Con el caso ya perdido en los tribunales, en plena ejecución del embargo de la cuenta bancaria de su consulado en Murcia, Marruecos optó por cambiar de representante legal. Desde primeros de diciembre el abogado que trata de articular la estrategia legal de la embajada de Marruecos en España en el caso del ex cónsul condenado por acoso sexual y laboral de su secretaria es José Merino.
Merino, ex magistrado, es un viejo conocido de los mentideros judiciales. En julio de 2018 fue contratado por Iñaki Urdangarin para recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia del caso Nóos, que le condenó a cinco años y diez meses de cárcel por los delitos de prevaricación continuada y malversación, tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. El recurso de amparo fue presentado en noviembre de aquel año. En marzo de 2019 el Tribunal Constitucional rechazó admitir ese recurso, al considerar que no tenía la relevancia constitucional necesaria.
Hasta finales del año pasado Marruecos había confiado en bufetes murcianos su representación legal en el juicio contra Sidi Mohammed Biedallah, ex cónsul marroquí en la región, condenado junto a la legación por recurrente acoso sexual, laboral y moral contra la empleada además de haber acometido un despido nilo. La justicia española considera probado que en septiembre de 2022 se activó un proceso continuado de acoso laboral y sexual que afectó gravemente a la salud de la entonces secretaria del cónsul.

Estrategia para rehuir el pago de la condena
En una de las últimas notificaciones del juzgado de lo Social número 1 de Murcia que lleva el caso, a la que ha tenido acceso El Independiente, se incluye como aclaración la irrupción de Merino como nuevo letrado de la parte marroquí. “Don José Merino Jiménez, letrado en nombre y representación del Consulado General del Reino de Marruecos, representación que no acredita hasta el pasado lunes 1 de diciembre de 2025 ante este Juzgado y de hecho el poder se le otorgó en la misma fecha”, consta en el auto en el que Merina intenta recurrir el embargo de la cuenta bancaria del consulado para hacer frente al pago de la condena y los salarios de la víctima, un montante que supera los 100.000 euros.
Merino preside el bufete Business & Law, que se presenta en su página web como “la primera boutique legal española especializada en el tratamiento y resolución de casos judiciales complejos, así como de crisis empresariales y de carácter reputacional”. El letrado que defiende los intereses de Marruecos en la causa es Licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Sirvió en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de La Seo de Urgel y San Lorenzo de El Escorial. Llegó a magistrado en 1989 y fue titular de los Juzgados de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria y Magistrado de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de Primera Instancia de Madrid.
Desde noviembre de 2001 hasta septiembre de 2008, desempeñó el cargo de Vocal del Consejo General del Poder Judicial, por designación del Pleno del Congreso de los Diputados. Desde 2008 ejerce la abogacía.
Merino asume la representanción del consulado cuando el caso de acoso sexual y laboral ha agotado todos los recursos y Marruecos trata de levantar el embargo que pesa sobre la cuenta bancaria del consulado, decretada por el juez ante la negativa recurrente de la administración magrebí para asumir el coste de la condena y los salarios que se le adeudan a Maryam, el nombre ficticio de la ex secretaria del cónsul.
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