El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado la "más enérgica queja" ante Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El motivo de este escrito institucional es el "grave cuestionamiento de la profesionalidad" de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevado a cabo por el magistrado Juan Carlos Peinado.
En la misiva dirigida a la presidenta del CGPJ, el ministro solicita formalmente que se analice la situación para que "se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones". Asimismo, el documento remitido por Grande-Marlaska sirve para reafirmar de manera categórica la "plena profesionalidad" tanto de los agentes de base que integran el dispositivo como de sus superiores jerárquicos.
La queja surge a raíz de la resolución dictada por el juez Peinado. En dicho auto judicial conocido hoy, el magistrado asegura que "no cabe duda" de que los agentes asignados para acompañar a la mujer del presidente del Gobierno podrían llegar a colaborar en acciones destinadas a facilitar su fuga, impidiendo así que la acusada "se encuentre a disposición de la justicia".
Según el escrito del juez Peinado, esta supuesta colaboración para la evasión podría producirse "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos". Frente a estas graves acusaciones, el ministro del Interior ha salido en férrea defensa de las fuerzas policiales, subrayando que su actuación se desarrolla "únicamente en parámetros de legalidad" y que su labor constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho.
Para Grande-Marlaska, el contenido del auto judicial representa una sospecha injustificada que va mucho más allá de los escoltas concretos que prestan el servicio de acompañamiento a la esposa del presidente. El titular de Interior advierte que estas insinuaciones alcanzan a toda la cadena de mando, al afirmar abiertamente la posibilidad de que los superiores jerárquicos "pudieran dictar órdenes ilegales".
Como máximo responsable de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el ministro ha calificado las aseveraciones plasmadas por el magistrado como "un hecho de máxima gravedad". Esta valoración es la que ha motivado la decisión sin precedentes de poner los hechos en conocimiento directo de la presidencia del órgano de gobierno de los jueces.
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