Apenas una semana después del pacto en Extremadura , PP y Vox han anunciado su acuerdo de gobierno en Aragón, con un modelo casi mimético al de María Guardiola. El popular Jorge Azcón se someterá a la sesión de investidura probablemente la semana que viene, casi al filo de que expirara el plazo de dos meses desde la constitución de las Cortes de Aragón antes de dar opción a la puesta en marcha del mecanismo automático de repetición electoral.
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Conforme al pacto alcanzado, Vox tendrá tres consejerías, una de elllas con rango de vicepresidencia. Son Desregularización, Bienestar Social y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación y Medio Ambiente y Turismo, además de un senador autonómico y la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento autonómico. Habrá en total nueve consejerías, igual que ahora. En 2023 los de Santiago Abascal arrancaron al PP aragonés una vicepresidencia y dos consejerías, pero el gobierno de coalición saltó por los aires, junto con el resto de los pactos autonómicos, en julio de 2024 tras aceptar las populares la ubicación de menores no acompañados.

Azcón y el portavoz parlamentario de Vox y futuro vicepresidente, Alejandro Nolasco, han convocado una comparecencia conjunta para anunciar el contenido del pacto. El reelegido presidente autonómico ha defendido un acuerdo "fruto del resultado de las urnas" destinado a "dar estabilidad al territorio".

Azcón ha insistido en la defensa del "principio de legalidad"

En una breve intervención, Azcón ha insistido varias veces en el "principio de legalidad", y a ese principio se someterá la "prioridad nacional". De hecho, ha anunciado que todas y cada una de las iniciativas del Ejecutivo autonómico irán acompañadas de informes de la intervención general y de los servicios jurídicos del Ejecutivo. "Nada que no cuente con un informe favorable, saldrá adelante. No va a haber nada que esté fuera de la legalidad", ha insistido. Ante la pregunda de si la aplicación de ese principio depende de la nacionalidad o del arraigo -conforme a las discrepancias PP-Vox- ha subrayado que todo aquel con residencia legal "tiene exactamente los mismos derechos" que un nacional "y esos criterios están establecidos por una legislación nacional".

La intención del barón popular es que, a diferencia de hace tres años, este sea un pacto para toda la legislatura, con voluntad de continuidad hasta 2030 y con cuatro presupuestos. Este viernes la mesa de las Cortes aragonesas convocará el pleno de investidura la próxima semana.

Génova ha manifestado sus satisfacción por lo que consideran "un buen acuerdo" que permite eche a andar también la legislatura aragonesa. Aseguran que tanto en un territorio como en otro "no se ha firmado nada que esté fuera del documento marco" -conocido en febero y pactado con los barones- destinado a "ordenar" sus pactos con Vox y alcanzar "gobiernos estables". Y aunque en ningún momento incorporaban en ese texto la controvertida expresión "prioridad nacional", ahora la hacen suya bajo el argumento de que "no ha sido como Vox quería".

Nolasco deja en duda qué competencias tendrá

El representante de Vox fue el primero en tomar la palabra y quien después cerró la ronda de preguntas. Afirmó que aún tiene que terminar de definir qué competencias tendrá como vicepresidente: u ostentará la materia rural, las medioambientales o las de desregularización, servicios públicoas. En lo que sí insistió es en que este pacto es la "respuesta natural en las urnas". "Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber al lograr más porcentaje de voto el 8 de febrero". Esa incorporación de la "prioridad nacional" es una "muy buena noticia" para Nolasco, pese a las diferencias de las direcciones nacionales de ambos partidos y asegurar Azcón que todo se ajustará de acuerdo a la legalidad.

Al pedirle profundidad sobre cómo se procederá para esa determinación de la prioridad, Nolasco afirmó que han estudiado varios "baremos que aplicar". "Se pueden aplicar, se puede ser más restrictivos con las ayudas", apreció, poniendo como ejemplo "los años de cotización". Para él, no habrá problemas de aplicación de lo que también se ha pactado en Extremadura. "Se pueden poner unos requisitos más duros para que esa prioridad sea nacional". En todo caso, estudiarán en las próximas fechas para ver los "escollos técnicos", ver "qué es viable". "Vamos a trabajar para afinar" este asunto, sentenció.

Nolasco no dejó pasar la oportunidad de cuestionar las "zancadillas" de Génova en una jornada en la que el PP nacional se desmarcó en el Congreso de la postura migratoria y de prioridad de Vox. Insistió entre otros asuntos en que desde el nuevo Gobierno se va a "rechazar totalmente la llegada de menores migrantes" de forma irregular.

PP y Vox mantienen las discrepancias sobre el alcance de la "prioridad nacional"

Populares y ultras siguen discutiendo sobre el alcance de esa "prioridad nacional". Para Génova, insisten, se basa en el concepto del "arraigo", de la vecindad, articulado como uno de los "baremos" a la hora de destinar las ayudas sociales. Todo, insisten, dentro de la ley y "sin discriminar a nadie porque nosotros no somos un partido insumiso". Recuerdan, además, que no es la primera vez que ambos partidos firman acuerdos autonómicos -ya lo hicieron en 2023 y saltaron por los aires en julio de 2024- "y todas las cautelas se van diluyendo".

Ahora queda Castilla y León, que celebró elecciones el 15 de marzo pasado. Una vez abierto el camino en Extremadura y Aragón no debiera haber demasiadas dificultades para el pacto, aunque desde la dirección nacional popular no ocultan las "dificultades" de negociar con el partido de Santiago Abascal.