Al borde de que se cumplieran los cuatro meses desde las últimas elecciones en Extremadura, el PP de María Guardiola y Vox alcanzaron un acuerdo de coalición que permite a Vox volver a un gobierno compartido con los populares casi dos años después de la fractura generalizada de pactos con los de Alberto Núñez Feijóo. El texto configurado tiene 61 puntos con 74 medidas incorporadas que radican especialmente en inmigración, rebajas fiscales, y políticas energéticas y reticentes con las directrices climáticas o comerciales fijadas en la UE.

Se ha establecido un calendario para el cumplimiento de estos acuerdos a lo largo de la legisltaura, que terminará a finales de 2029, y para esa ejecución se han consensuado partidas económicas y se ha otorgado a Vox dos carteras: Servicios Sociales, Familia y Desregularización, que tendrá rango de vicepresidencia con Óscar Fernández al frente, y la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Pero más allá del detalle de lo incluido del pacto [puede leerlo aquí], el acuerdo entre el PP extremeño y Vox evidencia cesiones ideológicas por ambas partes, en el que, a priori, Vox sale beneficiado por los tintes anti migratorios que copan la mayoría de los once ejes acción política planteados.

La campaña planteó la existencia de dos partidos incompatibles. El inicio de las negociaciones ahondó en ello, con cruces de reproches por redes sociales, desencuentros privados y filtraciones acusando al rival. Un polvorín que se intentó apaciguar en dos ocasiones mientras de fondo Bambú rivalizaba con Génova. Finalmente, este jueves, desde el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, Guardiola aseguró que se ha podido llegar a buen término "pese a las diferencias ideológicas que puedan existir". "Hoy se demuestra que gana la democracia frente a la crispación, que gana el diálogo frente al ruido".

La inmigración, la principal cesión de PP a Vox

Guardiola, que ha estado tutelada por Génova -por el secretario general, Miguel Tellado, y por la jefa de Gabinete de Feijóo, Marta Varela- ha cedido ante Vox en términos migratorios, en el principal eje discursivo de los de Santiago Abascal. Aunque la inmigración se explora explícitamente en el cuarto punto del pacto, copa la mayoría de puntos. Vertebra el acuerdo, lo que posiciona por delante a Vox, no sin que el PP haya arrancado puntos favorables.

El PP ya en octubre del año pasado endureció sus posiciones en cuanto a inmigración, condenando la irregular y a quien la fomenta, y apoyando una inmigración regular y ordenada, y, sobre todo, ligada a un contrato de trabajo. Se habló del visado por puntos dentro de la propuesta nacional de inmigración que quiere implementar Feijóo una vez llegue a Moncloa durante su gobierno -aunque según los sondeos deberá ser, por ahora, de la mano de Abascal-.

Ese nuevo marco migratorio en el que se mueve el PP sí contempla un rechazo férreo a imposiciones en cuanto acogidas sin principios de equidad y solidaridad territorial -se critica que el Gobierno priorice zonas al margen de Euskadi o Cataluña, ya de por sí saturadas, para no descontentar al PNV o Junts-. Algo que puede ir de la mano con el compromiso fijado en el acuerdo de utilizar todos los medios para rechazar la inmigración ilegal. Esto se especifica en el documento: "No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)". Hay que dar la batalla al Gobierno central "por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales". Se contemplan así vías ya ejercitadas como la de los recursos al Constitucional o al Supremo.

Ahora bien, el PP adopta un perfil xenófobo al hacer suyo la exigencia de la "prioridad nacional" por la que viene abogando Vox. Se garantiza "la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular", con la excepción de aquellas personas que se encuentren en un supuesto de "emergencia vital" clara.

Si bien no puede retirarse la atención sanitaria universal a los inmigrantes, al depender esas cuestiones del Ejecutivo central, sí se habla de un reforzamiento del servicio de salud con mejoras en las condiciones laborales o el reforzamiento de las principales áreas, con "una atención accesible y de calidad para los españoles".

