Otra vez la vivienda. El muro con el que siempre se choca el Gobierno de coalición. La principal fuente de división interna. Y ahora que es inminente la aprobación del primer paquete de respuesta a la guerra de Irán —verá la luz este viernes, 20 de marzo—, vuelve el desacuerdo entre los socios. Sumar presiona para que el real decreto ley incluya medidas de vivienda, con el argumento de que el alza de los combustibles acabará contaminando también los alquileres, mientras que el PSOE insiste en que el plan debe quedar muy "perimetrado" y ser "proporcional" al impacto que ahora mismo viven los mercados por el conflicto en Oriente Medio, y contener la suficiente "flexibilidad" para que pueda ir adaptándose a la evolución de la escalada bélica. Para la Moncloa, además, es prioritario que el texto quede convalidado por el Congreso la semana que viene. Sin riesgos de última hora. Porque es consciente de que si incorpora instrumentos de contención de los precios de los arrendamientos, como pide su socio minoritario, puede tropezar con el rechazo de Junts. Y su no se sumaría, muy probablemente, al de PP y Vox. El decreto, por tanto, fracasaría. Esa votación adversa es la que quiere ahorrarse el equipo de Pedro Sánchez.

Hasta el viernes, las conversaciones entre PSOE y Sumar seguirán, y será el presidente el que tenga la última palabra, como siempre. El que puede decantar la balanza. Pero la condición que ya pone sobre la mesa la Moncloa dice mucho: con las negociaciones con Junts rotas desde el pasado octubre, sin apenas vías de interlocución más allá de los contactos de carácter más parlamentario, el abanico de posibilidades se encoge. Los posconvergentes mantienen posiciones muy duras en materia de vivienda, e hicieron caer por dos veces el escudo social, en enero y febrero de este año, porque incluía la moratoria antidesahucios. A la formación de Carles Puigdemont le dio igual que la segunda redacción fuera más rebajada, tras pactarla con el PNV y Coalición Canaria, de tal manera que la prohibición de lanzamientos no afectase a los pequeños propietarios. Sin miramientos, tumbó también el segundo texto, con el argumento de que fomentaba las ocupaciones de vivienda.

Sumar presiona ahora con más fuerza porque entiende que la subida de los precios de los combustibles terminará por repercutir en el precio de los alquileres, y por lo tanto hay que actuar

Con el estallido de la guerra de Irán, desde que el Gobierno se puso a trabajar en la elaboración de un paquete "integral" para alivar las consecuencias negativas, Sumar empujó para incluyera también medidas de vivienda. Y repescó una demanda que venía negociando, sin éxito, desde hace meses: la prórroga de todos los contratos de arrendamiento —unos 600.000 caducarían este año, los firmados en plena pandemia, cuando los precios eran más bajos—. El PSOE siempre se ha opuesto con el argumento de que es una medida contraria a la Constitución.

El socio minoritario presiona ahora con más fuerza porque entiende que la subida de los precios de los combustibles terminará por repercutir en el precio de los alquileres, ahogando a las familias. Los socialistas lo rebaten. Según expresó este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras la reunión ordinaria del Gabinete, el mayor reto que tiene el Gobierno por delante es gestionar el impacto del alza de gasolina, gasoil y fertilizantes. "Somos conscientes del efecto en el día a día sobre los bolsillos de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas por este crecimiento del 16% en el precio de la gasolina desde el inicio del conflicto, del 28% en el caso del gasoil o cercano al 40-50% en el caso de los fertilizantes", contó.

El decreto que aprobará el viernes el Consejo de Ministros "irá tanto a proteger a ciudadanos y a empresas en el corto plazo ante el impacto de esta guerra como también a prepararnos para poder protegerlos ante futuros shocks", aseguró Cuerpo. El responsable de Economía adelantó que el Ejecutivo ya cuenta con un "esqueleto" de las medidas y las cuatro dimensiones que pretende contemplar: uno, estructural, con el objetivo de reforzar la apuesta por las energías renovables y la electrificación; dos, la minimización del coste energético y eléctrico, vía medidas fiscales; tres, la mitigación del impacto en la subida de los combustibles o de los fertilizantes, y ahí se pondrá especial atención en los sectores más expuestos, como el campo, el transporte o las industrias intensivas en el consumo de energía, y cuatro, el refuerzo del escudo social.

El Ejecutivo prefiere no dar pistas de las medidas porque el texto no está cerrado y no se aprobará hasta el viernes. Cuerpo sí alude a la inquietud de los socios por la vivienda, sin ir más alla

El ministro, preguntado en numerosas ocasiones si el decreto ley incluiría medidas de vivienda como las pedidas por Sumar, se escabulló. Se limitó a decir que se trata de una "preocupación compartida" por los dos socios de la coalición, un área de trabajo prioritaria "para casi todos los ministerios" que se ven afectados por la crisis de la vivienda o "por la necesidad de reforzar el acceso en condiciones asequibles a una vivienda para los ciudadanos".

Ser "proporcionales"

Pero Cuerpo dio a entender que no quedarán recogidas en el decreto ley, precisamente por la necesidad de ser prudentes y "proporcionales" a los efectos de la guerra: "Con respecto a vivienda o con respecto al IVA de los alimentos, estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas del real decreto ley del viernes tiene que adaptarse al impacto que estamos observando". "¿Pero cómo que no tiene nada que ver la vivienda con la guerra? El primer problema social de este país es la vivienda", rebatía una ministra de Sumar.

