El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz remitió una comisión rogatoria a Estados Unidos para tomar declaración en calidad de testigos a cuatro exfuncionarios venezolanos sobre el presunto cobro de 42 millones de dólares en sobornos. La comparecencia de estos exaltos cargos vinculados a PDVSA, empresa estatal venezolana encargada de dirigir el petróleo del país venezolano, sería clave para avanzar en las pesquisas dirigidas contra el dueño de Hawkers y otros cinco empresarios.

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Por el momento, las autoridades estadounidenses no han respondido a la petición del juez instructor a cargo de la investigación por blanqueo de capitales procedentes de Venezuela, con ramificaciones en Suiza, Francia, Andorra, Belice y Estados Unidos. La investigación dirigida por el juez Pedraz se centra en la operación de saqueo del Estado venezolano mediante operaciones de cambio de divisas canalizadas a través de la empresa PDVSA, cuyos fondos fueron posteriormente distribuidos por varios países europeos a través de diversas sociedades. En España, dichas comisiones ilícitas han sido empleadas para la apertura de empresas, la compra de acciones y la adquisición de "inmuebles de alto valor".

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Según la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente, varios de los investigados, incluido el empresario venezolano Alejandro Betancourt, se sirvieron de la colaboración de varios funcionarios de PDVSA o altos cargos vinculados a la misma para aprobar grandes operaciones de cambio de divisas mediante la venta de un crédito millonario asumido inicialmente por la empresa venezolana. Los investigados pagaron presuntamente un total de 42 millones de dólares en sobornos por una operación que les reportó aproximadamente 3.850 millones de dólares en beneficios.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que parte de esos fondos habrían sido canalizados a través de cuentas bancarias situadas entre otros países, gran parte en Suiza, "para lo que se habrían servido de estructuras societarias creadas" por varios de los investigados. Asimismo, según los investigadores, entre el año 2010 y 2011 se constituyeron tres sociedades españolas, cuyas participaciones fueron vendidas posteriormente al empresario venezolano y su primo a través de las cuales se "realizaron importantes inversiones inmobiliarias en España".

El testimonio de los exfuncionarios del país caribeño sería clave para la investigación dirigida por Pedraz, ya que su colaboración al frente de PDVSA fue determinante para aprobar la operación que dio lugar al fraude cometido contra la empresa estatal venezolana. Según detalla el Ministerio Público en varios de los escritos obrantes en la causa, los cambios de divisas fueron aprobados por Abraham O., entonces director de la empresa petrolífera. Por dicha colaboración habría cobrado 10 millones de dólares.

Así lo reconoció el exdirector de PDVSA ante las autoridades estadounidenses, al igual que otros dos funcionarios venezolanos, condenados en Estados Unidos por fraude y blanqueo de capitales. En concreto, el ex director de Finanzas de la Electricidad de Caracas’ confesó haber cobrado 19 millones de dólares en sobornos.

La Audiencia Nacional investiga el blanqueo de parte de estos fondos, procedentes de un presunto fraude millonario, a través de empresas creadas en España o de inmuebles de lujo adquiridos en nuestro país. La UDEF señala al gran magnate venezolano, a su primo, y al exdirector de la compañía Derwick Associates como los "cabecillas" de toda la "operación de desfalco" por la que PDVSA acabó cediendo el crédito concedido por la administradora Atlantic en pesos bolivarianos a la empresa Violet Advisor en dólares americanos.

La investigación dirigida por la UDEF en la denominada "Operación Pacífico" ha puesto de manifiesto que la red investigada por el expolio de la empresa estatal venezolana inyectó al sistema financiero español más de 100 millones de euros a través de la compra de sociedades y sucesivas ampliaciones de capital. Asimismo, se estipula que al menos 50 millones de euros fueron blanqueados a través de la compra de inmuebles de lujo en Madrid, Toledo y Ávila.

Por su parte, el empresario venezolano Alejandro Betancourt presentó ante la Audiencia Nacional un escrito mediante el que alegaba que la justicia del país caribeño ya le había exonerado de los delitos por los que se le investiga el juez Santiago Pedraz. En consecuencia, el instructor emitió una comisión rogatoria a Venezuela para que certificase si la justicia bolivariana ya había archivado la investigación contra el empresario.