Los nuevos chalecos antibalas que el Ministerio del Interior ha licitado para la Guardia Civil no están diseñados para detener disparos de fusiles de guerra como los AK-47, un armamento cada vez más presente en manos de organizaciones del narcotráfico. El análisis de los pliegos técnicos revela que la mayoría del equipamiento solo está certificado para resistir impactos de armas cortas, una situación que ha llevado a asociaciones profesionales del cuerpo a reclamar una revisión de los niveles de protección balística.

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Desde la asociación Defensa Jurídica de la Guardia Civil (DJGC) advierten de que la evolución del crimen organizado en España está elevando el nivel de armamento al que pueden enfrentarse los agentes sobre el terreno. “La criminalidad evoluciona y los medios de protección de los agentes deben evolucionar con ella. No podemos permitir que los guardias civiles se enfrenten a amenazas cada vez más peligrosas con equipamientos diseñados para escenarios de hace décadas”, señalan desde la organización.

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21.240 chalecos

La advertencia llega tras analizar la licitación del Ministerio del Interior para renovar el equipamiento de protección del instituto armado, que contempla la adquisición de 21.240 chalecos antibalas para el periodo 2026-2028.

El contrato se divide en cinco lotes con características técnicas distintas según la unidad destinataria. En total se incluyen 7.500 chalecos de uso interno, 10.000 destinados a patrullas de Seguridad Ciudadana, 2.500 portaplacas, 1.100 chalecos de alta protección y 140 unidades para la Unidad Especial de Intervención (UEI).

Sin embargo, el análisis detallado de los pliegos de prescripciones técnicas muestra que solo una pequeña parte de ese equipamiento está diseñada para detener proyectiles de fusiles de asalto. En concreto, únicamente el lote destinado al Grupo de Acción Rápida (GAR) incorpora de serie un sistema completo con placas balísticas rígidas capaces de resistir munición de alta energía.

Esto significa que alrededor del 5% del total de chalecos adquiridos contará con protección específica frente a fusiles de guerra, mientras que el resto del equipamiento está diseñado principalmente para hacer frente a disparos de armas cortas.

Chalecos diseñados para pistolas

La diferencia se explica por el nivel de resistencia balística exigido en los pliegos técnicos. En los lotes destinados a Seguridad Ciudadana, a los chalecos de uso interno y a parte de las unidades especializadas, la protección requerida se limita a calibres habituales de pistola, como el 9 mm Parabellum o el .357 Magnum.

Desde el punto de vista técnico, este tipo de blindaje se considera “protección suave”, ya que está compuesto por paneles flexibles diseñados para detener munición de arma corta.

Esto implica que un proyectil de fusil puede tener entre tres y cuatro veces más energía que uno de pistola. Por ese motivo, los chalecos diseñados únicamente con paneles flexibles no están preparados para detener este tipo de munición, siendo necesario incorporar placas balísticas rígidas de mayor nivel.

Fundas pero sin placas

El mayor volumen del contrato corresponde a los chalecos destinados a las patrullas de Seguridad Ciudadana, con 10.000 unidades. En este caso, el pliego establece que la funda "debe permitir la incorporación de placas balísticas rígidas" en la parte frontal y dorsal con el objetivo de aumentar el nivel de protección.

Sin embargo, el suministro incluido en la licitación se limita a los paneles flexibles. En la práctica, esto significa que los agentes reciben de serie un chaleco certificado para detener disparos de pistola. La protección frente a fusiles de asalto dependería de la incorporación posterior de placas rígidas adicionales que no forman parte del equipamiento estándar definido en el contrato.

Para DJGC, esta diferencia técnica pone de manifiesto la necesidad de adaptar el equipamiento policial a las amenazas actuales. La asociación recuerda que en los últimos años las fuerzas de seguridad han detectado un aumento de armas largas en manos de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Fusiles de guerra en manos del narco

En determinadas zonas del sur de España, donde operan redes dedicadas al tráfico de drogas, el uso de fusiles de asalto por parte de estos grupos se ha convertido en una amenaza real para los agentes que trabajan sobre el terreno.

Las operaciones policiales desarrolladas en los últimos años evidencian este incremento del nivel de armamento. En una intervención reciente contra redes del narcotráfico en el sur del país se llegó a localizar un depósito con 19 fusiles de asalto tipo AK-47, además de varias armas cortas utilizadas para proteger las llamadas “guarderías” de droga empleadas por las organizaciones criminales.

“Cuando un guardia civil sale a prestar servicio, el Estado tiene la obligación de garantizar que dispone de los medios adecuados para proteger su vida. La seguridad de los agentes no puede quedarse atrás frente a la evolución del crimen organizado”, subrayan desde la asociación.

La unidad de élite, sin blindaje

Uno de los aspectos que más llama la atención en el análisis técnico es el caso del lote destinado a la Unidad Especial de Intervención (UEI), la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en operaciones de máximo riesgo.

Los 140 chalecos previstos para esta unidad están diseñados para ser utilizados bajo la ropa, priorizando la discreción y la ergonomía. El pliego técnico establece expresamente que “no se emplearán materiales rígidos en la confección del chaleco”, con el objetivo de reducir el espesor del equipo y facilitar su uso encubierto.

Sin embargo, esa misma condición técnica impide incorporar placas cerámicas o rígidas, que son precisamente las que permiten detener proyectiles de fusil de asalto.

Desde DJGC recuerdan que los chalecos antibalas modernos permiten integrar placas balísticas capaces de detener munición de fusil, una protección que ya se utiliza en determinadas unidades especializadas y que, a su juicio, debería extenderse progresivamente a los servicios que operan en entornos con mayor nivel de riesgo.

“La seguridad de los agentes no es solo una cuestión corporativa. Es una responsabilidad institucional, porque la seguridad de los ciudadanos empieza por la seguridad de quienes los protegen”, concluyen.