La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que revoque el auto emitido por el juez Juan Carlos Peinado para que su causa sea juzgada por un jurado popular. La defensa de Gómez ha presentado un recurso de apelación —al que ha tenido acceso El Independiente— contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de continuar el procedimiento contra ella por los delitos de malversación, corrupción, tráfico de influencias y apropiación indebida, y le acusa de investigarla "por ser cónyuge" de Pedro Sánchez.
El escrito, firmado por el abogado y exministro del Interior Antonio Camacho, recurre el auto del pasado 5 de mayo en el que el juez Peinado rechazó los recursos de reforma presentados por Gómez y los otros dos investigados: su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. La defensa sostiene que el instructor vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al responder al recurso mediante una "copia mecánica" de otra resolución anterior —del 11 de abril—, sin entrar a contestar las alegaciones concretas planteadas por las defensas.
"El Auto recurrido se limita a reproducir de forma literal la fundamentación jurídica contenida en un Auto posterior a la resolución recurrida", sostiene el escrito, que denuncia que el magistrado incorporó "párrafos enteros" de otra resolución "sin efectuar un verdadero examen crítico de los motivos impugnatorios".
Según la defensa de la esposa de Sánchez, el magistrado "no responde a cuestiones esenciales" planteadas en el recurso de reforma, como la inexistencia de indicios individualizados, la improcedencia de algunas calificaciones penales o la falta de conexión entre los hechos investigados y los delitos imputados. Es por ello que el abogado sostiene que esta actuación genera una "situación material de indefensión constitucionalmente vedada".
"Absolutamente falaz"
Asimismo, el recurso de Gómez carga también contra el fondo de la investigación y especialmente contra la tesis del supuesto tráfico de influencias. La defensa considera "absolutamente falaz" la afirmación de que la trayectoria profesional de Gómez cambió tras la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018 y recuerda que ya desarrollaba actividad docente en la Universidad Complutense desde años antes.
"Lo que se pretende es vincular dicho acceso a la Presidencia del Gobierno con la obtención de ventajas en mi representada que no habrían sido posibles sin el mismo", afirma el escrito. "La única conclusión que puede extraerse del Auto es que se está investigando a mi representada por ser cónyuge del Presidente del Gobierno".
El recurso cuestiona además que Peinado utilice como indicios hechos relacionados con las adjudicaciones públicas vinculadas al empresario Barrabés, actualmente bajo examen de la Fiscalía Europea. La defensa recuerda que esos hechos ya no se investigan en el juzgado madrileño y recalca que Gómez compareció ante la Fiscalía Europea únicamente en calidad de testigo.
Sobre la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, el abogado niega cualquier irregularidad y sostiene que tanto el rector como los vicerrectores que declararon en la causa confirmaron que se siguieron los procedimientos habituales para su creación. El recurso califica de "ciertamente asombroso" que el juez considere que la cátedra se apartó de los "cauces académicos ordinarios" y subraya que el entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio aseguró en sede judicial que no detectó ninguna irregularidad en su puesta en marcha. Añade además que el propio Doadrio afirmó durante su declaración ser militante activo del Partido Popular.
En relación con la pieza separada por presunta malversación vinculada a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, la defensa argumenta que las funciones de la asistente estaban ligadas a tareas de apoyo institucional, organización y protocolo derivadas de la condición de esposa del presidente del Gobierno.
En abril, el juez planteó juzgar a Gómez, así como a Álvarez y Barrabés. La acusación popular que lidera Hazte Oír en la causa solicita, en su escrito de acusación, la apertura de juicio y 24 años de cárcel para la esposa del jefe del Ejecutivo, así como la retirada del pasaporte por riesgo de fuga.
También pide 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa y seis años de cárcel para el empresario Barrabés. La asociación lo hace en nombre de las diversas acusaciones populares de la causa, en la que también están personados Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España.
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