El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si hubo presiones por parte de la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para frenar las investigaciones que se realizan por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que afectan al entorno político de Pedro Sánchez, según ha podido saber El Independiente. Por eso, Pedraz ha enviado a los agentes de la UCO a recabar información de la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno.
El operativo ha sido dirigido por el teniente coronel Antonio Balas, al frente de los agentes que han accedido a la sede central de la Guardia Civil mientras la directora general del cuerpo, Mercedes González, y el DAO —el teniente general Manuel Llamas— se encontraban en el cuartel de Batalla del Salado asistiendo al acto de toma de posesión del nuevo jefe de la Guardia Civil en Madrid, el general de brigada Francisco Almansa.
La actuación judicial se enmarca dentro de la ampliación de la causa que instruye Pedraz sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez y busca esclarecer si desde la cúpula de la Guardia Civil se impulsaron actuaciones internas contra mandos de la UCO que investigaban asuntos sensibles para el PSOE y el Gobierno.
Relación entre Leire y Mercedes González
La supuesta conexión entre la directora del Instituto Armado y la trama investigada salió a la luz hace ya casi un año, al saltar al foco el 'caso Leire' en junio de 2025. La causa, que instruye el juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 Luis Zamarriego, investiga una trama que la exmilitante socialista habría orquestado para desbaratar operaciones de la UCO que afectaban al PSOE, para lo que se supuestamente habría reunido con Mercedes González a finales de 2024 en el despacho de esta en la sede de la Guardia Civil de Guzmán el Bueno.
En los meses siguientes fueron aflorando grabaciones que situaban a Díez en el centro de una operación para desprestigiar a mandos del cuerpo. En una de esas grabaciones, de más de tres horas de duración, se escucha a Díez presentarse como la persona que "ha puesto el PSOE" para "limpiar" las instituciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, mientras el empresario investigado Javier Pérez Dolset asegura que el presidente del Gobierno ordenó llevar a cabo esta tarea tras la imputación de Begoña Gómez. Dos personas que asistieron a una de esas reuniones confirmaron ante el juez que los audios difundidos se corresponden con lo que allí escucharon respecto a la intención de recopilar información contra miembros de la UCO y de la Fiscalía, tal y como informó este periódico el día de sus declaraciones.
Presiones desde dirección
Tal y como adelantaba El Independiente hace unos meses, Mercedes González ya habría utilizando otros métodos de presión para, en este caso, que no se "filtrase información". González ordenó la apertura de varias investigaciones internas dentro de la UCO con la única finalidad de "amedrentar", según confirmaban fuentes de la Benemérita a este periódico.
Esos expedientes siempre los abrió en investigadores que se encontraban trabajando en las causas conocidas como 'caso Mascarillas', el 'caso Koldo' o 'caso Leire'. "Ha ordenado a otro instructor, es decir, a otro guardia civil, que abriera una investigación interna" contra agentes de la propia unidad con el objetivo de determinar el origen de supuestas filtraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, subrayan que “todo se ha cerrado sin responsabilidad para nadie”, explicaban las fuentes.
“De repente un compañero tuyo viene a preguntarte si tú has filtrado algo”, explicaban las fuentes consultadas, que reconocían que este tipo de investigaciones generan “un plus de sospecha gratuito” entre los agentes y alimentan un sentimiento de malestar dentro de la unidad. Según estas mismas fuentes, la apertura de diligencias internas contra funcionarios del Instituto Armado que están desarrollando su labor judicial provoca frustración y una sensación de desconfianza hacia la cúpula del cuerpo.
En los últimos dos años, la UCO ha participado en investigaciones judiciales de gran repercusión política y mediática, caracterizadas por su complejidad técnica y por involucrar a responsables públicos o personas vinculadas a altos cargos. Estas causas han situado a la unidad bajo un nivel de exposición muy grande.
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