La fiscal María Luisa Llop defendió en 2023 el archivo de la primera investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra. La representante del Ministerio Público respaldó ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid el sobreseimiento de las actuaciones al concluir que no existían indicios racionales de malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea.
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En su escrito, la Fiscalía analizaba los requisitos exigidos por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y sostenía que Plus Ultra cumplía las condiciones previstas en la normativa aprobada durante la pandemia. El informe defendía que la compañía podía ser considerada estratégica pese a su reducido peso en el mercado aéreo español, al entender que su desaparición habría supuesto la pérdida de otra aerolínea española con licencia tipo A y habría afectado a la competencia en determinadas rutas.

Un año después, el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la ascendió y la destinó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde precisamente se investiga ahora el rescate de Plus Ultra tras la reapertura del caso. La UDEF ha incorporado recientemente al sumario mensajes de la presunta trama liderada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que apuntan al interés de la red por influir en el procedimiento judicial.

En una conversación intervenida en mayo de 2021, uno de los empresarios implicados, Miguel Palomero trasladaba a Rodolfo Reyes, uno de los propietarios de la aerolínea, que al día siguiente iba a preguntar "de la juez del 15, cómo es", en referencia a la magistrada Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Apenas un mes antes, la juez había acordado diligencias para investigar el rescate de Plus Ultra.

"La instrucción es muy importante", añadía el abogado, que presumía además de que "la fiscal jefa es amiga", en referencia a Pilar Rodríguez, por aquel entonces fiscal jefe provincial de Madrid. Rodríguez llegó a estar imputada durante la investigación por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso y acaba de ser ascendida por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, a la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Los argumentos de Llop

Llop también subrayaba que la ayuda se había concedido siguiendo "el procedimiento legalmente establecido" y apoyándose en informes elaborados por asesores independientes como Deloitte y DC Advisory. Según el escrito, ambas firmas concluyeron que la aerolínea cumplía los requisitos para acceder al fondo gestionado por la SEPI. Además, la fiscal incidía en que el Consejo Gestor del fondo no tenía la última capacidad de decisión, ya que la autorización definitiva correspondía al Consejo de Ministros.

La representante del Ministerio Público sostuvo igualmente que no podía apreciarse perjuicio económico para las arcas públicas. El escrito recordaba que el Tribunal de Cuentas había archivado sus actuaciones al considerar que la ayuda financiera otorgada a Plus Ultra tenía naturaleza de préstamo y no originó un perjuicio económico a los fondos públicos. Recientemente, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, reconoció en el Senado reconoció que la compañía aérea aún debe 19 millones de euros.

La Fiscalía reconocía únicamente discrepancias técnicas sobre si la compañía debía ser considerada una "empresa en crisis" antes de la pandemia. Pero Llop remarcaba que esas diferencias respondían a criterios contables e interpretativos y no permitían sostener que se hubiera dictado una resolución arbitraria o ilegal. "La resolución fue dictada con base en los dictámenes ya mencionados y en modo alguno puede calificarse de arbitraria", concluía el escrito, firmado el 15 de febrero de 2023.