La nota alertando de las maniobras de Leire que el DAO ocultó deja en evidencia a Marlaska en el Senado: "Yo dije que la UCO tenía que conocerla"

El sumario de las diligencias previas que cercan a la cúpula del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil ha sumado un nuevo y comprometido capítulo. En el centro de la polémica se sitúa la nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil el 29 de abril de 2025. Este informe alertaba de manera detallada al Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, sobre la existencia de una "agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO".

El texto identificaba nominativamente a Leire Díez como la dinamizadora de la operación y advertía textualmente: "El citado grupo de personas haría ver que detrás de esta estrategia se encontraría el Sr. Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil".

A pesar de la trascendencia de esta advertencia, que afectaba de lleno a la seguridad y la reputación de la unidad de élite que investiga la corrupción del entorno del Gobierno y del PSOE, el DAO ocultó deliberadamente dicho documento a la propia Unidad Central Operativa (UCO) durante diez días. El teniente general Llamas solo reconoció la existencia de la nota el 8 de mayo de 2025, cuando el General Alfonso López Malo, Jefe de la Policía Judicial, le presentó un informe de contenido idéntico elaborado de forma independiente por la propia UCO tras detectar las mismas maniobras por sus propios canales.

Marlaska dice otra cosa

Esta retención de información clave ha dejado en una posición sumamente delicada al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado. En sede parlamentaria, Marlaska intentó sacudirse la responsabilidad escudándose en una supuesta orden de transmisión inmediata: "Yo lo único que quería y tenía, evidentemente mi deber y mi obligación, era que la UCO conociera todo extremo que investigara y proteger a la UCO", llegó a asegurar el ministro, añadiendo en otro momento de su interrogatorio: "Yo dije que la UCO tenía que conocerla", refiriéndose a la nota de despacho.

Sin embargo, el relato del ministro choca frontalmente con la secuencia cronológica y los testimonios recabados por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Según consta en las actuaciones judiciales, el DAO recibió la nota el 29 de abril de 2025 y no realizó movimiento alguno para trasladarla a los agentes afectados. Fue la propia UCO la que, alertada, redactó su propia nota de despacho el 6 de mayo de 2025, remitiéndola al General de la Policía Judicial, quien a su vez la despachó en persona con el DAO el 8 de mayo. Solo en ese encuentro, al verse confrontado con la investigación de la propia unidad afectada, el teniente general Llamas entregó la nota que guardaba en su poder desde hacía diez días.

La Fiscalía califica esta conducta de ocultación de información operativa relevante como "prima facie, incompatible con los deberes inherentes al cargo y susceptible de integrar tipos penales", enmarcándola en un presunto delito de obstrucción a la justicia.

Las contradicciones de Mercedes González

La gestión de esta crisis también deja en evidencia a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Durante su comparecencia en el Senado el 16 de junio, González intentó desvincularse de cualquier maniobra de presión o conocimiento de la campaña de descrédito, asegurando que bajo su mandato "jamás, nunca se ha producido intromisión ni injerencia en la actuación ni de la UCO ni de ninguna unidad".

No obstante, las pruebas tecnológicas aportadas por la UCO contradicen la versión de la directora general. El sumario detalla que el 11 de mayo de 2025, apenas tres días después de que el DAO se viera obligado a destapar la nota de despacho, y solo unas horas después de que el diario El Mundo publicara mensajes de WhatsApp comprometedores entre el exministro José Luis Ábalos y el Presidente del Gobierno, se registró una actividad sospechosa en el teléfono de Mercedes González. A las 09:16 horas de ese domingo, la UCO documentó dos interacciones en el chat de WhatsApp entre la directora general y Leire Díez compatibles con la eliminación de su conversación previa y la activación del borrado automático de mensajes con una cadencia de 24 horas.

Solo dos horas después de ese movimiento en los dispositivos de González, a las 11:30 horas, el DAO Manuel Llamas convocó de urgencia al General Antonio Cortés Ruiz, Jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), para ordenarle la apertura de una información reservada contra la UCO bajo el pretexto de investigar el origen de las filtraciones a la prensa. Esta sincronía temporal —contactos con la trama, activación del borrado de comunicaciones y la inmediata apertura de un expediente interno contra los investigadores— es considerada por la acusación como un acto causalmente conexo con la actividad delictiva investigada.

El uso de informaciones reservadas

Frente a las acusaciones de instrumentalización del régimen disciplinario, Mercedes González defendió en el Senado que las informaciones reservadas son "un procedimiento de carácter interno habitual" y que "nunca se dirigen contra ninguna persona". Sin embargo, los testimonios bajo juramento del General Jefe de la Policía Judicial, López Malo, y del entonces Jefe de la UCO, el Coronel Yuste, desmontan esta normalidad administrativa.

Ambos mandos declararon ante el Magistrado Instructor que en toda su trayectoria profesional habían conocido una acumulación de expedientes internos con semejante nivel de focalización sobre una única unidad, calificando las medidas de "excepcionales" y constitutivas de un "intento de intimidación".

Además, ambos mandos ratificaron que tanto el anterior director general, Leonardo Marcos, como el actual DAO, Manuel Llamas, les conminaron expresamente a "ponerse de perfil" y a "no ser proactivos" en las causas judiciales con "afectación política", señalando de manera particular las pesquisas que afectaban al hermano del Presidente del Gobierno en Badajoz.