El hijo de Ábalos y Jessica Rodríguez abren el juicio del caso mascarillas en el Supremo

Ha llegado el día. El Tribunal Supremo arranca este martes su 'súper abril' con la primera sesión del juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, señalados como el núcleo de una trama de presuntas mordidas en la adjudicación de contratos de mascarillas durante el peor momento de la pandemia. A lo largo de 23 sesiones que se prolongarán hasta el 30 de abril, los magistrados de la Sala de lo Penal escucharán a más de 70 testigos, peritos, agentes y los propios acusados para esclarecer si detrás de la compra de material sanitario por Puertos del Estado y Adif se ocultaba una red de comisiones y favores políticos. 

La vista oral arranca a las 10.00 horas con la declaración de Víctor Manuel Ábalos, hijo del exministro socialista y una de las personas del entorno familiar más cercano al exdirigente del PSOE. El propio Aldama le señaló en un escrito presentado ante el Supremo en diciembre de 2024, en el que le acusaba de haber recibido presuntas comisiones camufladas en adjudicaciones de obras en el extranjero. El primogénito de Ábalos ha rechazado estas acusaciones y sostiene que son falsas.

Tras él comparecerán el empresario Javier Álvarez Montalvo, persona del círculo de Aldama, e Ignacio Díaz Tapia, otro de los socios del comisionista.

El cuarto de los testimonios previstos es el de Joseba García, hermano de Koldo. La investigación lo sitúa como presunto peón en el movimiento del dinero en efectivo que movía la trama. Según el relato de Anticorrupción, Aldama habría entregado a Koldo 10.000 euros mensuales en metálico desde octubre de 2019 hasta julio de 2022, cantidades que supuestamente estaban destinadas a repartirse entre el asesor ministerial y el propio Ábalos. En algunas ocasiones, el dinero habría sido recogido por Joseba siguiendo instrucciones de su hermano.

El Ministerio Público sostiene además que parte de esos pagos en metálico se habrían efectuado en República Dominicana, ante una puntual falta de liquidez por parte de Aldama. Según la investigación, Joseba viajó hasta en dos ocasiones al país caribeño para recoger el dinero en la sede de Pronalab, empresa vinculada al comisionista y dedicada a la realización de pruebas de antígenos.

Los enchufes de Jessica y el alquiler de su piso

Otro de los testimonios más esperados es el de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos. Durante la instrucción del caso reconoció ante el Supremo que cobró sin trabajar en dos empresas públicas, primero en Ineco, entre marzo de 2019 y febrero de 2021; y posteriormente en Tragsatec, donde estuvo contratada entre marzo y septiembre de 2021. El juez instructor, Leopoldo Puente, el exministro habría utilizado su posición para favorecer la contratación de Rodríguez en estas empresas vinculadas a su cartera, sin pasar procesos de selección relevantes y sin acudir a su puesto de trabajo.

Asimismo, el magistrado sostiene que Aldama también habría asumido el coste del alquiler del piso donde residía Rodríguez, ubicado en la Torre de Madrid, en plena Plaza de España. La vivienda tenía una renta mensual de 2.700 euros, que según la investigación fue abonada durante más de dos años por su supuesto testaferro, Alberto Escolano, por encargo del propio empresario y en presencia de Koldo García. En total, los pagos habrían superado los 80.000 euros.

La sesión de la mañana la cerrará Ana Araceli Arigita, responsable de selección y reclutamiento de Ineco, cuyo nombre aparece vinculado al proceso de contratación de Jessica.

Los testigos de la tarde

A partir de las 15.30 horas están citados otros cinco testigos. La primera será Virginia Barbancho, supervisora del proyecto de Tragsatec en el que fue contratada Rodríguez. Según su testimonio —recogido en un informe interno del grupo Tragsa remitido al Supremo—, la entonces pareja de Ábalos nunca acudió a trabajar y que recibió presiones para hacer la vista gorda. En un primer momento, le habrían indicado que se trataba de una sobrina de Koldo García; posteriormente le dijeron que era sobrina del propio ministro.

El mismo informe recoge que el currículum de Rodríguez llegó a la empresa pública a través del entonces director de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, acompañado de un escueto: "Llámame". Ya por llamada telefónica, le indicó que debían contratar a Jessica y le aseguró que Pardo de Vera estaba "muy molesta con la situación", pero que, a pesar de ello, debían seguir adelante con el trámite por ser "una instrucción que debía cumplirse".

También declarará Alberto Escolano, socio de Aldama y quien reconoció ante el juez haber alquilado a nombre de una de sus empresas el piso de la Torre de Madrid en el que residía Jessica Rodríguez. De hecho, el comisionista entregó la semana pasada al Supremo la documentación sobre los pagos de esta vivienda, incluyendo varios correos electrónicos que la agencia inmobiliaria envió a Escolano advirtiéndole del impago del alquiler: "El siguiente paso es proceder a una demanda de desahucio porque no hay ningún tipo de colaboración".

La jornada se completará con los testimonios de Alberto Fernández Blasco, exdirector de asesoría jurídica de Tragsa; Miguel Ferrández, empresario vinculado al entorno de Aldama; y Álvaro Gallego, el chófer que habría llevado a Carmen Pano en uno de los viajes en los que presuntamente acudió a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid a entregar 90.000 euros en efectivo.

El juicio se centra en la presunta trama de comisiones vinculada a los contratos de mascarillas adjudicados en 2020 por Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista. Las compras bajo sospecha rondan los 36 millones de euros, y Aldama se habría llevado unos 3,7 millones de euros como resultado.

Anticorrupción atribuye a Ábalos y al que fuera su mano derecha hasta siete delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada y prevaricación. Así, solicita para el ex titular de Transportes una pena de 24 años de prisión y otra de 19 y medio para Koldo, cifra que las acusaciones populares elevan a 30 años. Para Aldama, considerado el presunto corruptor de la trama, la petición de condena se sitúa en siete años de cárcel tras habérsele aplicado una atenuante simple de confesión.