El abogado de las víctimas de Adamuz advierte de una presunta "retirada de pruebas" de Adif y no descarta ir a Europa

Sesenta y siete días han pasado desde que el sexto vagón de un Iryo destino Madrid descarrilaba e impactaba contra un Alvia destino Huelva que circulaba en sentido contrario a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz. El siniestro se cobró la vida de 46 personas y dejó heridas a otras 152, y la investigación avanza ahora en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro para tratar de esclarecer lo ocurrido. Pero también se mueve el frente de las víctimas. La asociación que agrupa a los afectados por el descarrilamiento ha decidido reforzar su estrategia legal y contratar los servicios del abogado Antonio Benítez, también a cargo de la demanda del accidente ferroviario de Angrois que ahora examina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El letrado cordobés —fundador del despacho Administrativando Abogados— asumirá la coordinación de la estrategia jurídica de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz. El objetivo, según explica en declaraciones a El Independiente, es abrir una nueva etapa en la defensa de las víctimas e iniciar "cuantas actuaciones administrativas y judiciales se consideren oportunas" contra los distintos organismos implicados en gestión del accidente. "No vamos a parar, lucharemos hasta el final para saber la verdad y que se haga justicia", subraya a este periódico.

La decisión llega tras semanas en las que los afectados aseguran haber vivido una situación marcada por la "descoordinación, la incertidumbre y las contradicciones" en la información recibida por parte de las administraciones públicas. En ese contexto, Benítez sostiene que la presunta "responsabilidad compartida" de esta situación recae en los múltiples organismos implicados, desde el Ministerio de Transportes hasta Adif, las operadoras ferroviarias, los servicios sanitarios o las aseguradoras. "Pero ello no puede traducirse en una dilución de responsabilidades", incide.

Según relata, las víctimas se enfrentan todavía a información "incompleta o contradictoria" sobre lo ocurrido, así como a dificultades en el acceso a tratamientos y procesos de rehabilitación. También denuncian la ausencia de protocolos claros para accidentes de esta magnitud y problemas de coordinación entre comunidades autónomas en la atención sanitaria a los heridos.

Pero entre las preocupaciones que trasladan los afectados figura también la "presunta retirada o alteración de pruebas" por parte de Adif. Según avanzó entonces el diario ABC, la empresa pública retiró materiales de la zona de Adamuz durante la madrugada del 22 al 23 de enero y los trasladó a su base de mantenimiento de Hornachuelos, un extremo que fue confirmado al día siguiente por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

La gestora ferroviaria solicitó permiso a la jueza para acceder a la zona cero el 26 de enero. La Guardia Civil lo autorizó el día 27 tras señalar que habían concluido todas las actuaciones, y se le comunicó a la empresa pública el 28. Por tanto, el día 22 —cuando se retiraron los materiales— no existía aún autorización judicial. Entre el 2 y el 6 de febrero, los agentes acudieron a la base de Hornachuelos para precintar las soldaduras almacenadas y ponerlas a disposición judicial.

Justamente este martes, el presidente de Adif, Pedro Marco, subrayó ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados que la empresa pública no había alterado pruebas ni informes relacionados con el accidente, y calificó de "infamia" afirmar que se habían recogido pruebas para ocultarlas. Según explicó, tanto la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como la Guardia Civil ya se habían retirado del lugar tras constatar que se habían recogido todas las evidencias necesarias. Y, en todo caso, Marco aclaró que se trataban de materiales situados a más de 130 metros del punto del siniestro.

Una investigación "ajena a injerencias políticas"

En este contexto, la estrategia jurídica de la asociación se articula en varios frentes. El primero será supervisar que la investigación técnica del accidente se realice de forma "objetiva e independiente". Al mismo tiempo, el equipo legal tratará de recopilar toda la información disponible para reconstruir lo ocurrido y definir las posibles líneas de actuación judicial.

"Nos encontramos todavía en una fase muy preliminar", señala Benítez, que insiste en que el trabajo ahora pasa por "hacer acopio de toda la información posible" y detectar posibles "anomalías" tanto en la investigación de las causas del siniestro como en la gestión posterior al accidente. "De momento todo sigue su curso y, en cualquier caso, estamos muy atentos a que se investigue de forma totalmente independiente y ajena a cualquier injerencia política", precisa el letrado.

En este sentido, uno de los próximos hitos será el informe final de la CIAF, organismo adscrito al Ministerio de Transportes encargado de analizar este tipo de siniestros. Según Benítez, su publicación está prevista para los próximos meses y permitirá conocer "cuál es la versión técnica oficial" sobre lo ocurrido el 18 de enero. "En función de los datos que vayamos recopilando, determinaremos las vías de acción a interponer", detalla.

La vía europea y los paralelismos con Angrois

La experiencia del letrado cordobés en el caso del Alvia en Angrois —accidente ocurrido en 2013 en Santiago de Compostela y que dejó 80 víctimas mortales—, también marca la estrategia. Aquel siniestro, considerado hasta ahora el más grave de la democracia en España, continúa su recorrido judicial más de una década después y ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Benítez reconoce que, aunque todavía es pronto para establecer conclusiones firmes, aprecia "muchos paralelismos" entre ambos. "Los dos casos se tratan de tragedias ferroviarias con un número elevado de fallecidos y lesionados, y los dos son investigados por la CIAF", especifica. Además, señala que en ambos episodios las asociaciones de afectados han denunciado situaciones de desamparo institucional y falta de participación efectiva en los procesos de investigación.

En el caso de Angrois, recuerda el abogado, acudir a instancias europeas "fue clave": "Organismos europeos confirmaron que la investigación administrativa llevada a cabo no había respetado los cánones de objetividad e imparcialidad ni las garantías mínimas legalmente establecidas como 'escuchar' a las víctimas, ofrecerles trámite de audiencia y acceso al expediente, entre otras irregularidades normativas y procedimentales". Y, precisamente por esto, el letrado no descarta llegar a Europa con la causa de Adamuz.

Mientras tanto, la investigación judicial del descarrilamiento de Adamuz continúa avanzando en el juzgado de Montoro. Precisamente esta semana, la jueza instructora ha requerido a Adif que aclare los motivos técnicos por los que se sustituyó un carril en las inmediaciones del punto kilométrico donde se produjo el accidente. La magistrada ha solicitado además identificar a la empresa suministradora, a los responsables que informaron del supuesto defecto detectado y a los técnicos que participaron en la decisión de sustituirlo, así como determinar si ese posible fallo pudo afectar a otros tramos de la vía.

Para las víctimas, el recorrido judicial será largo. El propio Benítez recuerda que en el caso de Angrois transcurrieron 11 años hasta la primera sentencia. Pero está convencido: "Lucharemos hasta el final para saber la verdad".