La cita de este jueves a las 11 de la mañana en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, tiene, sin duda un importante calado político, pero habrá que ver, más allá de las palabras y de las promesas, cuáles son los compromisos concretos y el calendario de cumplimiento de los mismos. Y es que desde Moncloa intentan rebajar la trascendencia de este encuentro, indicando que se trata de "una reunión muy normal", aunque "con un socio muy importante" conceden. Pero no parece que, más allá de lo que plantee el catalán, Sánchez tenga previsto poner ninguna propuesta sobre la mesa ni adelantar un proceso que, como el de la financiación o los presupuestos, "tiene sus protocolos".
Desde ERC han elevado el listón de expectativas para este encuentro hasta el punto de que el vicesecretario general de comunicación y portavoz de esta formación, Isaac Albert, no tuvo empacho en adelantar que ambos interlocutores cerrarán hoy un acuerdo de financiación, bajando incluso al detalle de que aportará cerca de 5.000 millones de euros de más a las arcas catalanas. También deben salir «concreciones» en materias como la recaudación del IRPF, la capacidad normativa, el «consorcio de inversiones», el calendario y los ritmos de ejecución del acuerdo, según afirmó Albert en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por EFE.
Moncloa matiza que las cosas hay que verlas "partido a partido"
Y mientras en ERC se aferran a la idea de que ya hay mucho avanzado, desde Moncloa aguaban las expectativas afirmando que esta cita "no es el marco" para concreciones -hay distintas mesas de negociación- y las cosas hay que verlas "partido a partido", echando mano de un símil futbolístico.
No es ERC ni de lejos el socio más conflictivo para Sánchez. En ese escenario Junts le lleva muchas cabezas de adelanto. Pero los independentistas republicanos necesitan también marcar terreno ante una legislatura agónica y exigir asimismo el cumplimiento de los acuerdos que hicieron posible la investidura de Salvador Illa. También el presidente de la Generalitat catalana espera que estos acuerdos se sustancien lo más rápido posible porque de ello depende, además, tener presupuestos autonómicos. El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, considera "inminente" un acuerdo, aunque, admitió, quedan algunos flecos.
Un cambio del modelo de financiación exige llevarlo al Congreso y Junts ya ha anunciado su rechazo
Todo cambio en el modelo de financiación autonómica para adaptarlo a las exigencias de los independentistas de ERC exige del visto bueno del Congreso de los Diputados y Junts ya ha anunciado el voto negativo de sus 7 diputados. Si no es un un concierto económico a la vasca o a la navarra no les vale. "Todo lo que sea menos será un engaño" y "no contará" con su apoyo, anunció la portavoz de Junts en el Cámara Baja Miriam Nogueras.
Por lo tanto, un pacto Gobierno-ERC sobre financiación 'singular' parece a priori un esfuerzo condenado a la melancolía, además de servir de artillería al PP. Con las elecciones aragonesas, castellanoleonesas y andaluzas en el horizonte de este 2026, todo lo que se considere privilegio para Cataluña actuará a modo de kriptonita de los candidatos socialistas. La ex ministra Pilar Alegría y candidata a la presidencia de Aragón se comprometió ayer a "defender con uñas y dientes que Aragón sea respetada", de modo que su territorio "tenga suficiencia financiera y todos los fondos que permitan mejorar los servicios públicos", pero el asunto le pone en un brete complicado.
Los "equilibrios" de la candidata Montero
Peor lo tiene, en todo caso, María Jesús Montero, la candidata a medirse contra el popular Juanma Moreno en las autonómicas andaluzas de junio y, responsable, en calidad de ministra de Hacienda, del nuevo modelo de financiación autonómica. Muchos equilibrios deberá hacer para convencer a los andaluces de que esto de la financiación 'singular' catalana no afecta al resto de los territorios, en general, y a Andalucía, en particular.
Los populares defienden que todo acuerdo sobre financiación autonómica exige una negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Lo demás es "una compra de votos", como lo definió el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, este miércoles en una comparecencia de prensa. El primer partido de la oposición lleva años apelando a la necesidad de renovar la financiación, caducada en 2013, y, aseguran estar dispuestos a sentarse y negociarlo. Quieren un sistema, dicen, "bueno para todos", basado en los principios de solidaridad e igualdad entre los ciudadanos al margen de las especificidades de cada territorio sobre envejecimiento, dispersión, población o poder adquisitivo.
En todo caso, el mecanismo de voto ponderado del Consejo de Política Fiscal y Financiera permite al Ejecutivo aprobar cualquier propuesta con el único apoyo de un territorio. Significa que, con que lo aprobase sólo Cataluña, saldría adelante. Otra cosa es si ese modelo cambia, lo que obligaría a Pedro Sánchez a sometarlo a votación del Congreso de los Diputados.
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