La gestión de la “profesión de riesgo” ha abierto una brecha política y operativa entre los dos ministerios encargados de la seguridad del Estado. Mientras el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, ha provocado un profundo malestar en las Fuerzas Armadas al plantear un modelo que diferencia a los militares en función de su fecha de ingreso, el Ministerio del Interior ha optado por una vía distinta para evitar que ese conflicto se traslade a policías y guardias civiles.
No dejar fuera a las clases pasivas
Según fuentes de la Policía Nacional, en una conversación con El Independiente, la Secretaría de Estado de Seguridad ha trasladado en una reunión reciente que, a diferencia del modelo planteado por Defensa, Interior no dejará fuera a los agentes que ingresaron antes de 2011. El objetivo pasa por un reconocimiento integral que abarque tanto a los funcionarios adscritos al régimen de Clases Pasivas como a aquellos que cotizan en la Seguridad Social.
El contraste con la situación en las Fuerzas Armadas es notable. El pasado 26 de marzo, Defensa inició los trámites para declarar la carrera militar como profesión de riesgo, pero limitando sus efectos a los militares incorporados a partir del 1 de enero de 2011. Esta decisión deja fuera a una parte significativa del colectivo, precisamente a aquellos con más años de servicio.
En el ámbito militar, la medida ha generado “sorpresa y frustración”. Fuentes del estamento describen la situación como un “despropósito” desde el punto de vista operativo. “Imagínate una patrulla en la que uno le dice al otro: ‘ve tú delante, que eres profesión de riesgo’. Es absurdo, pero refleja el problema”, explican, subrayando que en escenarios como Irak o Líbano la exposición al peligro es idéntica con independencia del régimen de cotización.
Lo que Interior trata de evitar
A ello se suma el malestar por las formas. El anuncio se realizó a través de redes sociales, lo que llevó incluso a pensar inicialmente en un posible “hackeo”, ya que la cuestión no figuraba en el orden del día del Consejo de Personal. Este “guantazo” por redes sociales, como se describe en ámbitos policiales, es precisamente lo que Interior trata de evitar.
En este contexto, la Secretaría de Estado de Seguridad trasladó un mensaje de calma en una reunión celebrada este lunes con la plataforma por una “jubilación digna”, que agrupa a la mayoría de sindicatos y asociaciones. La intención del departamento que dirige Marlaska es que el reconocimiento de la peligrosidad no establezca diferencias en función de la fecha de ingreso.
“Nos dijo la Secretaria de Estado que sí querían tratar el tema de mejorar las pensiones... tanto los que estamos en el antiguo régimen de Clases Pasivas como los de Seguridad Social”, explica una fuente policial presente en la negociación. El planteamiento pasa por aplicar índices correctores que permitan incrementar la cotización en función de los servicios prestados.
La lógica, según las fuentes consultadas, es clara, ya que “no es lo mismo estar trabajando 30 años en una tienda que estar trabajando 30 años en la policía”. Sobre esta base, Interior pretende avanzar hacia un modelo que reconozca la peligrosidad inherente al trabajo policial y su impacto en la jubilación.
Una fecha en el calendario
Para ello, el ministerio ya ha fijado un calendario. A finales de abril está previsto el inicio de una mesa técnica en la que se abordará el cambio normativo necesario para adaptar tanto el sistema de Clases Pasivas como el de la Seguridad Social. El objetivo es que este reconocimiento se traduzca en mejoras reales en las pensiones.
El referente para los agentes no está en Defensa, sino en otros colectivos que ya cuentan con este tipo de reconocimiento. “Los mineros se jubilaban súper pronto, con 45 o 50 años, con pensiones buenas porque tenían reconocida la peligrosidad inherente”, recuerdan las fuentes. En este sentido, mientras que en Clases Pasivas existe la posibilidad de jubilación a los 60 años con 30 de servicio, la aspiración es mejorar ese régimen y extender soluciones al sistema de Seguridad Social, donde actualmente no existe una vía equivalente.
Diferencias en el mismo colectivo
Desde Defensa se ha argumentado que limitar la medida a los militares incorporados a partir de 2011 responde a una cuestión de “facilidad administrativa”, al estar ya desarrollado el mecanismo en la Seguridad Social. Sin embargo, las asociaciones profesionales —ASFASPRO, AUME y UMT— rechazan este planteamiento y advierten de que no se pueden crear diferencias dentro del mismo colectivo, llegando incluso a proponer “pasarelas” voluntarias entre regímenes.
La decisión de Interior de desmarcarse del modelo de Defensa tiene también una lectura política. El departamento de Marlaska busca evitar un conflicto con sindicatos y asociaciones que reproduzca el clima de tensión existente en las Fuerzas Armadas. Al incluir a los agentes más veteranos, desactiva uno de los principales focos de protesta dentro de Policía y Guardia Civil.
Este movimiento, sin embargo, acentúa el contraste entre ambos ministerios. La diferencia de trato resulta evidente: un guardia civil que ingresó antes de 2011 podría ver reconocida su profesión de riesgo de forma integral, mientras que un militar en la misma situación quedaría excluido por el modelo planteado por su propio ministerio.
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