Esta embajada es una ruina: el patrimonio de España en el mundo se cae a pedazos

El ascensor se desplomó en el edificio que alberga el Consulado General de España en Casablanca. Murió una persona. No era diplomático ni ciudadano español ni tampoco un usuario de la legación diplomática española. Pero pudo haberlo sido. “Todo el mundo coge ese ascensor”, explica en conversación con El Independiente Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), la asociación mayoritaria en la carrera diplomática. El edificio en el que España tenía alquilada una planta llevaba años señalado como provisional. El consulado nunca se trasladó de ubicación.

El de Casablanca no fue un accidente aislado. Fue una advertencia. La red exterior del Estado español —embajadas, consulados y residencias oficiales— sufre un deterioro estructural que ya no es solo una cuestión de imagen o incomodidad, sino de seguridad laboral y física. Edificios sin mantenimiento, cierres forzosos por riesgo, obras sin supervisión técnica y sedes que incumplen normativas básicas mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores mira hacia otro lado o trata de ocultar esa ruinosa realidad.

Un informe de la ADE publicado en enero de 2024 lo describió con crudeza: la red consular se encuentra en “pésimo estado” debido a una infradotación “sistemática y prolongada” de recursos humanos y materiales. Mantener más de 500 edificios en todo el mundo cuesta apenas 13,5 millones de euros al año. Lejos de mejorar, la situación ha seguido deteriorándose desde la difusión del informe, denuncian a este diario desde la asociación.

Cierres, accidentes y silencio

En Mendoza, Argentina, el Consulado General tuvo que cerrar a principios de 2025. No hubo derrumbe ni víctimas. Bastó una inspección de trabajo que determinó que el inmueble no era seguro. “Después de muchos avisos y de promesas de obras que nunca llegaron, la inspección obligó a cerrar por peligro para los empleados”, explica Virella. El personal fue trasladado a otras instalaciones. “No sabemos si será algo provisional o definitivo. No hay dinero”, precisa.

En noviembre, en São Paulo, parte del edificio del consulado cayó sobre un vigilante de seguridad. Fue hospitalizado. No fue grave. “Estos casos se conocen porque hay accidentes. Si no, no trascienden”, reconoce el presidente de la ADE.

Según los diplomáticos, el problema se agrava por la actitud del propio ministerio. “La política es evitar inspecciones de trabajo”, denuncia Virella. Exteriores ha sostenido que dichas inspecciones no son competentes fuera del territorio nacional. La Abogacía General del Estado ha establecido lo contrario. El enfrentamiento jurídico sigue abierto. Mientras tanto, muchos responsables de embajadas y consulados optan por no denunciar. “Hay un clima de miedo. Saben que muchos edificios no pasarían una inspección”, afirma Virella en conversación con este diario.

Errores de diseño y chapuzas estructurales

Algunos fallos proceden de origen. Por ejemplo, la embajada de España en Amán, la capital de Jordania, construida desde cero en un solar de propiedad española por estudio de arquitectura madrileño, es prácticamente un edificio de cristal. “En una zona sensible, con riesgo de atentados”, recuerda Virella. “Una explosión cercana convierte el cristal en metralla”. Una vez construido e inaugurado, hubo que reforzar despachos y ocultar parte de la fachada. “Un francotirador desde lejos podría ver quién deambula por todas las estancias. Se han recubierto algunos despachos como el del embajador, pero la obra inicial no lo contemplaba”.

En otros casos, el problema es la ejecución. En Niamey, la capital de Níger, la reforma integral de un edificio alquilado para albergar la embajada se hizo sin supervisión técnica suficiente del ministerio. “No hay personal en la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales para controlar obras de meses”, explica Virella. “Ni recursos para contratar un control externo”. La vigilancia recae en funcionarios sin formación técnica, ya desbordados. Y los fallos aparecen cuando el edificio ya está en uso.

Embajadas impropias de una potencia media

La situación de la embajada de España en Pekín es, para la ADE, especialmente reveladora. España sigue operando en un inmueble heredado de los años setenta, de estética soviética y mantenimiento deficiente, pese a que China ofreció hace casi dos décadas un solar para construir una nueva sede. “Tenemos una relación estratégica con China y una embajada que, en términos de imagen, es cutre”, resume Virella.

En Teherán, España ocupa un edificio que Países Bajos abandonó por no cumplir normas antisísmicas. En Kiev, en plena guerra con Rusia, la embajada carece de un refugio adecuado frente a bombardeos. Son ejemplos distintos de un mismo patrón: infraestructuras obsoletas en contextos de alto riesgo.

Un sistema al borde del colapso

El deterioro de los edificios no es un fenómeno aislado. Forma parte de un sistema exhausto, con problemas más amplios. En veinte años, el número de españoles inscritos en los consulados se ha triplicado hasta rozar los tres millones. Las plantillas, en cambio, permanecen prácticamente congeladas. En algunos casos, se han reducido.

El informe de la ADE recuerda que en consulados como Buenos Aires, La Habana o México DF entre el 50% y el 60% del personal es temporal. En los servicios centrales de Exteriores, en Madrid, más de un tercio de las plazas están vacantes. El resultado: retrasos de años en trámites básicos y una atención cada vez más deficiente.

Albares no responde

Pese a la gravedad del diagnóstico, el ministro José Manuel Albares guarda silencio. No hay explicaciones públicas. El informe de la ADE propone soluciones claras: reinvertir parte de los ingresos consulares en la red exterior, actualizar salarios, reducir la temporalidad, acelerar la digitalización y lanzar un plan urgente de rehabilitación de edificios. Nada de eso se ha puesto en marcha desde que se hiciera público hace ahora dos años.

El informe de la Asociación de Diplomáticos Españoles planteaba que el deterioro de embajadas y consulados no es un problema coyuntural, sino la consecuencia directa de un modelo de financiación insostenible. La red consular genera ingresos elevados —unos 120 millones de euros anuales antes de la pandemia— que actualmente van casi en su totalidad a la Hacienda pública, sin retorno directo para el ministerio de Asuntos Exteriores. La ADE proponía que una parte sustancial de esa recaudación se revirtiera al propio ministerio para garantizar el mantenimiento, la rehabilitación y la modernización de los edificios en el exterior.

Otra de las vías de financiación que planteaba el informe era la revisión al alza de las tasas consulares, hoy entre las más bajas de Europa. España cobra 30 euros por un pasaporte, muy por debajo de países como Francia, Italia o Alemania. El documento sugiere un incremento moderado que permita mantener los ingresos del Estado y, al mismo tiempo, destinar el excedente a reforzar la red consular. También proponía estudiar el cobro de algunos servicios que actualmente son gratuitos en España pero no en otros países, como determinados trámites de nacionalidad.

En cuanto a los edificios, la ADE reclamaba un plan integral y plurianual de infraestructuras. El informe apostaba por realizar un estudio exhaustivo del estado de embajadas, consulados y residencias oficiales para identificar prioridades, cuantificar costes y actuar de forma planificada. La inversión debería centrarse primero en seguridad estructural, protección contra incendios, accesibilidad y condiciones laborales, antes que en criterios de imagen o representatividad.

Como fórmula complementaria, el informe planteaba utilizar el propio patrimonio inmobiliario del Estado para financiar la rehabilitación: vender inmuebles no esenciales en el exterior y reinvertir esos recursos en sedes prioritarias o estratégicas. La ADE advertía de que, sin un cambio de modelo y sin una inversión sostenida, el deterioro de los edificios seguiría agravándose, con riesgos crecientes para empleados y ciudadanos y un impacto negativo en la imagen de España en el mundo. Una realidad sombría con la que se inicia 2026.