A las nueve menos veinte de la noche del 24 de julio de 2013 el Alvia 04155 ruta Madrid-Ferrol descarriló justo antes de llegar a la estación de Santiago de Compostela. Esta tragedia ferroviaria se llevó la vida de 80 personas y causó decenas de heridos. Casi trece años después, muchas de las familias afectadas por este terrible accidente no han podido disfrutar de la compensación económica que les corresponde, bien por haber perdido a uno de sus seres queridos o por derivarse de las lesiones sufridas.

El abogado Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, encargado de llevar la representación letrada de varias de las familias afectadas por el accidente ferroviario de Angrois, explica a El Independiente que los recursos presentados por los acusados contra la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santiago de Compostela han provocado que muchas de las familias no hayan cobrado, por el momento, las indemnizaciones a las que tienen derecho por su condición de víctima. Esto responde a una medida de protección a la espera de que se ratifique la decisión del juzgado de instrucción en instancias superiores.

De lo contrario, se arriesgarían a que una nueva sentencia exonere a los ya condenados y, por tanto, a las aseguradoras del pago de indemnizaciones que superan los 20 millones de euros. Así lo explica Benítez Ostos que, además, insiste en que "este dinero no es seguro", puesto que hay que esperar a la resolución de la Audiencia Provincial o, en caso de que los condenados deseen seguir batallando en los tribunales, esperar a lo que diga el Tribunal Supremo.

Este escenario, en el que más de doce años después hay varias familias que siguen sin recibir el dinero que por derecho les corresponde, vaticina un largo calvario judicial para las víctimas del accidente de Adamuz. Además de este estado de letargo al que se han visto obligados muchos de los afectados por el accidente ferroviario acontecido en julio de 2013, se une casi una década de espera para la celebración del juicio.

Las víctimas y las familias de los fallecidos tuvieron que esperar 9 años para ver sentados en el banquillo de los acusados a los investigados por esta tragedia. Una larga espera que provocó que muchos de los afectados no pudieran vivir para presenciar ese momento.

El caso de Angrois sienta un precedente peligroso para las víctimas de Adamuz. Ahora se abre un periodo largo y complejo marcado por dos investigaciones, una seguida por los tribunales y la Guardia Civil, y otra encabezada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

La labor realizada por este organismo independiente, aunque adscrito a Adif, fue muy cuestionada en el caso de Angrois, puesto que sus conclusiones no recogieron algunos aspectos como los fallos de seguridad en la infraestructura ferroviaria, como reclamaban las víctimas. Sólo se determinó que la causa fue un exceso de velocidad y un despiste del maquinista. Años después, la Agencia Ferroviaria Europea concluyó que la CIAF no había actuado de manera independiente de Renfe.

Investigación dirigida por un juzgado de Montoro (Córdoba)

La otra vía de investigación del accidente producido en la pequeña localidad cordobesa de Adamuz es la dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro. En este procedimiento judicial serán claves las pesquisas seguidas por la Guardia Civil, bajo la coordinación del Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística.

Ambas investigaciones marcarán el paso a seguir por las víctimas a la hora de reclamar futuras indemnizaciones. En el caso de Angrois la justicia determinó que la responsabilidad debía ser compartida, tanto civilmente como penalmente. Se condenó a dos años y medio de prisión al maquinista y al responsable de seguridad de Adif.

Hipótesis que manejan los investigadores

No obstante, el accidente de Adamuz presenta importantes diferencias, puesto que ya se ha descartado que la causa fuera un error humano o sabotaje. Ahora, el foco de la investigación se pone en determinar si el descarrilamiento se produjo por un defecto en las vías o en el tren Iryo, propiedad de una empresa italiana. No obstante, podría existir una tercera hipótesis en la que la responsabilidad fuera compartida y que el accidente responde a un fallo del tren, agravado por el mal estado de las vías.

En este caso, explica el abogado Antonio Benitez, la responsabilidad y el pago de las indemnizaciones deberán correr a cuenta de la aseguradora de la empresa italiana y del Estado. Los delitos a los que se enfrentarían los responsables son homicidio imprudente y lesiones. No obstante, aún habrá que esperar a que las autoridades puedan arrojar luz sobre lo ocurrido en Córdoba.

Denuncia contra tres cargos públicos

Por el momento, la Asociación Liberum ha presentado una denuncia contra dos directivos de Adif y otro de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), así como "contra cualquier otro sujeto que en el curso de las investigaciones y a juicio de Su Señoría se pueda extraer su responsabilidad penal por su cargo o desempeño, esté o no aforado".

La asociación personada en casos como el 'caso Koldo' recoge, entre otras cosas, en su denuncia la comunicación enviada el pasado mes de agosto por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) a los denunciados, manifestando su "profunda preocupación por el estado general de las líneas, y en particular de la 010, 030, 040 y 050 de la red de Alta Velocidad".

Por otra parte, la asociación Manos Limpias y el partido Iustitia Europa han presentado escritos para personarse en el procedimiento abierto por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro.