La ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis ha entrado en una fase decisiva en el Congreso tras más de un año de bloqueo parlamentario por parte del PSOE. La reactivación de la ponencia en la Comisión de Justicia este martes ha reabierto una vía política en la que Sumar y el Partido Popular podrían explorar un acuerdo que permita sacar adelante la norma sin el apoyo del PSOE, que mantiene su rechazo pese a haber participado activamente en su tramitación técnica.
El momento es especialmente relevante porque la ley ya superó su toma en consideración hace meses, pero desde entonces había quedado paralizada en la fase de enmiendas. Ahora, con la ponencia reactivada, el debate se traslada al contenido concreto del texto y a la posibilidad de alcanzar acuerdos parciales entre grupos que permitan desbloquearla.
En este contexto, el foco ya no está tanto en si la ley debe aprobarse o no, sino en cómo debe configurarse. Las diferencias políticas se concentran en aspectos clave como el alcance de los beneficiarios o los requisitos para acreditar el derecho a la nacionalidad.
Una ley breve, pero con impacto real
El texto de la proposición es técnicamente sencillo —“tiene tres artículos”, subrayan desde Sumar—, pero su alcance político y jurídico es significativo. La iniciativa busca reconocer el vínculo histórico y jurídico de los saharauis nacidos bajo administración española mediante la concesión de la nacionalidad por "carta de naturaleza", una fórmula excepcional prevista en el ordenamiento jurídico español.
La base de la ley es que concurren “circunstancias excepcionales” en este colectivo, derivadas del proceso de descolonización del Sáhara Occidental y de la imposibilidad práctica de ejercer derechos reconocidos en su momento. Este planteamiento es, a nivel político, el más compartido por la mayoría de los grupos parlamentarios.
Sin embargo, el debate se desplaza hacia cuestiones más concretas: quién puede acogerse a la ley y bajo qué condiciones. Es ahí donde aparecen las diferencias más relevantes, ya que el diseño final determinará si la norma tiene un alcance amplio o queda limitada a un número reducido de personas.
Sumar: Una norma más amplia
Sumar ha defendido desde el inicio una interpretación amplia de la ley, con el objetivo de que tenga "un impacto real sobre la población saharaui". Entre sus enmiendas, Sumar plantea revisar el marco temporal previsto para el acceso a la nacionalidad, actualmente vinculado al periodo posterior a la retirada española del Sáhara Occidental y cerrado el 11 de agosto de 1977, fecha en la que expiró el plazo para optar a la nacionalidad.
El grupo considera que ese derecho “fue imposible” de ejercer en la práctica debido al contexto político y administrativo de la época, por lo que plantea corregir esa situación ampliando el marco temporal.
Además, Sumar propone un sistema probatorio flexible que tenga en cuenta las dificultades documentales del pueblo saharaui. El texto recoge como válidos documentos como el DNI español o el censo de 1974, pero también incorpora otras vías de acreditación como “certificados de nacimiento expedidos por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf”, así como “certificados de escolarización”, “de hospitalización” o “pensiones”.
PSOE: mejoras técnicas y veto político
El papel del PSOE en la tramitación ha sido uno de los elementos más controvertidos. Los socialistas han sido clave en el bloqueo de la ley durante meses en la Comisión de Justicia, pero al mismo tiempo han registrado enmiendas que otros grupos consideran mejoras técnicas del texto. “Las enmiendas que presenta el Partido Socialista son buenas, mejoran la norma”, admite, asombrada, la diputada de Sumar Tesh Sidi.
Entre las propuestas del PSOE figura la necesidad de “perfilar adecuadamente los documentos acreditativos”, lo que implica limitar los medios de prueba a aquellos de carácter oficial. En este sentido, priorizan documentos como el DNI, el censo o “cualquier documento de una autoridad administrativa española”, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica del procedimiento.
También introducen ajustes en el plano procedimental, como la definición de plazos o la posibilidad de recurrir las resoluciones, aspectos que buscan dotar de mayor claridad al proceso. Sin embargo, pese a estas aportaciones, el PSOE mantiene su rechazo a la ley. Desde Sumar interpretan esta posición como una contradicción política: mejorar el contenido de la norma pero no respaldarla en la votación final.
El PP, clave y con enmiendas restrictivas
En este escenario, el Partido Popular se ha convertido en el actor decisivo para el futuro de la ley. Aunque no ha aclarado aún cuál será su voto, sus enmiendas ya permiten anticipar las líneas de negociación.
En un primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una batería de enmiendas que persiguen transformar esta ley apostando por una reforma del Código Civil en lugar de una concesión directa por carta de naturaleza.
La propuesta de los populares pasa por suprimir los artículos que permitirían obtener el DNI español desde el extranjero, exigiendo en su lugar que los beneficiarios —sólo los nacidos antes del 26 de febrero de 1976 y sus descendientes— residan de forma legal en España. De este modo, el PP plantea equiparar a los saharauis con los ciudadanos de países iberoamericanos o sefardíes, otorgándoles un "plazo reducido" de solo dos años de residencia para solicitar la nacionalidad, frente a los diez años del régimen general, bajo un criterio de "mejora técnica" e integración social.
Los populares proponen limitar el acceso a la nacionalidad a “los saharauis nacidos antes del 74”, lo que reduciría de forma muy significativa el número de beneficiarios potenciales. “Esa gente está muerta o a punto de morir”, afirma la diputada Tesh Sidi. “A mí lo que me interesa es reducir los trámites de los niños y niñas saharauis de acogida”.
Posición sobre el Sáhara
Aunque el Partido Popular no ha fijado aún su posición definitiva sobre esta ley, en los últimos meses ha mostrado posicionamientos relacionados con el Sáhara en el ámbito europeo que apuntan a una cierta sensibilidad sobre la cuestión.
En marzo, el partido reclamó el “cumplimiento estricto de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el etiquetado de los productos procedentes del Sahara Occidental” en el marco del debate sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos.
Este posicionamiento se centraba en la necesidad de respetar el marco jurídico europeo y diferenciar claramente los productos procedentes del Sáhara, en línea con las resoluciones judiciales.
Una cuestión de Estado
Bajo esta premisa, Sumar mantiene abierta la interlocución con todos los grupos parlamentarios en busca de un acuerdo que permita sacar adelante la ley. “Voy a interlocutar con todos”, señala Sidi, que insiste en que se trata de “una cuestión de Estado” más allá de las diferencias partidistas.
El grupo confía en que el texto pueda reformularse a través de enmiendas transaccionales que permitan integrar distintas posiciones sin desvirtuar el objetivo principal de la ley. La clave estará en encontrar un equilibrio entre amplitud de beneficiarios y seguridad jurídica.
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