La Fiscalía de Madrid ha solicitado penas que alcanzan hasta los 51 años de prisión para tres agentes de la Guardia Civil por una amplia batería de delitos cometidos presuntamente mientras se encontraban en servicio activo en la Comunidad de Madrid. Los acusados están procesados por robo con intimidación y violencia, extorsión, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, malversación, amenazas y abuso sexual, entre otros ilícitos.

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El juicio se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid tras el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Provincial, en el que se detalla una dinámica continuada de actuaciones ilícitas durante el año 2020, en especial en el entorno de la Cañada Real Galiana, donde los agentes desarrollaban labores de seguridad ciudadana adscritos a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid (USECIC).

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Según ha podido saber El Independiente, los acusados habrían actuado abusando de su condición de agentes de la autoridad y prevaliéndose de su cargo, sustrayendo dinero y sustancias estupefacientes durante identificaciones, entradas y registros, así como intimidando y agrediendo a personas que frecuentaban la Cañada Real con el objetivo de apoderarse de droga o efectivo.

Apuntaba con su arma reglamentaria

El principal acusado, está señalado por Fiscalía como autor de múltiples episodios de robo con intimidación y violencia, incluyendo la presunta sustracción de cocaína a consumidores a los que habría apuntado con su arma reglamentaria, así como la exigencia continuada de pagos semanales.

Uno de los episodios más graves relatados en el procedimiento se recoge en mensajes intervenidos por los investigadores. En uno de ellos, enviado a través de WhatsApp, uno de los acusados advertía a un intermediario: “Qué pasa niño dile a J. de los cojones que todas las semanas me tiene que dar 500 pavos que si no hago una nota informativa y le rompo la cara”. Según sostiene la Fiscalía, esa amenaza se producía mientras el agente ocultaba deliberadamente una orden judicial de ingreso en prisión en vigor, incumpliendo su obligación de poner al afectado a disposición judicial.

El escrito de acusación también recoge el acceso indebido y reiterado a bases de datos policiales, la revelación de información reservada a terceros ajenos a la investigación y la omisión deliberada de la obligación de poner a disposición judicial a personas con órdenes de ingreso en prisión en vigor. En algunos casos, según las fuentes consultadas, esa información se facilitó mediante mensajes de WhatsApp acompañados de imágenes y datos extraídos de los sistemas policiales.

Además, se atribuye a los acusados la sustracción sistemática de dinero, joyas y otros efectos durante registros domiciliarios practicados en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, así como la apropiación de material oficial de la Guardia Civil, parte del cual fue localizado posteriormente en el domicilio de uno de los procesados durante una entrada y registro en diciembre de 2020.

En el caso del segundo acusado, la Fiscalía le imputa su participación en robos cometidos junto a su compañero durante actuaciones policiales, así como la omisión de su deber de denunciar hechos delictivos de los que tenía conocimiento. El tercer procesado está acusado de un delito de amenazas tras presuntamente apuntar con su arma a un hombre en la Cañada Real y de un delito de abuso sexual por tocamientos a una mujer durante el desempeño de sus funciones.

Durante uno de los episodios el acusado “golpeándola en el rostro le quitó unos 15 gramos de base de cocaína y 20 euros”, causando lesiones que, aunque no requirieron tratamiento médico, quedaron documentadas. En otro, uno de los procesados “apuntó con su arma reglamentaria en la cabeza” a un hombre mientras le decía “te voy a quitar la vida”.

Abuso de superioridad

Como consecuencia de los hechos investigados, los dos primeros acusados ingresaron en prisión provisional en diciembre de 2020, aunque posteriormente quedaron en libertad por auto judicial en enero de 2021. La Fiscalía aprecia en todos los acusados la agravante de abuso de superioridad.

El Ministerio Público reclama para el primero de los acusados un total de 51 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones, mientras que para el segundo solicita penas que incluyen cinco años de cárcel, y para el tercero hasta 30 meses de prisión, junto a medidas de alejamiento, libertad vigilada e inhabilitación especial.