El primer pleno municipal en el Palacio de Cibeles una semana después de abrirse la crisis entre el concejal madrileño y diputado Javier Ortega Smith y la dirección nacional de Vox, evidenció que el grupo realmente está roto. Pese a que en una comparecencia de prensa el lunes en el consistorio su todavía portavoz, atrincherado, afirmara que cuenta con el respaldo de los cuatro concejales que le acompañan en el grupo municipal, la extensión de la suspensión de militancia solo a Carla Toscano e Ignacio Ansaldo posterior, y las votaciones partidas de este martes no dejaron lugar a dudas.

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Por un lado, los orteguistas mostraron conformidad durante la última sesión a tres puntos de un bloque sobre medidas urbanísticas, de medio ambiente y de movilidad. Frente a ellos, tanto Arantxa Cabello como Fernando Martínez se abstuvieron. Todos votaron a mano alzada reflejando así la discrepancia. Lo solicitaron explícitamente, de hecho.

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Ortega tiene, pese a todo, el apoyo mayoritario dentro del grupo al contar con un voto extra que Cabello, que el miércoles pasado fue designada por la dirección nacional de Bambú como nueva portavoz, algo que no se ha hecho oficial a nivel orgánico en el ayuntamiento, porque como recuerda el PP y el propio alcalde José Luis Martínez-Almeida, el movimiento debe aprobarlo el propio grupo Vox y trasladarlo por escrito. Aunque fuentes nacionales de Vox consideran que puede haber algún salvo conducto para que acaben fuera de Vox como "no adscritos". Ha habido algún precedente municipal, recalcan. Sucedió en en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela hace poco más de un año dentro del PSOE. El juzgado de primera instancia 3 de Santiago obligó a dar un paso a figuras ya no afiliadas.

Lo cierto es que fuentes municipales de Vox trasladaron este lunes a El Independiente que el desenlace de esto sería el paso de los tres orteguistas a integrar las filas de los 'no adscritos', que se diferencian del grupo mixto en cuestiones, por ejemplo, como no tener subvenciones económicas. Al ser tres, en todo caso, podrían conformar un grupo nuevo para no perder ciertos derechos. A esa marcha se agarró en declaraciones previas al pleno la sucesora designada de Ortega, Cabello. Aseguró que hay "diez días para hacer alegaciones" al Comité de Garantías del partido, algo que ya está en marcha. "Luego hay plazo para dos recursos, uno de reposición y otro de alzada, con unos plazos de unos cinco y diez días". Consideran que el desenlace de todo esto puede darse "en un mes".

"Vamos a ejecutar acciones de tipo administrativo, de tipo jurídico y cuando toque, ya sucederá lo que tenga que suceder y al final podré asumir esa responsabilidad". Confían en que cuando haya una sentencia firme Ortega y los suyos abandonen, pero esa posición mayoritaria y la extensión de plazos judiciales, de haberlos, daría capacidad a los díscolos de aguantar meses en sus puestos. Más teniendo en cuenta que en un año habrá elecciones municipales. Todo se orienta hacia la posibilidad de que haya dos portavocías dentro del Grupo, independientes entre sí.

Ortega Smith quiso rebajar la tensión al inicio

Antes del inicio del pleno, Ortega Smith declaró que la agenda seguía con normalidad y la jornada no era extraordinaria. "A los madrileños no les vamos a defraudar ni engañar ni olvidar. Vamos a seguir defendiendo su libertad, la libertad de poder circular por las calles sin violencia, sin machetazos, de poder llegar a fin de mes sin que les esquilmen con impuestos abusivos, la libertad de que sus hijos no sean adoctrinados por el fanatismo y las imposiciones de las ideologías de la izquierda". Hubo mensaje a Abascal: "Algunos tendrán que plantearse si estas estrategias son buenas de cara a Madrid, de cara a los madrileños, de cara a los españoles, si el general división y enfrentamiento, y cometer arbitrariedades e injusticias es lo más conveniente".

Poco después Abascal pasaba de puntillas sobre este asunto en una entrevista en Antena 3. Volvía a recurrir al argumento de que no quieren "mirarse el ombligo" y que quieren atender a lo que importa a los españoles. Defendió la autoridad de su dirección para tomar las decisiones que considere al tener el respaldo de la Asamblea General. Descartó que lo que esté pasando en Madrid sea una "rebelión" y negó que tenga "ninguna mala conciencia". Cree este tipo de decisiones se tienen que dar y que habrá que tomar otras más importantes cuando se llegue a Moncloa.