A horas pocas horas de que este martes por la tarde se debata la moción consecuente de interpelación urgente presentada por Vox, en la que se trasladan los principios del acuerdo sobre prioridad nacional del pacto de Extremadura al Congreso, para exigir al Gobierno su aplicación, el PP nacional volvió a marcar distancias con los de Santiago Abascal y a reforzar la idea de "arraigo" frente a la convicción de que ha firmado el PP de María Guardiola es la priorización de los nacionales en todos los casos sobre los inmigrantes, regulares e irregulares.
Vox incorporó al debate de iniciativas no legislativas de este pleno las mismas ideas pactadas la semana pasada a nivel regional, y que ya han generado matices por parte de Génova o distanciamiento por parte de barones populares como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno. La primera lo tacha de "ilegal", mientras que el segundo no quiere ni de lejos repetir la fórmula después de las elecciones andaluzas. Clama por una mayoría absoluta. En todo caso, en su propuesta de moción dirigida al Ejecutivo y que obligaba a Génova a tomar posición, además del marco extremeño se incluían asuntos como la remigración, concepto que concibe las repatriaciones de todo lo que no encaje cultural y étnicamente en un país, y que implica a descendientes de segunda o tercera generación de inmigrantes que no "contribuyan" o no se adapten, cita Vox en su texto.
Ante ello, y después de abrirse este fin de semana y el lunes una guerra dialéctica entre los firmantes de la coalición extremeña, entre Génova y Bambú, el PP ha decidido presentar una enmienda a todo el texto presentado por Vox para adaptarlo a su relato. El propio secretario general del PP, Miguel Tellado, indicó este lunes en una comparecencia de prensa que lo acordado no supone una discriminación de los extranjeros en situación regular, sino que se priorizarán "criterios" como el "arraigo". Es decir: se valorará el tiempo de residencia en España, la titulación si ésta se han conseguido en el país, o el tiempo de contribución a las arcas públicas con el empleo.
Esto genera disconformidad en Vox, que alude en conversaciones privadas que hay un porcentaje escaso de inmigrantes, incluido regulares, que cumplan estos requisitos. Incluso recalcan que hay dificultades para invertir en los nacionales, lo que complica más atender a los inmigrantes.
En concreto, la propuesta que presenta Vox y que generará controversia entre las filas Abascal retira todo lo referido a la remigración. De los 8 puntos de los ultraconservadores se pasan a 4. Se omite "garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles". También "repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra Nación" o "proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan" ese Estado de bienestar.
El detalle de la enmienda del PP
Esa retirada de los dos primeros puntos de la moción de Vox se sustituyen por: "Desarrollar, dentro del respeto al marco constitucional y al Estado de Derecho, una política migratoria clara y responsable que evite las situaciones de irregularidad, y adaptar de forma inmediata, a la legislación nacional, el nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año".
Seguidamente, mientras Vox se limita a hablar de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas de todo tipo -entendiendo que el acceso a la sanidad está blindado a nivel nacional-, el PP matiza e insiste en ese término de "arraigo". Se procederá a la "asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero, y verificable con el territorio". "Este sistema, adecuado a la legalidad vigente, debe incluir: establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio". Se insiste en esa vinculación a la "trayectoria de cotización" y de "contribución al sistema". Sí se muestra el PP comprometido con la exclusión de los inmigrantes en situación irregular de esas ayudas. Solo se permitirá el acceso por cuestiones de "urgencia vital", como se indica en el pacto programático con Guardiola.
En materia de vivienda, el PP precisa, siempre "de acuerdo a la legalidad vigente", que se "procurará la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Se fija un mínimo de 10 años para la compra de una vivienda con ayudas, y de 5 para recibirlas en caso de un alquiler. Se quiere fomentar la cohesión social y evitar "la rotación excesiva del parque de vivienda" y que los españoles tengan que "emigrar" por "falta de oportunidades". En esa prioridad se ejemplifican "jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin situación habitacional o unidades de convivencia en situación de hacinamiento". Se desliga de cuestiones de origen.
El PP incluye que se excluirá de ese acceso a las ayudas a "condenados" por "allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años". "Lo mismo sucederá cuando se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública", concluyen los populares.
Compromiso de reforma de la Ley de Extranjería
Hay compromiso con la "modificación" de la Ley Orgánica 2/2000, comúnmente denominada 'de Extranjería', y "cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior". Se coincide con Vox en el compromiso de aprobar una nueva ley que deje sin efectos la actual, así como el rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes irregulares emprendida recientemente por el Gobierno.
Pero el PP omite otros asuntos importantes para Vox como la prioridad nacional de españoles para "el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones, promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles", indiferentemente de si el extranjero es regular. Eso el PP no lo incluye. Tampoco la alusión de Vox a la asistencia jurídica gratuita a extranjeros. Vox dice: "La insuficiencia de recursos económicos se determinará atendiendo no solo a los ingresos de los solicitantes en España, sino también a su patrimonio y rentas radicadas en el extranjero, especialmente en su país de origen. En su caso, no se prestará asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión del territorio nacional".
Al inicio del pleno, en el acceso del pasillo al hemiciclo, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, se refirió a este asunto. Se felicitó por ese acuerdo de Guardiola para conseguir su investidura. "Cuando uno va al documento del acuerdo se hace claramente referencia al arraigo de las personas. Desconozco lo que dice Vox". El PP marca distancia con la postura marcada por Vox. "Queremos que la enmienda refleje el alma del acuerdo al que hemos llegados". Descartan que haya una referencia de arraigo en cuestiones en Sanidad, y insisten en los movimientos en torno a la legalidad. Vox liga inmigración con colapaso sanitario y con una lista de espera de 800.000 personas.
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