Además de la salud, esa priorización de los autóctonos se da en vivienda. Para el acceso a la vivienda protegida o de alquiler social, habrá "un sistema inspirado en el principio de prioridad nacional". Al posicionarse en una franja que puede ser inconstitucional, el PP consigue arañar la siguiente matización: "De acuerdo a la legislación vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Por último, otra de las cesiones troncales del PP -no lo incluyó en su propuesta migratoria- con Vox es la retirada de las ayudas económicas a las ONG y entidades que tienen un papel determinante para la atención y gestión de la inmigración irregular, especialmente la de los menores. Se insta al PP a no ampliar las plazas para estos jovenes en los centros de acogida y, también, a plantear reforzamientos legales para dotar de mayor seguridad a los centros y los barrios en los que se encuentran. Hay compromiso para reducir al mínimo las ayudas a la cooperación internacional, algo por lo que siempre viene pujando Vox y que el PP solo contemplaba suprimir para aquellos países que no colaborasen en materia migratoria.

Más allá de coincidir en el rechazo a las acogidas forzadas, el PP sí que ha planteado la colaboración territorial siempre que se dote de medios a las regiones y el Estado asuma el sobre coste cuando se supere el 150% de ocupación de los centros. Fue una de las propuestas durante la negociación del pacto migratorio de PP y PSOE a finales de 2024. Y esa es una diferencia crucial con Vox. Otra cesión es la retirada del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros públicos para aquellos inmigrantes de primera, segunda o tercera generación. El año pasado generó tensiones entre PP y Vox en Murcia. Los populares lo vienen defendiendo desde la etapa de Rajoy, cuando entró en vigor por convenio con el país vecino. En Andalucía parte del partido lo defiende.

¿En qué no cede el PP? Sí hay coincidencia en rechazar las regularizaciones extraordinarias, también en la colaboración con terceros países para poder fomentar el retorno de los menores ya presentes en España a sus países de origen con sus padres. Y el plan migratorio del PP ya aludía a la realización de "pruebas de edad" para esos jóvenes. Igualmente, en los últimos meses los populares se han mostrado en contra del burka y el niqab en los espacios públicos, y esto ahora queda pactado en Extremadura. El pacto evita encaminarse hacia medidas relativas a remigración como reclama ocasionalmente Vox.

Vox se hace con la llave del campo

La cartera agrícola permitirá control total de esas políticas a Vox. Es una materia que ha servido como ámbito de confrontación entre PP y Vox en estas sucesivas campañas, desde Extremadura a Castilla y León. No es la primera vez que se gestionan estas competencias, dado que en esta segunda autonomía recibió la cartera en 2022, pero no se completó el mandato. El mundo rural será el protagonista desde la vicepresidencia, con desregularizaciones, y desde la propia consejería. Hacerse con la gestión de estas políticas, es un tanto a favor de los ultraconservadores.

El partido de Abascal ya pone el foco en la supresión de trabas burocráticas para agilizar el día a día de los trabajadores del sector. Gana el discurso Abascal al hablar de "blindarse frente a las políticas de la Agenda 2030" o de un "fondo de compensación de las imposiciones de Bruselas", cuando el PP europeo encabeza su gobierno y el fomento de pol. "No se van a arrancar olivos", para el establecimiento de terrenos fotovoltáicos, añadió en un mitin desde Granada este jueves, minutos después de conocerse el acuerdo. Sí hay más coincidencia con el PP en términos como el reforzamiento de las infraestructuras -también las hídricas- o la modernización de regadíos o caminos rurales.

Género y derechos LGTBI, una victoria de Guardiola

Durante la campaña electoral en Extremadura las cuestiones feministas, de género y los derechos LGTBI fueron un punto esencial para distinguirse de Vox. El documento solo entra en asuntos como la natalidad o las ventajas fiscales por hijos o para material escolar, por ejemplo, aunque las competencias de Familia quedan en manos de Vox y pueden derivar en algún conflicto de cara al futuro en materia de familias con padres del mismo sexo, por ejemplo. No se menciona nada respecto a 'violencia intrafamiliar', algo en lo que sí tuvieron que ceder los barones del PP en los pactos de 2023.

