El juez Peinado sienta a las partes del caso Begoña Gómez para encaminar la causa hacia un jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a las partes del caso Begoña Gómez a las 12.00 horas de este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para comunicarles su intención de dirigir la causa hacia un tribunal del jurado si finalmente llega a juicio. La vista servirá para formalizar el rumbo procesal del procedimiento, que investiga la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno, de su asesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés. En concreto, el magistrado investiga a Gómez por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación de fondos públicos.

La decisión de tomar esta vía llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid tumbara en febrero el intento previo del instructor de abocar el caso al Tribunal del Jurado. Los magistrados estimaron el recurso presentado por la defensa de la esposa de Sánchez al considerar que no había "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa pretensión, reprochando a Peinado que no había realizado "un mínimo esfuerzo argumentativo" para justificar la tipicidad de los delitos y la participación de los investigados, según recoge el escrito, al que ha tenido acceso este periódico.

En un auto emitido el pasado 20 de marzo, el juez trata de subsanar el reproche y sostiene que durante la instrucción sí se pudo comprobar "la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos" que serían competencia jurado popular —en concreto, tráfico de influencias y malversación—, por lo que considera procedente encaminar la causa hacia ese tipo de tribunal.

Hasta entonces, la causa estaba dividida en dos piezas separadas. La primera se centraba en las actividades de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, como su acceso a una cátedra extraordinaria, el supuesto tráfico de influencias en favor de Barrabés y el uso del programa informático vinculado al proyecto. La segunda analizaba una posible malversación derivada del fichaje de Álvarez para tareas privadas ajenas a sus funciones en Presidencia. El instructor decidió finalmente unificar ambas líneas al considerar que todos los hechos estaban conectados y debían examinarse de manera conjunta para dilucidar si estas actividades pudieron dar lugar a los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación de fondos públicos.

A falta de 24 horas para la cita, fuentes jurídicas precisaron a este periódico que no se había solicitado ningún dispositivo de seguridad por parte de los citados, por lo que lo previsible es que solo acudan las representaciones legales de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez.

La cátedra, en el centro de la investigación

En su resolución, Peinado sitúa en el centro del caso la creación y desarrollo de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Complutense. Según el juez, Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno" para "impulsar su proyección profesional" en el ámbito universitario, logrando una interlocución directa con responsables académicos, empresas patrocinadoras y entidades tecnológicas. Así, sostiene que desde esa posición "recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial" para "la creación, desarrollo y expansión" de la cátedra, iniciativa de la que, según apunta, se habría apropiado indebidamente.

"Se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esta situación de capacidad de decisión de su esposo, contrata a su amiga e investigada, Cristina Álvarez, a la que utiliza no sólo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas", añade el instructor, que además precisa que la financiación provenía de empresas privadas que, conocedoras de quién solicitaba las ayudas, "no dudaron en concederlas", siempre con la "intensa y permanente ayuda" de Álvarez.

En este sentido, Peinado también precisa que la exasesora era percibida por terceros como una "persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra" y del proyecto vinculado al software desarrollado para la iniciativa. En esta línea, rescata las declaraciones de algunos testigos que señalaron a la exasesora como "interlocutora directa", lo que, a su juicio, refuerza la conclusión de que no era una "mera asistente".

En cuanto a Barrabés, la resolución desliza que Begoña Gómez pudo enviar cartas en las que sugería, "de forma directa o indirecta", la adjudicación de concursos públicos para presuntamente "beneficiar" al empresario.

Las tres defensas han recurrido el auto

Las defensas de los tres investigados han recurrido la decisión de Peinado de dirigir la causa a un tribunal del jurado. Por un lado, el abogado de Gómez —el exministro del Interior Antonio Camacho—, solicita que se deje sin efecto el auto, que califica como una "mera reiteración de conjeturas" bajo una "redacción confusa". "La única conclusión que puede extraerse es que se está investigando a mi representada por ser cónyuge del presidente del Gobierno", recoge el escrito, al que ha accedido este periódico.

Así, añade que los datos empleados por el magistrado son "falaces", y advierte de que la falta de una "obligada motivación ponderativa" impide saber si Peinado ha valorado el impacto mediático del caso. Según sus abogados, remitir la causa a un jurado popular podría generar una "lesión posterior del derecho a un juez imparcial" por el "juicio paralelo" alimentado por la "acción persistente y continuada de los medios de comunicación, los foros políticos y su reiteración en las redes sociales".

Por su parte, Cristina Álvarez también ha presentado un recurso contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Su defensa cuestiona los indicios utilizados por el magistrado y señala que dedicar "medio minuto al día" a tareas privadas de Gómez no puede considerarse un delito de malversación. Además, subrayan que, aunque la malversación y el tráfico de influencias son competencia del tribunal del jurado, otros delitos incluidos en la causa —corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo— no lo son.

Igualmente, la defensa de Barrabés se ha sumado a la estrategia y ha solicitado al juez que archive la causa contra él por no existir "ni una sola evidencia" de los delitos que se le imputan. En su recurso, su defensa acusa a Peinado de realizar una "forzada interpretación de algo inexistente" para transformar el procedimiento en un juicio con jurado. Señalan que Barrabés solo participó en un máster dirigido por Gómez, al igual que otros profesores, y que no hay pruebas de que su intervención tuviera relación alguna con la cátedra creada posteriormente ni con los supuestos beneficios empresariales vinculados.