Una hoja de cálculo elaborada a principios de la pandemia podría ser la pieza clave del juicio del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo. Corría marzo de 2020 cuando a un trabajador de la cúpula del Ministerio de Transportes se le encargó recopilar las necesidades de material sanitario para las entidades públicas dependientes del departamento. Preguntó, hizo sus cálculos y volcó los datos en un excel: cuatro millones de mascarillas para 15 días y cerca de ocho millones para un mes. 

Ese funcionario era Javier Sánchez Fuentefría –entonces director de Organización e Inspección de la cartera que dirigía José Luis Ábalos–, y en su declaración este miércoles como testigo reconstruyó el origen de ese documento, que las defensas tratan ahora de convertir en el clavo que apuntale su tesis de que la decisión sobre las cantidades a adquirir no partió ni del exministro y de su entonces asesor, Koldo García, sino de una previsión técnica previa.

Y ahí es donde está uno de los nudos de la causa, según precisan fuentes del caso a este periódico. Entre los indicios que analiza el tribunal se sitúa la decisión de duplicar la compra de mascarillas por parte de Puertos del Estado a la empresa Soluciones de Gestión en cuestión de minutos. El cambio quedó reflejado en la orden ministerial y elevó el precio del contrato de 12 a 24 millones de euros a la mercantil, vinculada al comisionista Víctor de Aldama. La duda es si esa decisión respondió a una necesidad real ya detectada por los técnicos, o si fue una modificación posterior planeada por Ábalos y su mano derecha para beneficiar a Soluciones.

El testimonio de Fuentefría apunta a lo primero. El ex alto cargo de Transportes insistió ante los togados que su papel se limitó a recabar datos y trasladarlos a su superior, el subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez. "Pedí las necesidades a las entidades y me comunicaron sus estimaciones. Ese excel lo remití a mi jefe con las necesidades para 15 y 30 días", insistió, subrayando que no conocía la existencia de ofertas concretas cuando elaboró la hoja de cálculo: "Cuando me dice mi jefe que se va a hacer una compra fue el 19 de marzo. No tenía conocimiento de ninguna empresa, la oferta que me pasó para Puertos del Estado fue al día siguiente".

Sin embargo, esa versión choca con la auditoría interna encargada posteriormente por el propio Ministerio de Transportes –con Óscar Puente ya al frente como titular–, que precisamente cuestionó ese salto de cuatro a ocho millones. Pero en esa auditoría no se incluyó el excel de Fuentefría, según corroboró su sucesora en el cargo, Belén Villar, quien encargó el informe a dos auditoras. En su testifical ante el Supremo aseguró que no fue "hasta hace poco" que tuvo conocimiento de la existencia de esa hoja.

Ahí es donde las defensas ven una grieta en la investigación. Si la previsión de compra ya contemplaba esas cifras antes de que existiera una oferta concreta sobre la mesa, el incremento no habría sido, a su parecer, una decisión arbitraria, sino la ejecución de una necesidad calculada en base a "criterios técnicos".

La auditoría encargada por Puente

La disputa sobre la validez de esa auditoría se ha convertido además en otro frente del caso. Desde el primer momento, tanto Ábalos como Koldo han sostenido que se trató de un documento "sesgado" y con "motivación política", diseñado para desacreditarles en paralelo al procedimiento judicial que ya había arrancado en la Audiencia Nacional. De hecho, el exministro se querelló contra las autoras del informe y contra Villar por los presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio.

Ábalos llegó a afirmar que no existía un precedente en el que un ministro hubiera impulsado una investigación interna sobre su propio predecesor del mismo partido, y denunció que el informe tuvo una "trascendencia efectiva" en su imputación, al ser incorporado por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en la exposición razonada que elevó al Supremo.

En ese auto, el magistrado señaló que la auditoría apuntaba a la posibilidad de que el entorno de Ábalos hubiera contactado y negociado con Soluciones de Gestión –en el marco del presunto "concierto de voluntades" que tenía con Aldama para supuestamente embolsarse mordidas– para ajustar el contrato a su oferta, una conclusión que, según recogía, coincidía con las diligencias de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Frente a ello, fuentes de la acusación subrayan que la investigación de la UCO se inició antes de esa auditoría y que los indicios contra Ábalos y Koldo existen al margen del informe elaborado por el Ministerio de Transportes. En concreto, el punto de partida se sitúa en 2022 con la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción por el diputado del PP, Alfonso Serrano.