Familiares de jóvenes asesinados durante las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro han denunciado en una rueda de prensa celebrada este martes en Madrid la inacción de la Corte Penal Internacional y han reclamado avances inmediatos en la investigación Venezuela I, con órdenes de detención por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente venezolano y más responsables de su antiguo Gobierno. El acto ha sido convocado con el apoyo de Venezuelan Press y el acompañamiento jurídico del bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

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A lo largo de las intervenciones, los familiares han relatado cómo sus hijos y hermanos murieron durante las protestas de 2017 y han coincidido en que, casi una década después, la mayoría de los crímenes sigue impune. La reciente detención de Maduro en Estados Unidos, han señalado, ha reabierto la esperanza de justicia, aunque han advertido de que el foco judicial no se ha situado aún en los asesinatos cometidos durante la represión.

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Isabel De Figueiredo, madre de Diego, ha recordado que su hijo, de 31 años y biólogo, fue abatido de un disparo cuando acudió a protestar por la situación del país. "Mi hijo estaba empezando a asentarse en la vida. En 2017 se fue a manifestar porque ningún país aguantaba esa situación, y le pegaron un tiro. Lo mataron como a un perro", ha dicho. Ocho años después, ha denunciado que no ha habido respuestas judiciales efectivas ni dentro ni fuera de Venezuela.

En ese sentido, De Figueiredo ha cuestionado el papel de los organismos internacionales. "La CPI, tantos organismos que existen, y no ha pasado nada. En Venezuela lo comprendo por la maraña, ¿pero fuera tampoco?", se ha preguntado, antes de lamentar que Maduro pueda ser juzgado por otros delitos, pero no por los asesinatos: "Lo van a juzgar por narcotráfico, pero nunca por asesino".

A continuación, Carlos Moreno, hermano de Paúl René, ha explicado que en 2017 estudiantes y profesores universitarios han formado brigadas para auxiliar a las víctimas de la represión. "Salieron organizados, pero desprotegidos", ha relatado. Su hermano ha muerto arrollado por un civil en lo que ha definido como el contexto de "un Estado fallido, con un sistema de justicia torcido y corrompido".

Moreno ha subrayado que el foco exclusivo sobre Maduro no ha traído cambios reales. "Llevamos 27 años enterrando personas por un Estado al que el mundo le ha dado la espalda", ha afirmado, y ha reclamado que se juzgue "por entero a un régimen que destruyó nuestras vidas". Convertir el dolor en acción social y ayuda humanitaria ha sido, ha añadido, la única forma de sobrellevar la pérdida.

El testimonio de Pedro Quéliz ha puesto el acento en la persecución posterior a los asesinatos. Ha contado que a su sobrino Daniel le ha disparado la policía en el cuello y que, aunque en ese caso ha habido una sentencia condenatoria, el proceso ha estado marcado por suspensiones y maniobras judiciales. "Jueces y abogados estaban pagados", ha sostenido.

Quéliz ha relatado además que un año después del asesinato su cuñada, madre del joven, se ha quitado la vida, y que él mismo ha tenido que exiliarse en España tras haber sufrido detenciones arbitrarias y persecución por parte de los servicios de inteligencia. "Maduro ha sido el responsable directo de todas estas muertes. Hay más de 10.000 víctimas", ha asegurado.

Por su parte, David Vallenilla, padre de David, ha explicado que su hijo, enfermero recién graduado y con nacionalidad española por parte de madre, ha sido asesinado por un sargento de la aviación durante una manifestación. "No estaba al frente, estaba rezagado. Fue emboscado", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que el militar no tenía competencia para controlar protestas.

Aunque el autor material ha sido condenado, Vallenilla ha recalcado que no se ha investigado la cadena de mando. "El ministro de Defensa se negó a entregarla", ha denunciado, y ha recordado que el mismo día del asesinato Maduro ha afirmado públicamente haber dado órdenes para reprimir las manifestaciones. "Maduro debe ser juzgado por delitos de lesa humanidad", ha insistido.

Israel Cañizales y Mónica Carrillo, padres de Armando, han descrito el momento en que su hijo, músico y estudiante, ha sido alcanzado por un disparo en el cuello mientras asistía a una protesta con su viola. "No había enfrentamientos. De repente se oyó una detonación y cayó al suelo", han relatado.

Asimismo, han denunciado que los disparos han seguido un patrón sistemático, dirigidos a cabeza, cuello y pecho, y que tras el asesinato han comenzado amenazas contra su otro hijo, lo que les ha obligado a abandonar el país. "Han pasado casi nueve años y la mayoría de los responsables sigue impune", han lamentado.

Neomar Lander y Zugeimar Armas han cerrado el bloque de familiares recordando el asesinato de su hijo Neomar, de 17 años. Han afirmado que se trataba de "un joven frente a unos 20 policías que disparaban a la cabeza, al cuello y al pecho" y han exigido que la CPI actúe sin más dilaciones en el caso Venezuela I.

"Después de ocho años seguimos esperando justicia", han señalado, y han criticado que Maduro pueda ser juzgado únicamente por narcotráfico. "Nada nos va a devolver a nuestros hijos, pero al menos queremos ver a los responsables pagando por estos asesinatos", han concluido.

Reclamos a la Corte Penal Internacional

Desde el ámbito legal, la abogada Soranib Hernández de Deffendini ha explicado que en noviembre se ha solicitado la mediación de la Unión Europea para activar el acuerdo de cooperación UE-CPI de 2006 y exigir que el fiscal solicite órdenes de detención contra Maduro y altos cargos del régimen por crímenes de lesa humanidad.

El jurista Jesús Imbroda ha sostenido que la CPI debía haber actuado con mayor rapidez ante unos crímenes "sistemáticos y continuados" y ha criticado la lentitud del anterior fiscal jefe. A su juicio, la Fiscalía debía haber señalado directamente al "principal responsable", Maduro.

Finalmente, Juan Carlos Gutiérrez, abogado acreditado ante la CPI y socio de Cremades & Calvo-Sotelo, ha afirmado que los testimonios presentados ponen de relieve "una política criminal" contra la población civil. Ha recordado que desde 2015 se han aportado informes, peritajes y documentación que sustentan la investigación Venezuela I y ha subrayado que, al margen del proceso abierto en Estados Unidos, la CPI debe avanzar para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.