Peinado reafirma que Begoña Gómez se aprovechó de su posición para su carrera: "Cualquiera sabe del poder que su esposo tiene"

El juez Juan Carlos Peinado, a cargo de la investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha unificado las dos líneas de investigación que afectan tanto a la mujer de Pedro Sánchez como a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. El magistrado ha señalado que los hechos investigados presentan indicios de delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, que podrían ser competencia de un tribunal del jurado si finalmente se llegara a juicio.

En un auto al que ha tenido acceso El Independiente, Peinado describe cómo Gómez, desde su condición de esposa del presidente, habría utilizado su "prevalente posición moral" para beneficiar a Barrabés influir en decisiones de distintos responsables públicos. "Cualquier ciudadano sabe del poder que su esposo tiene y se reúne con ellos en las dependencias de Moncloa, situación que ya puede llegar a intimidar a cualquiera", sostiene el magistrado, añadiendo que esto habría condicionado la conducta de personas como el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, que llegó a estar imputado en la causa.

Asimismo, según la resolución, Begoña Gómez también habría aprovechado su "proximidad" al presidente del Gobierno "para impulsar su proyección profesional" en el entorno de la Complutense y crear la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, en la que se integró a Barrabés. "Al mismo tiempo, sociedades de su grupo [el de Barrabés] resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas apoyadas por Begoña Gómez", señala Peinado, y apunta que todo ello presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El auto detalla también que Gómez contactó con estas personas en el marco de actividades privadas y no institucionales, y que habría logrado la contratación de su amiga y asesora, María Cristina Álvarez, para gestionar tanto la cátedra como otros proyectos asociados.

Peinado sostiene que estas actuaciones habrían producido un cambio "inmediato y significativo" en la trayectoria profesional de Gómez, hasta entonces vinculada al ámbito privado, y que todas las actuaciones investigadas estarían interconectadas. El juez ha citado a Gómez, Álvarez y Barrabés para el próximo 1 de abril, en Semana Santa, como parte de la investigación antes de decidir sobre la eventual apertura de juicio con jurado.

Peinado plantea un solo juicio con jurado por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. No obstante, advierte de que el objeto del auto "no es anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral, o de sobreseimiento, sino en el de verificar la verosimilitud de los hechos" referidos a los delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias, que según determina la ley son competencia del tribunal de jurado.