España

La cúpula defiende una sensación de agravio respecto al trato de la Justicia hacia el PP

Sánchez da orden de no hacer caer a imputados salvo con indicios "palpables": "Pie en pared. Son inocentes"

El presidente está dispuesto a resistir la presión de los tribunales y a no "sacrificar" cargos orgánicos o del Gobierno salvo que haya "pruebas" contra ellos

MADRID, 26/06/2026.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, durante el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo este viernes en el Congreso. EFE/ Kiko Huesca
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González (i), durante el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, el pasado 26 de junio de 2026 en el Congreso. | EFE / KIKO HUESCA

El Pedro Sánchez de 2026 no es el mismo Pedro Sánchez de 2018. Lleva a la espalda ocho años en la Moncloa y desde entonces las cosas han cambiado mucho, desde aquel Gobierno bonito que subió rápidamente en las encuestas y que encadenó victoria tras victoria electoral en 2019 hasta hoy, cuando la erosión del Ejecutivo y del partido es innegable por el efecto suma de los casos de presunta corrupción. Aquel primer Sánchez, llegado al poder tras una moción de censura que presentó José Luis Ábalos justificada por la condena al PP por la trama Gürtel, desalojó de Cultura, apenas una semana después de ser nombrado, a Máximo Huerta, por haber defraudado a Hacienda 218.322 euros (por lo que se vio obligado a pagar 366.000 euros). Y tres meses después tuvo que dejar caer a la titular de Sanidad, Carmen Montón, por haber plagiado parte de su trabajo de fin de máster.

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Aquella condición de presidente implacable no es la de hoy porque, como explican en Ferraz, "cada momento es diferente". Ahora, el líder socialista tiene decidido que no sacrificará más piezas salvo que los indicios que pesen sobre ellas sean incontestables, "palpables", elocuentes, como ocurrió con el propio Ábalos o su sucesor en Organización, Santos Cerdán. La consigna es clara: "Pie en pared" porque los señalados, hasta el momento, "son inocentes" y la confianza en ellos se mantiene intacta.

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La directora de la Guardia Civil y su DAO, teniente general Manuel Llamas, son imputados por el juez Santiago Pedraz por prevaricación y obstrucción a la Justicia y tendrán que declarar el 16 de julio

La pregunta de rigor al Gobierno este jueves era obvia: si serían cesados Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y su número dos, teniente general Manuel Llamas, actual director adjunto operativo (DAO), tras haber sido imputados ambos por el juez Santiago Pedraz en el caso Leire Díez, después de que lo hubiera pedido la Fiscalía Anticorrupción. Ambos tendrán que declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional el 16 de julio por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.

El ministerio público señalaba que la Unidad Central Operativa (UCO) del cuerpo "deja constancia", en su informe aportado en la causa, de la "relación personal" que la ya exmilitante socialista "vendría manteniendo con la actual directora de la Guardia Civil y la utilización que la misma hizo de esta relación para cumplir con los fines que la organización criminal se había marcado en orden a neutralizar o entorpecer las investigaciones que la UCO pudiera estar llevando en las causas que pudieran afectar al PSOE o a familiares del presidente del Gobierno". Respecto a Llamas, la UCO señaló que varios mandos habían recibido indicaciones suyas para "ponerse de perfil" en la investigación que afectaba al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su presunto enchufe como jefe de conservatorios de la Diputación de Badajoz, caso, por cierto, ya juzgado y a la espera de sentencia de la Audiencia Provincial. Para Anticorrupción, la "reiteración de informaciones reservadas" a agentes —que pueden desembocar en sanciones disciplinarias—, sobre todo cuando coinciden temporalmente con hitos de la investigación penal y carecen de una "justificación disciplinaria objetiva", genera un "clima de incertidumbre profesional" que puede provocar "autocensura, inhibición o moderación en el ejercicio de las funciones investigadoras". Ese efecto desaliento, dicen las fiscales, "constituye la manifestación contemporánea de la intimidación institucional".

