El Pleno del Congreso debate este jueves la convalidación del real decreto que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales para el año 2026. Como el Gobierno no ha logrado aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, se ha visto en la necesidad de realizar la actualización de estos adelantos de recursos mediante un decreto que ahora debe ser refrendado por la Cámara Baja.
La viabilidad de la norma se ha despejado a primera hora de la mañana tras el voto favorable anunciado por Junts per Catalunya. La formación independentista ha llegado a rebautizar la iniciativa como el "Real Decreto Junts", argumentando que incluye las exigencias en materia de financiación autonómica y local que plantearon al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A través de una nota de prensa, el partido ha justificado su apoyo en el beneficio que esto supone para los ayuntamientos y en que el presidente ha asumido los "incumplimientos" y "retrasos" que le reclamaban.
En términos macroeconómicos, el texto contempla unas entregas a cuenta para las comunidades autónomas que ascenderán a 157.731 millones de euros. Si a esta importante cifra se le suma la previsión de liquidación correspondiente al año 2024, la financiación total que recibirán las autonomías en 2026 rozará el récord de 170.300 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,7% respecto al ejercicio anterior. Estos recursos funcionan como adelantos basados en ingresos como los tramos cedidos del IRPF o el IVA.
Por su parte, el real decreto también reserva una inyección fundamental para las entidades locales, cuyas entregas a cuenta ascenderán a 29.247 millones de euros, es decir, un 8,8% más que en el año pasado. Más allá de este incremento, la propuesta otorga una gran flexibilidad al permitir a los consistorios que registren un superávit presupuestario en 2025 gastarlo directamente en inversiones financieramente sostenibles.
Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, esta medida sobre la flexibilización de los remanentes puede afectar a más de 2.540 entidades locales, movilizando un volumen de recursos estimado en 3.000 millones de euros. De esta forma, los ayuntamientos podrán destinar parte de esos recursos de 2025 a mejoras en el alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil o infraestructuras, sin que ello compute a efectos de la restrictiva regla de gasto.
Del mismo modo, la legislación recién pactada ha habilitado un régimen excepcional enfocado en una de las principales problemáticas actuales. Esta cláusula permite que, en el caso de que los ayuntamientos reciban y cuenten con ese remanente, puedan destinarlo específicamente a políticas de vivienda. Para facilitar su ejecución, las entidades locales podrán gastarse esos fondos en un periodo de los cuatro años siguientes.
La suma de apoyos de Junts se complementa con la de otros socios parlamentarios, siendo esencial el papel del PNV. Durante el debate de la ley en el Congreso, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha adelantado el voto afirmativo de su grupo al texto apelando a la "responsabilidad" con las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos. Este respaldo conjunto abre definitivamente el camino para la probable aprobación de la medida en el Pleno de hoy.
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