España es un país capaz de discutir durante años sobre la financiación autonómica, bloquear el CGPJ durante un lustro y, al mismo tiempo, dedicar varias páginas oficiales del BOE a fijar el diámetro exacto que debe tener el salchichón destinado a los calabozos de Plaza Castilla.
El dato no es una metáfora. El Ministerio del Interior ha sacado a licitación el contrato para el suministro de alimentos destinados a los detenidos e internados en los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid. El expediente regula con precisión qué productos podrán servirse en las dependencias judiciales y bajo qué condiciones sanitarias, logísticas y de conservación deberán llegar.
El pliego técnico fija desde el calibre mínimo del chorizo hasta los niveles permitidos de nitratos en el salchichón. También fija eltipo de agua mineral que deberá entregarse en las dependencias judiciales.
La lista de productos incluidos en el contrato dibuja un menú muy concreto: chorizo curado, mortadela, pechuga cocida de pavo, queso fundido semigraso, salchichón, postres lácteos y zumos envasados de sabores variados. Todos los productos deberán entregarse loncheados, envasados y etiquetados conforme a la normativa alimentaria europea y española.
El chorizo de "primera"
En el caso del chorizo, Interior exige que sea de categoría “Extra o Primera”, que se presente “en lonchas” y que tenga “un calibre mínimo de 60 milímetros de diámetro”. Además, deberá ajustarse a parámetros físico-químicos específicos, con límites concretos de humedad, grasa, nitratos y nitritos.
El salchichón tendrá exigencias similares. El documento establece que deberá suministrarse también “loncheado en envase autorizado termosellado” y con un peso neto mínimo de 100 gramos. Tanto el chorizo como el salchichón deberán acreditar “ausencia” de salmonella y niveles reducidos de listeria.
La mortadela cuenta igualmente con requisitos propios. El pliego fija porcentajes máximos de grasa, almidón y proteínas añadidas, además de controles microbiológicos. La pechuga cocida de pavo, por su parte, no podrá contener “carne o grasa de cerdo” y deberá acreditar mediante análisis la “ausencia” de ADN de pollo.
Queso semigraso y zumo de tetrabrik
El contrato también regula los lácteos y bebidas. El queso fundido semigraso deberá presentarse en formato loncheado y cumplir límites concretos sobre nitratos, colesterol o natamicina. Los postres lácteos no requerirán refrigeración y tendrán que superar controles microbiológicos sobre mohos, levaduras o salmonella.
En cuanto a los zumos, Interior especifica que deberán servirse en formato brik de 200 mililitros y ser de sabores variados “piña, albaricoque, melocotón, pera…”. El documento añade además una condición específica: “No deben ser gaseados”.
El agua mineral también aparece regulada con detalle. Tendrá que ser “de mineralización muy débil” u “oligometálica”, en botellas PET de 500 mililitros y con fecha de consumo preferente mínima de doce meses en el momento de la recepción.
Más allá de la alimentación, el documento refleja el nivel de control logístico y sanitario previsto para este tipo de suministros. Las entregas deberán realizarse en vehículos registrados previamente en el Departamento de Seguridad de los juzgados y dentro del horario fijado por la Administración.
Centro Penitenciario Madrid V
El proveedor dispondrá de un plazo máximo de 48 horas para entregar los pedidos, aunque en situaciones urgentes el margen se reducirá a 24 horas. Además, cualquier producto podrá ser rechazado si no cumple las condiciones de etiquetado, transporte, temperatura o conservación establecidas en el contrato. Si eso ocurre y la empresa no repone el suministro en menos de un día, los juzgados podrán adquirirlo “del proveedor más próximo” y cargar posteriormente el coste a la adjudicataria.
El pliego depende del Centro Penitenciario Madrid V, responsable del servicio de catering de Plaza Castilla, y contempla incluso auditorías a las instalaciones de las empresas adjudicatarias. Entre las condiciones recogidas en el documento figura también la obligación de que, cuando los productos lleguen a los juzgados, todavía conserven “al menos el 50% de su vida útil”.
Todo ello conforma una fotografía muy precisa de cómo funciona uno de los aspectos menos visibles de las dependencias judiciales madrileñas: la alimentación de las personas que permanecen detenidas mientras esperan pasar a disposición judicial.
Te puede interesar