Para la Fiscalía, la "reiteración de informaciones reservadas" a agentes puede provocar "autocensura, inhibición". Ese 'efecto desaliento' constituye "la manifestación de la intimidación institucional"

Tanto el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la Moncloa reiteraron su confianza en los dos cargos ahora imputado. Ambos "seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera", señalaron desde el ministerio. "Máxima tranquilidad añadió el equipo de Sánchez—. Estamos convencidos de que Mercedes González dará las explicaciones pertinentes ante la Justicia, como ha venido haciendo desde el primer día, y ya demostró en su comparecencia en el Senado [del pasado 16 de junio]. Total normalidad y transparencia porque no hay nada que ocultar". El caudal de confianza en la jefa política del instituto armado y en su dos continúa intacto.

También la presidenta de la SEPI o la gerente

En realidad, no se esperaba otra respuesta diferente por parte del Gobierno. No llegados a este punto. Desde el Ejecutivo y desde Ferraz explican que la directriz del presidente es clara: no ceder terreno, no llevar a la pira a quienes "son personas inocentes", por mucha presión ambiental que exista, porque "no ha hecho nada nadie". No se dejó caer a la gerente, Ana María Fuentes, ni tampoco a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ambas imputadas también en el caso Leire. "Por supuesto" que confía en la jefa del holding público empresarial, respondió Sánchez esta semana cuando le preguntaron los informadores. Un respaldo que ya había manifestado expresamente antes hacia González y hacia Fuentes. Ni media duda.

Es que ya vale. ¿Qué ha hecho Mercedes? ¿Ha hecho algo ilegal? El derecho de reunión no está penado. No hay una prueba de nada", señalan desde la sala de máquinas del partido

En la cúpula federal del PSOE señalan que el mensaje del presidente es claro: no va a sacrificar más piezas salvo indicios "aplastantes", porque no puede consentir que le desmonten su Gobierno a base de imputaciones, ya que además forzar dimisiones acentuaría la sensación de colapso del Ejecutivo en el peor momento político para los socialistas precisamente por la acumulación de frentes judiciales. "Es que resulta demasiado fácil imputar a alguien con apenas indicios. Pie en pared", comenta una integrante de la dirección. Expresión esta última, "pie en pared", que reproducen desde el corazón de la calle de Ferraz. "Es que ya vale. ¿Qué ha hecho Mercedes? ¿Ha hecho algo ilegal? El derecho de reunión no está penado. No hay una prueba de nada. Que uno se reúna, por ejemplo, con un criminal no te hace criminal, eso es una barbaridad", alegan.

La UCO, en su informe, incorporado al sumario, databa al menos tres reuniones entre González y Díez entre 2024 y 2025. La directora de la Guardia Civil, en su comparecencia en el Senado del 16 de junio, en la Comisión de Interior, insistía en que eran encuentros informales fuera de la sede del instituto armado en los que no despacharon asuntos de investigaciones judiciales en curso. En la última, la ya exmilitante sí que le pidió que reingresara al cuerpo el comandante Rubén Villalba, un hecho "extraño" —en palabras del ministro Marlaska el pasado martes en la comisión Koldo de la Cámara alta— que motivó que ambas "jamás" se volvieran a ver.

"No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración ni he interferido en investigación alguna, jamás, nunca, ni de la UCO, ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil", "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie", aseguró González en el Senado, donde reconoció dos de esas citas, porque no recordaba una tercera. Sin embargo, las conclusiones de la UCO eran muy distintas, ya que Díez, según su relato, sí habría logrado "instigar" a la directora de la Guardia Civil para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los agentes que estaban a cargo de las pesquisas en el entorno del Gobierno, y de hecho se abrieron tres informaciones reservadas que se cerraron sin consecuencias.

En Ferraz reconocen el cambio de criterio respecto a 2018, pero recuerdan que Ábalos o Santos fueron echados con evidencias muy claras: "No hay que tomar decisiones drásticas con gente inocente. Estamos flipando. Lo que quieren es imputarnos"

En Ferraz remarcan que la mano dura de Sánchez en sus primeros tiempos en el Gobierno son "errores del pasado". "Ahora los imputados van fuera, incluso antes de serlo, si hay algo muy claro, como los audios de Santos, Ábalos o Koldo [García]. Sinceramente, antes se creía más en la Justicia. Ahora es que es muy fuerte. Les defendemos porque son inocentes, porque creemos en su inocencia, y no puede ser una persona imputada y ya fuera, si no hay algo palpable de verdad. No hay que tomar decisiones drásticas con gente inocente. Es que estamos flipando con lo que nos están haciendo. Y lo que quieren es imputarnos", esgrimen en el núcleo duro del partido, apuntando a esa hipótesis, que tanto ha sonado en las últimas semanas, de que Pedraz pudiera acabar imputando al PSOE como persona jurídica, algo que sería un mazazo más duro aún y más difícil de remontar, aunque, si sucede, en la cúpula avanzan que lo explicarán y se defenderán, "y la gente que juzgue". "Pero nosotros no vamos a quedarnos callados", insisten.

