El pacto de Extremadura deja vía libre a Vox para dar su guerra cultural en inmigración, clima y contra los sindicatos

Tras el anuncio de fumata blanca, del pacto de coalición entre PP y Vox, ambos partidos trasladaron los puntos de acuerdo programáticos del que será el eje político de la legislatura los próximos cuatro años. Se trata de 61 puntos con 74 medidas, de las cuales algunas terminaron de cerrarse a lo largo de este jueves, poco antes de confirmarse el acuerdo. Se ha consensuado un calendario de aplicación que no ha sido trasladado, y cada eje contará con partidas económicas propias para garantizar que llegan a buen puerto. El cierre y el consecuente comunicado seguido, deja entrever que a diferencia de lo sostenido por Vox hasta el momento, la definición de las medidas ha ido de la mano de la negociación de puestos de Gobierno.

La presencia de figuras como José María Figaredo, en calidad de portavoz nacional de Economía y Desregularización de Vox, y de Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda, en la recta final del diálogo, se muestra crucial en vista de las carteras obtenidas. Los de Santiago Abascal tendrán una vicepresidenta -inédito en un Ejecutivo de María Guardiola- que gestionará los ámbitos de Servicios Sociales, Familia y Desregularización. Esta irá a parar al portavoz de Vox en la Asamblea y candidato, Óscar Fernández Calle. Al margen, Vox se hace con las competencias de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Tras la investidura de Guardiola -la segunda en esta legislatura- que acontecerá el martes y el miércoles de la semana que viene, se conocerá el nombre del consejero que acompañará a Fernández Calle.

Estos ámbitos, sumado a los epígrafes temáticos acordados, permiten a Vox dar su guerra cultura en Extremadura en materia de inmigración, políticas climáticas y recortes de ayudas a asociaciones o sindicatos. Los de Abascal han conseguido imponer su fortaleza parlamentaria tras subir de 5 a 11 escaños en las últimas elecciones. "Los extremeños han votado el doble de Vox", proclamó la noche electoral el partido, garantizando que habría similitudes entre esa fuerza y lo que se arrancase al PP.

No obstante, no todo son cesiones por parte del PP. Guardiola sale ganando en el ámbito de las políticas relacionadas con la mujer, la violencia de género o respecto al colectivo LGTBI, ejes que fueron cruciales en campaña electoral y que enfrentaron a la extremeña incluso con Abascal. El líder de Vox llegó a definir por ello a Guardiola como "la Irene Montero de Podemos". Lo único que se menciona explícitamente es la de fomentar la natalidad con ayudas y medidas específicas.

Para el PP las cesiones en el resto de materias tampoco suponen entrar en terreno desconocido, si bien los posicionamientos contra la inmigración irregular o contra el Pacto Verde europeo fueron claves para sacar adelante los Presupuestos valencianos a mitad de 2025, y después para la investidura de Juanfran Pérez Llora tras la abrupta salida de Carlos Mazón, desacreditado públicamente por la gestión de la DANA.

La inmigración guía el entendimiento con el PP

Aunque es el cuarto de los once ejes del acuerdo, las alusiones a la inmigración o a la preferencia de los extremeños copa sendas páginas de las 23 que integran el conjunto del pacto sellado. Entre lo más destacado, se menciona "la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". Esto conllevará a que los inmigrantes en situación irregular no puedan beneficiarse de la renta básica autonómica para la inserción.

En todo caso, no se podrá retirar la asistencia sanitaria universal dado que está blindado a nivel estatal por el Gobierno de Pedro Sánchez. A sabiendas de ambos grupos, especialmente del proponente, Vox, sí que se ha conseguido integrar que se buscará la mejora del sistema de salud público para "una atención accesible y de calidad para los españoles". Y, por tanto, se acota a los que ostenten la nacionalidad. Vox viene intercalando discursos que van contra la inmigración ilegal, con referencias a la remigración, que contemplaría la retirada de concesiones de nacionalidad como, entre otras, las dadas por el actual proceso de regularización extraordinaria.

Esta preferencia nacional se extiende a cuestiones como la vivienda, el sexto punto del pacto. En relación al acceso a la vivienda protegida o al alquiler social, habrá un "sistema de acceso inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legislación vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio", indican populares y ultraconservadores.

Para combatir esa inmigración ilegal, PP y Vox abogan por el retorno de los menores extranjeros no acompañados -lo que motivó la ruptura de gobiernos con los populares en julio de 2024- a la vez que se retirarán aquellas ayudas económicas a entidades u ONG que ayuden a la atención o asistencia de esos menores o de mayores de edad en situación irregular. El PP se compromete a dar la batalla contra el Gobierno central por todas las vías en materia migratoria. "No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)", recoge el texto. Se exige a Guardiola oposición a Sánchez "por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".

Se quiere evitar un situación similar a la que rompió los gobiernos de coalición en 2024

Se firma que el Gobierno de coalición "no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura". Ni si quiera en momentos o situaciones de colapso extraordinario o emergencia, como hace dos años. Y en relación a aquellos jóvenes inmigrantes que ya están en el territorio, se indica que se remará "activamente por devolver a los menores a sus países de origen" mediante "convenios que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres".

