Anticorrupción asume la tesis de la UCO de que los expedientes eran un "mecanismo de presión" para no investigar al Gobierno

La Fiscalía Anticorrupción ha avalado una de las principales tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) en el 'caso Leire': que la apertura reiterada de expedientes disciplinarios contra varios agentes pudo suponer un "mecanismo de presión" para condicionar a los investigadores que llevaban las principales causas que afectaban al entorno del Gobierno. Así se desprende del escrito con el que el Ministerio Público pidió al juez Santiago Pedraz la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, y sostiene que, de acreditarse, esa actuación podría constituir un delito de obstrucción a la Justicia.

Precisamente, el juez acordó este jueves investigar a ambos por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Tanto González como el teniente general Llamas están citados a declarar como investigados ante la Audiencia Nacional el próximo 16 de julio dentro de la causa que analiza la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para "desestabilizar" las investigaciones que afectasen al PSOE influyendo en jueces y fiscales y desacreditando a la UCO.

Los expedientes como algo "normal"

La tesis parte de una de las principales líneas de investigación del caso Leire. Tanto la UCO como las acusaciones y la Fiscalía sostienen que, mientras distintas causas judiciales estrechaban el cerco sobre el entorno del Gobierno y el PSOE —como las que afectaban a Begoña Gómez, David Sánchez o el caso Koldo—, desde la cúpula de la Guardia Civil se impulsó en el mismo periodo de tiempo la apertura de tres informaciones reservadas contra agentes de la unidad que dirigía esas pesquisas. Durante la instrucción, varios mandos del Instituto Armado calificaron esos expedientes de "excepcionales" y "no habituales". Por su parte, tanto Mercedes González como el DAO y el ministro Grande-Marlaska, han señalado en la última semana que esa apertura de expedientes era algo "normal".

Es sobre ese contexto sobre el que Anticorrupción construye ahora su argumentación. En su escrito —al que ha accedido El Independiente—, las fiscales sostienen que la apertura de esas informaciones reservadas solo tendría relevancia penal si se demuestra que no respondían a una finalidad disciplinaria, sino que fueron utilizados para frenar el trabajo de la UCO. En ese caso, la potestad disciplinaria "deja de actuar como instrumento de control interno para convertirse en un auténtico medio de intimidación institucional", según recoge el documento.

Un aviso a la UCO

A juicio del Ministerio Público, el problema no radica en la existencia de expedientes internos, sino en el uso que pudiera haberse hecho de ellos. "Una cosa es la mera advertencia aislada sobre la posible apertura de un expediente disciplinario y otra muy distinta la utilización sistemática y continuada del aparato disciplinario como mecanismo de hostigamiento dirigido específicamente contra quienes desarrollan investigaciones especialmente sensibles", recoge el escrito.

La Fiscalía considera que, si esa hipótesis se confirma durante la instrucción, esos expedientes no solo pudieron afectar a los agentes investigados, sino lanzar un aviso al conjunto de la UCO: "La presión no se agota en el perjuicio que cada expediente pueda ocasionar al funcionario directamente afectado, sino que proyecta un mensaje institucional hacia el conjunto de la unidad investigadora: el desarrollo de determinadas líneas de investigación puede acarrear consecuencias disciplinarias para quienes las impulsen".

Los jefes de la UCO

Tal y como adelantó El Independiente, los dos exjefes de la UCO, el general de brigada Rafael Yuste Arenillas, y el actual Jefe de la policía judicial, Alfonso López Malo, se ratificaron ante el magistrado de la Audiencia Nacional y explicaron el pasado mes de junio que consideraban que la apertura de tres informaciones reservadas por parte de la cúpula de la Guardia Civil en menos de un año a los mismos agentes de la UCO podría ser un mecanismo de presión para que dejaran de investigar los casos de corrupción vinculados al Gobierno y a Pedro Sánchez.

