La investigación del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha sufrido un nuevo revés después de que este lunes la Audiencia Provincial de Madrid revirtiera la decisión del magistrado de transformar las diligencias en un procedimiento ante el tribunal del jurado por estar bien fundamentada. Esto implicaba que, en caso de que la causa desembocara en juicio, la esposa de Pedro Sánchez sería juzgada por ciudadanos y no por jueces profesionales.
Los magistrados consideran que Peinado no ha reunido "indicios concluyentes y consistentes" que justifiquen este salto procesal y le reprochan no haber realizado "un mínimo esfuerzo argumentativo" en el que se detalle la participación concreta de cada investigado en los delitos que se les atribuyen.
No es la primera vez que la Audiencia madrileña corrige al titular del Juzgado de Instrucción número 41. Recientemente, ya le afeó que ordenara investigar dentro de esta causa el presunto papel de Gómez en el rescate de Air Europa "sin el más mínimo indicio", después de que el juez solicitara un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En mayo de 2025, levantó la imputación del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y del exconsejero madrileño Juan José Güemes. También ordenó hacer lo propio con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Además, rechazó la decisión de Peinado de abrir una pieza separada por un presunto delito de malversación vinculado al uso que Gómez hizo de su asesora de Moncloa, lo que llevó al instructor a integrar esta línea en la causa principal.
A comienzos del año pasado, la Audiencia también anuló los registros acordados por Peinado tanto en el domicilio del empresario Juan Carlos Barrabés como en la sede de sus empresas. Los magistrados llegaron a subrayar que "no se puede obtener la verdad real a cualquier precio".
Ahora, los magistrados de la Sección 23 subrayan que, en el caso de delitos “complejos” como el tráfico de influencias o la malversación, no basta “ni siquiera con una mera exposición objetiva de los hechos”, sino que es necesario realizar “un mínimo esfuerzo argumentativo” que justifique la tipicidad y antijuridicidad de la conducta, así como la participación delictiva de cada investigado, para no vaciar de contenido el papel esencial del juez instructor en la delimitación inicial del objeto del procedimiento susceptible de acusación.
El procedimiento contra Begoña Gómez se ha convertido en uno de los más mediáticos de los últimos años y la instrucción ha estado permanentemente bajo el foco público. Con todo, pese a las múltiples correcciones impuestas al instructor, la Audiencia ha avalado el núcleo esencial de la investigación.
En concreto, los magistrados consideran que la relación entre Gómez y Barrabés constituye la "clave" de la causa, al entender que la cátedra de la Complutense que dirigía la esposa del presidente del Gobierno funcionó como plataforma de captación de fondos y proyección institucional. También han respaldado las pesquisas relativas a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
Peinado mantiene imputada a Begoña Gómez por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos. En la causa figuran igualmente como investigados Álvarez y Barrabés.
Fuentes jurídicas explican a El Independiente que las diligencias acordadas continúan su curso y no se ven afectadas por esta resolución, de carácter estrictamente procedimental. La Audiencia no descarta que el procedimiento pueda acabar ante un jurado popular, pero exige que el instructor fundamente de manera sólida esa decisión.
Ahora, lo previsible es que Peinado dicte un nuevo auto motivando su propuesta de tramitación por jurado. En ese escenario, también es plausible que las defensas vuelvan a recurrir ante la Audiencia Provincial. Al tratarse de una causa sin preso, la resolución podría demorarse entre cinco y ocho meses, como ya ha ocurrido anteriormente en este mismo procedimiento.
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