Respecto a los centros de acogida, se recoge aumentar "la seguridad" y se contemplan incluso "medidas judiciales". Se buscará "impedir que se altere la convivencia y el orden pública, se genere inseguridad, se perturbe la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles, y que los menores no acompañados gocen de cualquier privilegio o impunidad". Ligado a esa inmigración ilegal, se hará una "auditoría anual de todos los gastos vinculados" y se realizarán "pruebas de edad".

También se acepta no ampliar plazas en los centros de acogida y aprobar una legislación que impida el uso del burka o el niqab en los espacios públicos. Populares y ultraconservadores, así como Junts, ya han coincidido en el Congreso sobre este asunto. Hay otros asuntos como el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros públicos para aquellos inmigrantes de primera, segunda o tercera generación. Esto, en concreto, generó confrontación entre ambas formaciones en Murcia el año pasado, y ahora PP y Vox acuerdan retirar ese convenio con Marruecos para evitar que se siga "diluyendo la identidad, usos y costumbres" de la cultura española.

Dentro de las dotaciones sanitarias para la mejora de infraestructuras y mejoras salariales se incluirá un apartado sobre el control del etiquetado de los productos extranjeros. Se detalla la "modificación de la ley de Salud Pública de Extremadura, garantizando el cumplimiento del estricto Reglamento de la UE 1169/2011 del Parlamento Europeo". Esto conllevará que sea obligatorio determinar el origen de un producto en Extremadura que pueda llevar a error al consumidor o cuyo principal ingrediente tenga un origen distinto al del lugar de elaboración.

Vox pone al PP en contra de sus pactos en la UE

El rechazo a la Agenda 2030 deja su marca en este pacto de gobierno de coalición. Vox añade la pugna contra las políticas climáticas de la Unión Europea. Se suscribe afinidad para que Extremadura quede "libre de cargas y de tasas autonómicas" resultado del Pacto Verde europeo. El PP se ha mostrado proclive a aplicar en Bruselas retoques, en todo caso. Pero se pide que el PP de Extremadura haga un "rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur". Siempre que no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños, consigue arañar el PP para no desviarse de su discurso. Génova avala el acuerdo a diferencia de Vox, pero defiende salvaguardas para los productores, para que no haya competencia desleal. El PP se ve obligado a ir retrocediendo paso a paso conforme depende más de Vox de un acuerdo con el que coincidió desde el minuto uno con los socialdemócratas europeos y con el PSOE.

Sí hay coincidencia entre partidos para garantizar la continuidad de la central nuclear de Almaraz como fuente de suministro energético estable. Ello a algo menos de un año de que empiece a aplicarse el calendario de cierres programado por el Gobierno con las energéticas de acuerdo a los principios de transición ecológica. Vox ha conseguido que se elimine la ecotasa autonómica para la central -aunque el PP ya estableció un plan de disminución a la mitad en tres años-.

Recortes a las organizaciones y rebaja de impuestos

Los sindicatos, así como otras organizaciones empresariales o privadas verán recortado al 50% cualquier ayuda o subvención que perciban en estos momentos. Y aquellas partidas para la cooperación internacional al desarrollo quedarán al mínimo.

Hay un objetivo claro de rebaja de impuestos. En cada uno de los cuatro años de legislatura hay un compromiso para rebajar progresivamente el IRPF un 0,25% en los dos primeros tramos en la tarifa autonómica hasta llegar a 2030 con un punto menos en ambos tramos. En vivienda, más allá de la prioridad nacional para el acceso público, hay un compromiso para edificar 3.500 nuevos hogares de carácter protegido. A nivel industrial, se contempla la liberalización del suelo, la protección del terreno productivo o la ejecución del Regadío en Tierra de Barros o un fondo de compensación frente a las imposiciones de la UE a los agricultores. Se habla de otras rebajas fiscales y de impuestos.

Otro de los puntos recogidos en el pacto contempla la declaración de Bien de Interés Cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres, una monumento construido durante la etapa franquista que está en el foco de las asociaciones de memoria democrática. En la anterior legislatura se retiró la ley autonómica de Memoria Histórica.

En declaraciones durante un mitin en la tarde de este jueves en Granada, en el contexto de la precampaña electoral de las andaluzas del próximo 17 de mayo, Abascal garantizó que a nivel agrario "no se va a arrancar ni un solo olivo". Incidió en esa "prioridad nacional" para las ayudas sociales y la vivienda social, al igual que esas reducciones fiscales. Repasó brevemente el compromiso con el campo, la industria y "frente a pactos absolutamente suicidas y de traidores" como es el tejido con Mercosur, aunque el acuerdo con el PP no es tan maximalista.

Fernández, desde el área de Desregularización "empezará a deshacer leyes, normativas y exigencias, que han convertido a ganaderos, agricultores y autónomos en oficinistas que tienen que estar todo el día haciendo papeleos en vez de dedicarse a lo suyo", garantizó Abascal en ese mitin. Ambos partidos juran transparencia y "lealtad" durante el próximo mandato.