No pasó con Cospedal

"Es que hay categorías muy diferentes de indicios y de imputaciones", aporta otra integrante de la dirección, que reconoce que la doctrina Sánchez ha cambiado en estos años. Nada de la mano dura del pasado. "Antes tampoco había esta clamorosa asimetría judicial", protesta. Y eso es algo que se escucha en el cuartel general, la diferencia de trato de los jueces con el PP. "En cambio, los audios de [María Dolores de] Cospedal no dieron para imputarla", comparan en Ferraz, refiriéndose a que aquello que la ex número dos de los conservadores dijo al comisario jubilado José Manuel Villarejo —"la libretita [los papeles del extesorero popular Luis Bárcenas] sería mejor poderlo parar"— no supuso que ella fuera investigada ni enviada al banquillo en el caso Kitchen. Según la lectura del círculo del presidente, la derecha política y judicial "se está pasando de frenada" y calculan que "les puede acabar saliendo mal".

Desde la cúpula se recalca que hay "categorías muy diferentes de indicios y de imputaciones". La 'doctrina Sánchez', dicen, ha cambiado, pero "antes tampoco había esta clamorosa asimetría judicial"

Por tanto, nada de derribar a cargos orgánicos o del partido. La misma filosofía que ha operado con José Luis Rodríguez Zapatero, con quien Sánchez ha cerrado filas por completo pese a su doble imputación por el juez José Luis Calama, por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y por las joyas encontradas en su despacho, valoradas en más 1,3 millones de euros sin que el expresidente, mes y medio después de su hallazgo, haya explicado aún su origen.

"La consigna es no acelerar la percepción de descomposición mediante el sacrificio temprano de cualquier sospechoso —analiza uno de los dirigentes que tiene hilo directo con la Moncloa—. Cualquier sacrificio adelantado se percibe socialmente como aceptación anticipada de responsabilidad o culpabilidad. Te sitúa a la defensiva y denota debilidad, amén de ser una llamada al lawfare. Y además no se sirve una ofrenda más a la derecha. Si cede el presidente, es como si enfatizara la sensación de colapso. No puedes ir quemando a la primera todos los fusibles. Dicho lo cual, Mercedes está kaputt", achicharrada políticamente aunque continúe en el cargo.

Cualquier sacrificio te sitúa a la defensiva y denota debilidad, amén de ser una llamada al 'lawfare'. Y no se sirve una ofrenda más a la derecha. Pero vamos, Mercedes está 'kaputt'", señala un veterano

En la dirección tampoco creen que fuera buena idea ceder la cabeza del DAO. Entienden que no serviría para aliviar la presión dado que a fin de cuentas no es un cargo político y sería un fusible demasiado débil. "Pero es que no vemos nada eso de pasar factura a nadie que no se pruebe que haya hecho algo", rubrican en Ferraz.

El cierto tancredismo de Sánchez puede, sin embargo, tener riesgos. Que se traduzca en cierto castigo electoral. En la sala de máquinas del partido se describen "fuertes" anímicamente y preparados para la gran batalla en las urnas que se dará en dos tiempos: generales y municipales y autonómicas, sin que se sepa aún, es potestad del presidente, qué convocatoria irá antes. "Veremos qué pasa entonces. La derecha está on fire, hipermovilizada, es verdad, pero la izquierda aún no. Cuando lo esté —calculan desde el aparato—, todo cambiará".

1 Comentarios

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  1. La tesis que defienden sus medios es que los jueces son de derechas, la policía es de derechas y van a por el glorioso PSOE.

    Con ese argumento ya se cubren todas las posibilidades. Si salen inocentes es que son inocentes, y si salen culpables es culpa de los jueces.

    Es el razonamiento de cualquier delincuente.

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