Adif y Transportes se pasan la pelota de los contratos de mascarillas en la antesala de la declaración de Pardo de Vera

La responsabilidad sobre los contratos de mascarillas durante la pandemia se ha convertido en la protagonista de la quinta jornada del juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo. El Ministerio de Transportes "ordenaba", pero eran Adif y Puertos del Estado quienes podían "decidir". O, al menos, eso es lo que se desprende del cruce de versiones entre los dos principales testigos que declararon este martes, en la víspera de la testifical de la expresidenta del órgano ferroviario, Isabel Pardo de Vera.

El que fuera subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, ha sostenido a lo largo de su intervención ante el Salón de Plenos que no tomó "ninguna decisión" sobre la adjudicación a la mercantil Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama. "No me tocó ni valorar ni adjudicar", ha reiterado, insistiendo en que era el "órgano de contratación" —esto es, Puertos del Estado primero y Adif después— el "responsable del contrato".

Sin embargo, en su relato ha venido a confirmar que las órdenes de compra partían directamente de la cartera que entonces dirigía José Luis Ábalos, que encargó la compra de mascarillas en pleno estado de alarma por la situación de emergencia sanitaria. Desde la Subsecretaría, explicó Gómez, se preparaban los borradores de esas órdenes para después trasladarlos a las entidades dependientes para su ejecución.

Ese reparto de funciones —orden política desde arriba, ejecución técnica desde abajo— ha sido el eje sobre el que ha pivotado su declaración. Gómez ha reconocido, por ejemplo, que fue Koldo García quien le llevó en mano al despacho, el 20 de marzo de 2020, la primera oferta de Soluciones de Gestión, antes incluso de que se formalizara la orden ministerial. Él mismo la remitió a Puertos del Estado para "agilizar" la tramitación.

Aun así, ha negado que desde Transportes se impusiera a esa empresa como adjudicataria. Preguntado expresamente por la defensa de Ábalos, a cargo del abogado Marino Turiel, sobre la capacidad de Puertos y Adif para decidir, el testigo ha sido tajante: "Sí". Y ha rematado: "El ministro lo que hace es ordenar una compra, pero el control lo tiene siempre el órgano de contratación".

En ese marco se firmaron los dos primeros contratos bajo sospecha en esta causa. El de Puertos del Estado, por 24,2 millones de euros, y el de Adif, por 12,5 millones, se suscribieron con apenas una semana de diferencia —el segundo, el 27 de marzo de 2020— y ambos al amparo de órdenes del Ministerio de Transportes firmadas personalmente por José Luis Ábalos. Se tratan de los primeros movimientos de una presunta trama que, según la investigación, habría aprovechado la adjudicación de varios contratos por valor de 53 millones de euros durante la pandemia para embolsarse mordidas.

La "orden ministerial" como amparo

Esa misma idea de la autonomía decisoria de ambos entes públicos ha sido matizada por el segundo testigo 'clave' de la jornada, Michaux Miranda, exdirector de gestión de personas de Adif. Fue uno de los responsables de gestionar la compra de de mascarillas desde el administrador ferroviario a Soluciones de Gestión, decisión que ha defendido como "la más razonable posible" en el contexto de urgencia que se estaba viviendo. Pero que, a la vez, ha amparado en la "orden ministerial" que llegó desde Transportes: "Hicimos el pedido bajo el amparo de esa orden".

Miranda ha detallado cómo se tomó la decisión de descartar otras opciones. Según ha asegurado, la presidenta de Adif le trasladó inicialmente una única oferta: la de Soluciones de Gestión. "Solo esa". Y también fue la propia Pardo de Vera quien le facilitó el contacto de la mercantil de Aldama.

En ese contexto, el trabajador ha explicado que recibieron una propuesta formal de la compañía Injoo Technology, que ofrecía un precio inferior, de 2,10 euros por unidad frente a los 2,50 de Soluciones de Gestión. Pero fue descartada por su "difícil realización" y las dudas sobre su capacidad de entrega.

Miranda ha explicado que el equipo valoró incluso la posibilidad de repartir el encargo entre ambas empresas, pero acabaron descartándolo cuando empezaron a llegar las primeras mascarillas a través de Puertos del Estado y se consideró que la logística de Soluciones "ya estaba en marcha". "La prioridad era asegurar el suministro", ha insistido ante el tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

Ocurre que el director general financiero de Adif trasladó una evaluación de solvencia en la que situaba a Soluciones de Gestión con un nivel de riesgo de impago "alto" (3/10) e Injoo Technology con un riesgo "medio" (5/10). No obstante, los directivos del ente público optaron por concentrar el contrato en la mercantil de Aldama, porque "Adif no adelantaba dinero" y había que "asegurar" que las mascarillas llegasen: "El tiempo demostró que Injoo no fue capaz de suministrar la totalidad de las mascarillas".

Al mismo tiempo, ha negado haber recibido presiones por parte de Ábalos o Koldo García para contratar con esa empresa, aunque sí ha reconocido haber mantenido "dos o tres llamadas" en abril de 2020 con el hombre de confianza del entonces ministro.

Pardo de Vera, testigo clave de la sexta jornada

Las declaraciones de ambos anteceden a la declaración como testigo este miércoles de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Dirigió el ente público entre junio de 2018 y julio de 2021, periodo en el que se produjeron las adjudicaciones ahora bajo investigación. Posteriormente, fue secretaria de Estado de Transportes hasta 2023. Su papel podría haber sido clave en la cadena de decisiones para adjudicar el contrato de cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión por parte de Adif.

Además, la exalto cargo aparece también investigada en otra de las ramas del 'caso Koldo' que se siguen en la Audiencia Nacional. Concretamente, la relacionada con adjudicaciones de obra pública en las que Hacienda aprecia patrones de incremento de precios y relevancia de juicios de valor en las adjudicaciones. Es por ello que Pardo de Vera acudirá a su testifical acompañada de su abogado y podrá acogerse a su derecho a no responder a las preguntas de las partes que considere.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —del 24 de febrero— apunta a la presunta implicación de Pardo de Vera en las gestiones relacionadas con la adjudicación de contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión. Según los investigadores, habría intercambiado mensajes con el exasesor ministerial Koldo García "con carácter previo a la adjudicación del contrato" y también en relación con la entrega de material sanitario, lo que permitiría inferir una participación activa en la selección de la empresa.

Además, también se la vincula a la presunta contratación irregular de la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, en Ineco y Tragsatec —empresas públicas vinculadas a Transportes—. Según un informe interno del Grupo Tragsa, la incorporación de Jessica en Tragsatec en 2021 respondía a "una instrucción que debía cumplirse", pese a que la propia Pardo de Vera "estaba muy molesta con la situación".