Cuestiones como el feminismo provocaron que Abascal valorara a Guardiola como "la Irene Montero de Extremadura" en diciembre. Guardiola, en todo caso ha oscilado en las anteriores semanas, hasta el punto de indicar que tiene coincidencias con "el feminismo de Vox". Al principio de las negociaciones, Guardiola eligió a Manuel Naharro, homosexual y hombre de confianza, como presidente de la Asamblea, como declaración de intenciones para defender al colectivo en esta legislatura. La popular se asegura no tener que eliminar la Ley LGTBI o el Instituto de la Mujer.

Las entidades que recibirán recortes son los sindicatos o las organizaciones empresariales que reciban ayudas públicas. Será una bajada de la mitad. Sí que ha habido una cesión en materia de Memoria por parte de PP: se declarará la Cruz de los Caídos de Cáceres como Bien de Interés Cultural y hay compromiso de avanzar hacia una ley de concordia.

No se cede a Vox con el acuerdo UE-Mercosur

Durante la campaña de Extremadura y Aragón salió a relucir el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, ahora paralizado por el Tribunal de Justicia Europeo a petición de una mayoría alternativa en la cámara compuesta por los tres grupos de extrema derecha, y la extrema izquierda. Hasta este momento tanto PP como PSOE han trabajado conjuntamente en Bruselas -y en el Congreso- para remar a favor del acuerdo comercial en favor de mayores oportunidad es de mercado para los productores españoles en América Latina.

Conforme se acercó el actual ciclo electoral, que acabará en Andalucía, la competencia por el voto del campo hizo al PP matizar su posición avalando el acuerdo siempre y cuando se garantizasen salvaguardas para los agricultores. Vox, al contrario, rechaza de cualquier modo el pacto y critica la competencia desleal de productos extranjeros. De hecho, ha arrancado al PP la obligatoriedad de etiquetar aquellos alimentos producidos en la región cuyo principal ingrediente sea de origen extranjero en proporción. El documento comenta sobre ese acuerdo UE-Mercosur que se opondrá siempre que no garantice la igualdad de condiciones, por lo que no es un rechazo rotundo por el que aboga Abascal.

No hay notable referencia al Pacto Verde europeo. Se pide que Extremadura quede "libre de cargas y de tasas autonómicas". El PP, aunque avala el asunto en Bruselas, es partidario de modificaciones para reducir el impacto en el sector primario y los productores. En los mismos términos con la PAC. No hay un rechazo tan explícito como el exigido en la Comunidad Valenciana, con declaración pública.

Consenso en rebajas fiscales o energía nuclear

Hay sintonía con la bajada de impuestos. Se ha pactado una bajada de 1 punto del IRPF durante la legislatura, un 0,25% anual para los dos primeros tramos autonómicos. Se apuesta por la construcción de 3.500 viviendas protegidas, se aumentará la bonificación de impuestos como el de donaciones y sucesiones, el impuesto de actos jurídicos documentados, y se fomentará la gratuidad de la educación de 0-3 años o las licencias de caza, entre otros servicios administrativos.

Vox, además, exigió la supresión de la ecotasa autonómica en relación con las instalaciones de producción energética, aunque ya el PP había entrado en esa senda, con la previsión de reducirla a la mitad en tres años próximos. Hay deseo conjunto de defender y garantizar la continuidad de la central nuclear de Almaraz pese al plan de cierres del Gobierno que comenzará el próximo año de acuerdo a las medidas de transición ecológica. Del mismo modo, ha habido coincidencia para fijar la liberalización del suelo, la protección del terreno productivo o la ejecución del Regadío en Tierra de Barros. También el establecimiento de un fondo de compensación para agricultores.

El equilibrio del pacto extremeño apunta a ser similar al que acabará llegando a Aragón en las próximas fechas, antes de meterse de lleno en la campaña andaluza. Castilla y León, salvo sorpresa, se negociará después del 17 de mayo, cuando se despeje la duda de si el PP de Andalucía repetirá o no absoluta, y si dependerá de Vox.