Durante la jornada, desde el espacio impulsado por la vicepresidenta segunda se trasladó que el PSOE había ofertado repescar una medida que se aplicó tras la invasión de Ucrania por Rusia y que estuvo operativa, a través de distintas prórrogas, hasta el 31 de diciembre de 2023: la limitación al 2% de las subidas del alquiler. Pero en la Moncloa negaban que se hubiera planteado a sus socios esa alternativa, que no obstante sí fue avalada por el Tribunal Supremo el pasado enero.

El socio minoritario rechaza una medida como volver a topar la subida de los alquileres al 2%, avalada por el Supremo: sería una herramienta complementaria a la prórroga de los contratos

De cualquier modo, para Sumar ese sería un instrumento insuficiente. "Nuestra propuesta y petición es la misma que antes —explican desde Derechos Sociales, el ministerio que pilota Pablo Bustinduy, el negociador con el PSOE por parte del espacio—: prórroga de los alquileres que finalizan y que se encuentran en el mercado con precios disparados respecto a cuando se firmaron, en 2021. Lo mismo que piden ERC, Bildu o el Sindicato de Inquilinas".

Para el departamento de Bustinduy, "topar la subida del alquiler es una medida complementaria a la congelación de los contratos". "Por sí misma", continúan las mismas fuentes, "es una medida que no basta. Lo que sabemos es que el PSOE ha dado diferentes argumentos en diferentes ocasiones para no aprobar la prórroga: desde la inconsticionalidad hasta que no estábamos en una situación como la de la guerra de Ucrania. Y ahora, con la guerra de Irán, ¿qué dicen? No estamos pidiendo nada revolucionario. Es lo que ya hizo este Gobierno y se demostró efectivo, porque ya se aprobó tope y prórroga, ambas cosas de la mano". "Tenemos que tomar medidas porque la gente se va a acabar empobreciendo con la subida de los carburantes. Cuerpo sabe que los carburantes han subido y que eso impacta en los salarios, porque habrá que destinar más parte a cubrir esas alzas, y vamos a ser más pobres", se indigna otra integrante del Consejo de Ministros perteneciente al área minoritaria de la coalición.

El decreto del viernes será más reducido y limitado que el de 2022, el que sucedió a la guerra de Ucrania: debe responder a "las necesidades que vemos en la economía y a la subida de precios por la guerra". ¿Incluirá la vivienda? "Hay que esperar"

En la Moncloa, destacan que la negociación con Sumar continuará, pero partiendo de una premisa clara: conformar un decreto ley que "aúne la mayoría suficiente para que pueda salir adelante". "Ese es el principal criterio". Es decir, que no contenga ningún elemento que lo pueda poner en riesgo. Lo que repiten los ministros y cargos socialistas consultados es que no se puede alumbrar un texto con medidas de vivienda que no comparta Junts y que por tanto acabe derribando con la ayuda de PP y Vox. "Queremos que sea un decreto que responda a las necesidades que estamos viendo en la economía y que dé respuesta a la subida de precios provocada por la guerra. ¿Eso incluye o no la vivienda? Hay que esperar hasta el viernes. No vamos a avanzar pantallas. Estamos mirando y negociando", justifican en el corazón del Ejecutivo. En todo momento, en el equipo de Sánchez se remiten a las palabras de Cuerpo, a la necesidad de articular una respuesta "perimetrada". Y de momento, esgrimen, la inflación no se ha disparado, como sí ocurrió con la invasión de Ucrania. El paquete será, en consecuencia, más reducido y limitado al que se aprobó entonces, en 2022.

Rodríguez insiste en el aval de la Cámara baja

En el pleno de control en el Senado de este martes, y también en declaraciones a los medios después, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, circundaba esa misma idea: el nuevo decreto que está elaborando el Gobierno debe ser "avalado por el Congreso". En plata: que necesita una mayoría simple de votos porque de lo contrario no servirá de nada. Si el PP no da su respaldo o su abstención, la posición de los posconvergentes es decisiva.

Ya está programada la fecha de debate y convalidación del texto en el Congreso: el jueves 26 de marzo, al día siguiente de la comparecencia del presidente en el hemiciclo

El ala socialista del Ejecutivo quiere componer un decreto, por tanto, que no deje resquicios para Junts, pero tampoco para el PP. De hecho, ya ha programado un debate de convalidación y votación muy rápido: el jueves de la semana que viene, 26 de marzo, se abordará en el pleno del Congreso, justo al día siguiente de la comparecencia de Sánchez en el hemiciclo. Cuerpo sí incidió en que este es solo un primer paquete de medidas, que puede haber más en función de cómo vaya evolucionando el conflicto, igual que pasó con la guerra de Ucrania. Dicho de otro modo, que las herramientas para la contención de los alquileres puede venir más tarde. Pero el problema, no obstante, seguirá siendo siempre el mismo: ¿las comparte Junts o no? Para Sumar, la debilidad parlamentaria del Ejecutivo no es excusa, porque se ha de buscar la fórmula para que las medidas puedan pasar el filtro de la Cámara baja. "Es que con el argumento de que no hay números, ¿qué hacemos? ¿Nos disolvemos?", inquieren.

El viernes, menos de 24 horas después de otra cita muy importante, el Consejo Europeo de Bruselas, el presidente dará a conocer la batería de instrumentos puestos en marcha por su Gobierno. Y si no recoge iniciativas en materia de vivienda, como todo parece indicar, el choque en el seno de la coalición simplemente se aplazará, pero no morirá.