Un error en los plazos judiciales pone en riesgo la investigación de una macroestafa 'cripto' de 10 millones de euros

En enero de 2018, un juzgado de la provincia de Lleida comenzó a investigar una denuncia interpuesta por un vecino de La Seu d'Urgell al que habían estafado más de 8.000 euros a través de una web de inversión en criptomonedas. Ocho años después, la causa ha derivado en una macroinvestigación en la Audiencia Nacional contra una de las mayores tramas de fraude en el mundo 'cripto' de Europa, que habría estafado más de 10 millones de euros a 700 víctimas en España. Ahora, un fallo en los plazos de instrucción amenaza con hacer caer buena parte del procedimiento.

Según sostienen las defensas de los acusados de la macroestafa, el plazo inicial para instruir la causa expiró en julio de 2021 sin que se hubiera acordado a tiempo su prórroga la prórroga prevista por la Ley 2/2020, que reformó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Fiscalía solicitó la extensión fuera de plazo —el 31 de agosto— y el auto judicial no se firmó hasta el 10 de septiembre.

El propio Ministerio Público reconoció en dos escritos de finales de 2025 a los que ha tenido acceso El Independiente, todas las diligencias practicadas después de ese plazo carecerían de cobertura legal.

Por ello, las representaciones de los principales implicados han solicitado al juez del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que se declare la nulidad de gran parte de la causa y que se realice un "expurgo" de todas las actuaciones posteriores al vencimiento de los plazos, incluidas detenciones, registros y solicitudes de extradición. Alegan que, aunque la causa fue posteriormente inhibida a la AN, la investigación decaería por haberse incumplido los plazos originales del juzgado de La Seu d'Urgell, y que la actuación del juez actual no podría continuar sobre esa base.

Además, argumentan que el procedimiento se ha convertido en un "sudoku kafkiano" que vulnera los derechos fundamentales de los investigados, y cuestionan la acumulación de decenas de denuncias y atestados de distintos juzgados como si los hechos fueran conexos. Señalan que, aunque las estafas compartan un mismo modus operandi, afectan a víctimas distintas, con importes y fechas heterogéneos, y no justificarían su integración en una sola macrocausa.

Más de 570 webs 'cripto' falsas

La red contaba con 577 dominios web fraudulentos y operaba desde call centers situados en Albania, Georgia, Ucrania y Chipre. Una de las marcas vinculadas al entramado llegó incluso a ser patrocinadora de un equipo de fútbol de la Primera División española.

El modus operandi consistía en prometer beneficios por inversiones iniciales de apenas 250 euros. Una vez captada la víctima, utilizaban un software para mostrar ganancias ficticias y convencerla de invertir sumas mayores. Cuando el usuario intentaba retirar su dinero, los estafadores accedían a sus cuentas mediante programas de control remoto para vaciarlas por completo.

La investigación en España ha implicado la cooperación con Europol y Eurojust, así como la coordinación con las autoridades de Alemania, Finlandia, Suecia, Letonia, Ucrania, Albania o Georgia. Sin embargo, la caducidad de los plazos podría dejar sin efecto gran parte de ese trabajo, afectando directamente a las 700 víctimas españolas, cuyo dinero aún no ha sido recuperado.