El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la proposición de ley de Junts contra la multirreincidencia en casos de hurtos. Con esta norma, se busca incrementar las penas a aquellos reincidentes que continuadamente comentan este tipo de delitos que cotidianamente no suponen prisión pero sí multa de 1 a 3 meses si es leve y no supera los 400 euros. Eso se quiere atajar, especialmente en Cataluña, donde vienen teniendo más impacto en los últimos años. La propuesta de Junts también persigue combatir el crecimiento de la xenófoba Aliança Catalana, que viene quitando voto a los conservadores desde hace un año.

En concreto, se pretende una modificación del Código Penal. Hasta el momento, si esos hurtos superaban los 400 euros después de tres ocasiones, sí suponían penas de cárcel de seis a 18 meses. Ahora, aunque no se supere esa cantidad económica, se plantea el mismo castigo. Por otro lado, se modifica el artículo 235 del Código para que se acojan a penas agravadas de 1 a 3 años de cárcel aquellos que cometan tres delitos "menos graves o graves" -con una modificación del apartado siete- y se incluye un décimo apartado dedicado a la sustracción de teléfonos móviles que contengan datos personales. Se extiende a 'petaqueo' y a las estafas.

Más allá de lo legislativo, el consenso entre posconvergentes, socialistas y populares supone un trasfondo político relevante. Especialmente para el PSOE, que entrando al consenso previo de Junts y PP y desligándose en diciembre del criterio de Sumar, su socio de coalición en el Gobierno, busca hacerse de nuevo con la confianza de Carles Puigdemont y sus siete votos en la Cámara Baja. Los de Puigdemont anunciaron vetos en octubre a más de una veintena de leyes y el fin de la colaboración activa con Pedro Sánchez. La posición adoptada por los socialistas no gusta a los magentas, que rechazan el "populismo punitivo".

El PSOE se sumó a toda la derecha nacional y autonómica, incluido Vox, PNV y UPN. La ley, al tener carácter orgánico necesitaba mayoría absoluta de 176 diputados, algo que se ha superado holgadamente. Todas estas fuerzas suman 297 parlamentarios. La excepción desde la izquierda fue ERC, que optó por una abstención a cambio del pacto con Félix Bolaños para el incremento del número de jueces en Cataluña. Este año se ampliará el cupo en 91 plazas más, y se prevé que el año que viene se vuelva a subir entorno a esa cifra.

La puesta en escena de Junts lo decía todo. La portavoz parlamentaria de la formación, Míriam Nogueras, sonrió, sus compañeros de escaño aplaudieron y la presencia de distintos alcaldes de Junts en la tribuna de invitados reafirmaba una jornada en la que los posconvergentes salían como ganadores frente al Gobierno. Por parte de Junts intervino Marta Madrenas, que afirmó que la ley "pone orden y mejorará la seguridad y el bienestar de la gente". El Ejecutivo esta semana vio como además prosperaban medidas de la derecha sin su apoyo, caso de la proposición de ley del PP para garantizar el cumplimiento de la Ley Presupuestaria del martes.

Bloqueada por PSOE y Sumar en 2024

Algo más de un año pasó hasta que el PSOE pegó el volantazo en el Congreso, al ver su mayoría de legislatura trastocada definitivamente. Hubo dos fases, con todo. Los posconvergentes registraron la proposición de ley en septiembre de 2024 y se tomó en consideración. A partir de ahí, PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, la paralizaron abocándola a ampliaciones recurrentes del periodo de registro de enmiendas. En paralelo el PP llevó una ley propia.

Ese bloqueo se mantuvo así hasta el mes de febrero de 2025. Entonces, el PSOE abrieron el cauce parlamentario coincidiendo, entre otros, con la petición de Puigdemont de que el presidente del Gobierno se presentase a una cuestión de confianza. Se registró como proposición no de ley, generando un precedente. Solo el presidente del Ejecutivo tiene la potestad de decidir si se presenta a ella o no. Pese a dejar de frenarse, la ponencia en comisión para el debate de la norma no se convocó hasta semanas después de esa ruptura con Junts. Fue en noviembre cuando se abrió el debate y principios de diciembre cuando se cerró ese acuerdo polémico que rechazaron los socios. Ha tenido que ser en este nuevo periodo de sesiones cuando se ha elevado el dictamen al pleno para su marcha al Senado. Si recibe enmiendas, deberá volver al Congreso para su votación.

Ese cambio interesado de opinión al calor de las circunstancias fue aprovechado por la derecha y por la izquierda para atacar a los socialistas. Los primeros denunciaron el secuestro de la norma, los segundos, un cambio que "traiciona" los valores y que, nuevamente, "alimenta a la ultraderecha", dijo Enrique Santiago, de Sumar. Una acusación que viene dándose dentro y fuera del PSOE después de las elecciones de Extremadura y Aragón, donde solo Vox ha salido beneficiado frente a la debacle de los socialistas.

Críticas de Gamarra al giro de Sánchez

Por el PSOE intervino Francisco Aranda, que pese a ese recorrido y respaldo del PP al combate de la reincidencia dio la bienvenida a los populares a ese consenso. Eso dio margen a Cuca Gamarra, vicesecretaria de Institucional y Justicia del PP, para lanzarse contra los socialistas: incidió en que la única multirreincidencia que les ha importado es la de Ábalos y Koldo. Hoy ambos, en prisión provisional, comparecieron ante el Tribunal Supremo. A cambio de ese guiño en la votación de este jueves, Aranda sugirió a Junts que respalden a Bolaños en su ley para la ampliación del acceso a la carrera judicial, que ahora sigue bloqueada.

A Gamarra el asunto también le sirvió para cuestionar la regularización extraordinaria de inmigrantes en la que trabaja el Gobierno y que afectará en torno a medio millón de personas. "¿A cuántos multireincidentes van a regularizar?", preguntó. Precisamente este asunto es otro gesto del PSOE en las últimas semanas para desbloquear el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat, algo firmado con Junts hace casi un año y que Podemos ha bloqueado por considerar partes del texto, como el preámbulo, "xenófobo". Sobre la inmigración radicó la intervención de Vox, por parte de Juanjo Aizcorbe. Dicen los de Santiago Abascal que mientras no se controle la inmigración no se resolverá el asunto.

Condena de Sumar, ERC y EH Bildu

Santiago, portavoz sustituto de Sumar y líder de IU en la Cámara, reprochó la falta de determinación en cuestiones como el "acceso a la vivienda" frente a una ley, dijo, que "quiere meter en la cárcel a quien roba gallinas". En el grupo creen que este paso da alas a Vox y a su discurso "negacionista". "Solo sirve para alimentar a la ultraderecha", expresó. Mientras que Junts defiende que la norma generará más seguridad, y el PNV lo confirma, Pilar Vallugera de ERC negó que esto vaya a tener impacto, aunque la posición republicana fue la abstención por ese acuerdo mencionado con el PSOE.

Para Jon Iñarritu, de EH Bildu, "el aumento de penas es el recurso típico del populismo penal cuando el Estado fracasa en la prevención". El abertzale advirtió tras ello a Junts de que esto no va a servir ni para evitar esos hurtos ni mucho menos "para frenar a Aliança Catalana".