La Junta de Andalucía ha abierto la puerta a emprender acciones judiciales contra el Gobierno central por la interrupción de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Málaga. El Ejecutivo autonómico estudia reclamar una “responsabilidad patrimonial” por los efectos económicos derivados de la suspensión del servicio, en vigor tras los temporales del invierno.

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La consejera de Economía, Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha confirmado que el asunto se encuentra en manos del Gabinete Jurídico de la Junta y que, si recibe el aval correspondiente, la administración autonómica iniciará esa vía. Según ha señalado en una entrevista en Canal Sur Radio, la Junta considera que no puede permanecer “de brazos cruzados” ante una situación que atribuye a decisiones del Ejecutivo central.

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Desde el Gobierno andaluz sostienen que la falta de conexión ferroviaria de alta velocidad está provocando pérdidas económicas relevantes, especialmente en Málaga y la Costa del Sol. La consejera ha vinculado la situación a una caída del turismo y a su impacto en familias, autónomos y pequeños negocios, así como en el empleo vinculado a la actividad turística.

Compensaciones y alternativas al AVE

El Ejecutivo autonómico también ha cuestionado la gestión de los plazos para la recuperación del servicio. Según ha indicado España, el Gobierno ha ofrecido varias fechas para la reanudación del AVE, la última de ellas a finales de abril, sin que exista “certidumbre” sobre su cumplimiento. Ha criticado además que la reapertura se haya pospuesto más allá de la Semana Santa, un periodo clave para el turismo en la provincia.

En este contexto, la Junta ha reclamado medidas compensatorias. Entre las propuestas planteadas figuran campañas de promoción turística, incentivos al transporte aéreo hacia Málaga o bonificaciones en el peaje de la Costa del Sol. La consejera ha sugerido que el Consejo de Ministros extraordinario previsto podría abordar este asunto, aunque ha admitido que el Ejecutivo andaluz no confía en que se adopten decisiones en ese sentido.

Más allá de la eventual reclamación patrimonial, la portavoz ha planteado también la necesidad de depurar responsabilidades políticas. Ha comparado la situación con la gestión de incidencias ferroviarias en Cataluña, donde se produjeron ceses y una mayor implicación institucional.

Con todo, la Junta ha situado como prioridad la recuperación del servicio. Reclama al Gobierno una fecha concreta para la reanudación del AVE, así como medidas que mitiguen el impacto económico mientras se prolonga la interrupción. Según ha advertido la consejera, la campaña de Semana Santa ya se da por perdida y el sector turístico afronta ahora la planificación del verano en un contexto de incertidumbre.