La propuesta gubernamental de "blindar" el derecho al aborto mediante su incorporación en la Carta Magna, además de condenada al fracaso, ha tocado en hueso. Porque las principales críticas no solo han venido de la oposición política o de constitucionalistas conservadores, sino también de la izquierda e incluso de sectores que tienen mucho que ver con esta práctica. Es el caso de la ya veterana Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) que la ha calificado de "oportunista" e "irresponsable" y alertado respecto a que la intención de Pedro Sánchez quitaría protección a este derecho.
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En estos términos se manifiesta José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI, en una tribuna en la que, si bien considera "loable" la intención del Ejecutivo, el camino "no solo está lleno de dificultades, sino que el final de su recorrido no conduce al blindaje anunciado, sino que debilitaría la actual protección que el derecho al aborto tiene en nuestra Constitución". Precisamente este jueves tiene lugar en el Congreso el debate de totalidad del Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar, conforme a la versión del Gobierno, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Todo vuelve a estar en manos de Junts. Si se tumban esas enmiendas a la totalidad, arrancará la tramitación del texto.

Bajo el elocuente título 'Entre el oportunismo y la irresponsabilidad', explica el experto que en nuestro sistema constitucional español hay "una diferencia clara, y jurídicamente relevante" en cuanto al nivel de protección de los derechos en función del lugar que ocupan en el articulado de la Constitución. Y que esta diferenciación no es aleatoria, sino producto de una "decisión meditada del constituyente".

La protección a los derechos del artículo 43 "es la más débil de nuestro ordenamiento constitucional"

Significa que los derechos incluidos en la Sección 1.a del Capítulo II de la Carta Magna, esto es, "la libertad ideológica y religiosa, la libertad personal o el derecho de reunión y asociación" tienen un nivel de protección máximo. Pero si el derecho al aborto se incorpora, según la pretensión del Ejecutivo, en el Capítulo III del Título I, artículo 43,"junto con el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada o el derecho a la protección de la salud, la protección que les corresponde es la más débil de nuestro ordenamiento constitucional", advierte el jurista. Y lanza otra advertencia. La inclusión del derecho al aborto en dicho artículo 43 impediría incluso recurrir en recurso de amparo al Tribunal Constitucional, cosa que ahora sí es posible.

La clave reside, precisamente, en el Constitucional. Resulta que el alto tribunal ha declarado en dos ocasiones que -y cita literalmente Bosch- "la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo se encuentra amparada en el artículo 10.1 de la Constitución Española, que consagra la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, así como en el artículo 15 CE, que garantiza el derecho fundamental a la integridad física y moral".

Una propuesta "que parece encajar bien con los periodos electorales"

Y tras criticar las posiciones conservadoras, apunta a que "en otra orilla, y también por criterios de oportunidad política, se propone una reforma constitucional que debilitaría la protección del aborto, pero que parece encajar bien con los periodos electorales", en referencia al uso que el Gobierno de coalición quiere hacer de dicha reforma como arma arrojadiza contra PP y Vox.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 7 este proyecto de reforma constitucional y su remisión a Cortes aún a sabiendas de que carece de los votos necesarios para su aprobación, nada menos que una mayoría reforzada de tres quintos de cada Cámara. Hasta el Consejo de Estado habló de "consideraciones de oportunidad política" y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, retó al PP a secundarla porque "también tienen en sus filas a muchas mujeres que han pasado por una interrupción voluntaria del embarazo y deben valorar si se deben a una idea sin más o a sus mujeres y votantes". Además, dijo, "hasta Marine Le Pen votó a favor en Francia", adelantando cuáles serán los términos del debate.

La magistrada Balaguer y la Alianza contra el borrado de las mujeres también son críticas

Pero para ACAI, si bien es una propuesta que, con toda probabilidad, "no llegará a materializarse", va "acompañada de la falsa idea de una mejora de derechos, genera titulares y alimenta una narrativa supuestamente progresista. Para nosotros y nosotras, lo que la situación exige es reclamar a las administraciones públicas el cumplimiento efectivo de la ley", sin introducir más elementos.

Es la misma tesis a la que se sumó la magistrada del TC María Luisa Balaguer, de la familia progresista, para quien la propuesta del Ejecutivo es "nefasta", según afirmó en una entrevista en 'Público'. Explicó que el artículo 43 se refiere al derecho a la salud "y las mujeres que pretenden abortar no están enfermas". Por ello "tendría que haberse formulado a través del artículo 15, como derecho fundamental dentro del derecho a la vida".

También la feminista 'Alianza contra el borrado de las mujeres' alertó del riesgo de "reducir la protección actual del derecho" al ubicarlo en el ámbito de la salud y no en el de los derechos fundamentales. Asimismo, lamentó que el Ministerio de Ana Redondo "vuelva a situar el debate en anuncios con escasa viabilidad jurídica y parlamentaria, en lugar de abordar las deficiencias concretas que siguen afectando a miles de mujeres en su acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo". No será por falta de avisos.