El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha incoado diligencias previas contra José Luis Rodríguez Zapatero a raíz de una querella presentada por Hazte Oír por sus vínculos con el régimen de maduro. En un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el juez insiste en que las acusaciones de las asociaciones contra el expresidente del Gobierno presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
Por ello, decide incoar diligencias previas y preguntar al Ministerio Fiscal para que emita un informe sobre su competencia para investigar las relaciones de Zapatero con el Gobierno de Venezuela. En su querella, Hazte Oír pedía investigar al exdirigente socialista por blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.
La asociación pidió como medidas cautelarísimas que se retirara el pasaporte a Zapatero y que se le prohibiera salir de España. Además, también se requirió la comparecencia en calidad de testigo del José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Cabe recordar que tanto el exsecretario de organización del PSOE como su exasesor han asegurado en diferentes declaraciones a los medios de comunicación que el exjefe del Ejecutivo tenía una estrecha relación con el régimen de Maduro y, en particular, con Delcy Rodríguez. Incluso, el empresario Víctor de Aldama le ha acusado de tener negocios ilícitos con el Gobierno de Venezuela.
Negocios de sus hijas
En este contexto, Hazte Oír pidió al tribunal investigar el entorno patrimonial y empresarial vinculado a Zapatero y su familia. En concreto, los negocios relacionados con la sociedad Whathefav S.L., propiedad de sus hijas, que además tendría como cliente a uno de los detenidos por la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid contra la compañía Plus Ultra.
Los querellantes insisten en su escrito que la sociedad experimentó un "crecimiento económico significativo coincide temporalmente con la actuación del querellado como interlocutor privilegiado del régimen". Por ello, se pide investigar al expresidente por blanqueo de capitales, "en tanto que las estructuras familiares y societarias son mecanismos recurrentes de integración de fondos en contextos de criminalidad organizada".
Asimismo, también recuerdan los vínculos del narcotráfico de Venezuela con Europa, con España como puerto de entrada. Al respecto, señalan que, según las investigaciones de la DEA, los fondos procedentes del narcotráfico habrían sido blanqueados a través de sistemas financieros internacionales, sociedades interpuestas y testaferros, lo que podría afectar a entidades financieras europeas y que, por tanto, justificaría la competencia de la jurisdicción española.
Tras la incoación de diligencias previas, deberá ser la Fiscalía quien informe a favor o no de iniciar una investigación es España. También tendrá que dirimirse si se imputa o no al expresidente del Gobierno por sus vínculos con el régimen de Maduro o si, por el contrario, se le deja fuera de la investigación.
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