsedad documental, fraude, malversación de fondos públicos, tráfico de influencas y prevaricación en torno a la adjudicación de contratos públicos.

Cabe recordar que el nombre de Vicente Fernández saltó a la palestra después de ser aupado por María Jesús Montero como presidente de la SEPI, cargo que ostentó hasta el año 2019. Tras su salida del organismo público, el ahora investigado pasó a trabajar para Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán y que está bajo la lupa de la UCO por el conocido como 'caso Koldo'.

Por su parte, Leire Díez está siendo investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por cohecho y tráfico de influencias, por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil, como Antonio Balas, con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE.

El nombre de la exconcejal socialista se hizo público después de que saliera a la luz su participación en distintas reuniones con empresarios, políticos y fiscales, con el objetivo de conseguir información comprometida de personajes clave en las causas que rodean al PSOE. La extrabajadora de Correos compareció hace unas semanas como investigada ante el juez Arturo Zamarriego y desveló la existencia de dos reuniones en Ferraz. El objetivo, según defendió en sede judicial, era entregar documentación clave relativa al 'caso Villarejo' y que podía afectar al partido.

Ahora la Fiscalía Anticorrupción, sobre cuyo fiscal jefe intentó conseguir información comprometida, y el departamento dirigido por el teniente coronel Antonio Balas colaboran en una investigación que se extiende como un nuevo tentáculo de corrupción que cerca al PSOE por su vinculación con los principales investigados.

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