El juez Calama rechazó el registro de la casa de Zapatero aunque la UDEF lo vinculó a la "planificación estratégica" de la red

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazó autorizar una entrada y registro la casa de José Luis Rodríguez Zapatero pese a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) había situado previamente la vivienda como un espacio clave dentro de la presunta operativa de la red investigada. En uno de los informes incorporados al sumario, al que ha tenido acceso El Independiente, la Policía Nacional sostiene que el domicilio del expresidente del Gobierno "se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad".

Los investigadores describen una "estructura dual de funcionamiento" entre la oficina situada en la calle Ferraz, donde sí se produjo un registro, y la casa del exdirigente del PSOE. Según el informe que obra en poder del Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, "el núcleo de planificación y dirección" de la presunta red "no se circunscribiría tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información". Asimismo, sostienen que no todas las instrucciones se formalizaban por correo electrónico y apunta al uso de "canales de comunicación alternativos" para transmitir determinadas directrices.

La UDEF vincula esa hipótesis al "patrón logístico observado" tanto en la recepción de envíos como en la emisión de facturas relacionadas con la operativa investigada. Entre otros elementos, menciona entregas de cajas de vino en la vivienda particular de Zapatero y varias facturas emitidas a la sociedad Análisis Relevante en las que figuraba su dirección personal.

Pese a lo expuesto por los policías, Calama descartó el registro domiciliario al considerar que no concurrían los requisitos legales necesarios para adoptar una medida de esa gravedad. En el auto en el que acordó la imputación de Zapatero, el magistrado aseguraba que no concurrían elementos "que permitan afirmar que en el domicilio particular de Zapatero pudieran hallarse fuentes de prueba relevantes, instrumentos del delito o documentación vinculada a los hechos investigados". El juez añadía además que la notoriedad pública del "caso Plus Ultra" hacía "razonablemente presumible" que cualquier elemento incriminatorio "habría sido ya retirado, destruido o trasladado".

En paralelo, Calama ha reclamado el contenido completo de una cuenta de correo electrónico de Zapatero gestionada por su secretaria, Gertrudis Alcázar, así como los buzones vinculados a las sociedades de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez. El magistrado ha solicitado a las empresas proveedoras el acceso íntegro a los mensajes enviados y recibidos desde marzo de 2020, incluyendo borradores, archivos eliminados y metadatos asociados a las comunicaciones.

En la resolución, el juez sitúa a Alcázar como una "pieza operativa esencial dentro de una red organizada" supuestamente orientada al "ejercicio ilícito de influencias y a la generación de documentación contable ficticia". Según sostiene, ese trabajo se habría desarrollado desde la oficina utilizada por Zapatero, identificada por los investigadores como "el centro físico de coordinación y archivo del entramado". El auto añade además que la cuenta [email protected] "constituye el nodo central de comunicación interna de la organización".

Calama asegura igualmente que los correos analizados reflejan cómo Alcázar y Cristóbal Cano desempeñaban funciones de "coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación" vinculada a la presunta red. Según el magistrado, ambos habrían canalizado instrucciones dirigidas a una "finance boutique" para "articular la apariencia documental de los pagos emitidos y recibidos por el entramado societario".

Durante el registro practicado en el despacho de Zapatero, situado en el número 35 de la calle Ferraz de Madrid, la UDEF intervino varias joyas, relojes, brazaletes y pulseras que se encontraban en el interior de una caja fuerte. Según recoge el acta policial incorporada al sumario, fue la propia Alcázar, quien explicó a los agentes que esos objetos pertenecerían a la herencia de Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, así como a "regalos de viajes". Entre los efectos intervenidos figuraba además un collar dorado con una placa en la que podía leerse "José Luis R.Z".

Los investigadores detallan igualmente la incautación de discos duros, teléfonos móviles, agendas, pendrives y diversa documentación localizada en el despacho. La apertura de la caja fuerte obligó inicialmente a movilizar al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional, aunque finalmente no fue necesaria su actuación. Según el acta, "el abogado presente" ofreció la posibilidad de realizar una llamada telefónica para conseguir la llave, tras lo cual "acude al domicilio una persona con la llave", permitiendo abrir la caja fuerte.