Las informaciones reservadas son un procedimiento interno excepcional previsto para esclarecer unos hechos antes de decidir si procede incoar un expediente disciplinario. Su finalidad es comprobar la existencia de posibles responsabilidades administrativas, pero no revisar investigaciones judiciales ni cuestionar actuaciones desarrolladas por la Policía Judicial bajo las órdenes de jueces y fiscales. Precisamente ahí sitúan la UCO y la Fiscalía el núcleo del problema ya que consideran que ese instrumento habría sido desviado de su finalidad para abrir investigaciones internas contra los propios agentes encargados de instruir causas como el 'caso Koldo', el fraude de los hidrocarburos, la investigación sobre David Sánchez o la causa seguida contra Begoña Gómez. Todas ellas causas que se vinculan con el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.

Las informaciones reservadas

Los informes incorporados al procedimiento, a los que ha tenido acceso El Independiente, mantienen también lo que recoge el escrito de Fiscalía. Ambos sostienen que las tres informaciones reservadas presentan un mismo patrón. Todas se abrieron inmediatamente después de episodios que afectaban directamente a investigaciones de enorme repercusión política; todas tuvieron como destinatarios a miembros de la UCO o de su Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN); y ninguna concluyó acreditando responsabilidades disciplinarias. Para los investigadores, esa reiteración temporal demuestra que no se trataba de actuaciones aisladas, sino de una estrategia encaminada a intimidar a quienes desarrollaban las investigaciones judiciales.

La primera de esas actuaciones fue la Información Reservada 1/24, abierta el 4 de diciembre de 2024 por orden del DAO tras la difusión pública de un informe judicial en el que aparecía un correo electrónico institucional de Begoña Gómez. Oficialmente se pretendía averiguar si la información había sido filtrada desde la UCO. Sin embargo, durante la investigación interna no se encontró ninguna conducta constitutiva de infracción disciplinaria. Pese a ello, el informe final recogía que se debía "amonestar verbalmente" al analista responsable del informe. Una circunstancia que varios mandos interpretaron posteriormente como una advertencia dirigida al resto de investigadores sobre las consecuencias de trabajar en procedimientos especialmente sensibles.

La información imposible

La segunda información reservada, abierta el 11 de mayo de 2025, constituye el episodio que la UCO considera más significativo y el que mayor peso ha tenido en la posición adoptada por la Fiscalía. Todo comenzó tras la publicación de los mensajes intercambiados entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. Aquella misma mañana, según refleja la investigación, Mercedes González y María Leire Díez intercambiaron varios mensajes de WhatsApp. Apenas dos horas después, Manuel Llamas encargó al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) la apertura de una información reservada para averiguar el origen de la supuesta filtración.

La relevancia de ese episodio, según la UCO, reside en que el propio DAO conocía que la publicación no podía proceder de la unidad investigadora. Los dispositivos electrónicos de Ábalos todavía no habían sido intervenidos judicialmente y, por tanto, la UCO no podía haber facilitado un material al que aún no había tenido acceso. Pese a ello, la investigación interna se dirigió nuevamente contra los agentes que instruían la causa.

La intervención del Supremo

Durante esa información reservada se produjo además un hecho que los investigadores consideran especialmente revelador. El instructor del procedimiento preguntó a los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre unas diligencias que se encontraban bajo secreto y control judicial. Fue el juez Leopoldo Puente quien advirtió expresamente de que no autorizaba una investigación paralela y que, si ésta continuaba, podría ordenar abrir diligencias contra el instructor e incluso contra quien había ordenado su apertura, en este caso, el DAO, Manuel Llamas. Tras esa advertencia, el procedimiento se archivó de forma inmediata.

La tercera actuación llegó pocos meses después. La Información Reservada 1/25 la firmó digitalmente por Mercedes González el 30 de agosto de 2025 y formalizada el 1 de septiembre, tras la publicación de una información periodística que denunciaba las supuestas injerencias del DAO en el funcionamiento de la UCO.

Identificar a los agentes

En el marco de ese procedimiento se solicitó un organigrama completo de la unidad, identificando nominalmente a los oficiales destinados en los equipos que investigaban las principales causas contra el entorno del Gobierno. Para la UCO, aquella petición excedía cualquier finalidad disciplinaria y respondía al propósito de identificar a los investigadores para incrementar la presión sobre ellos. Esta misma cuestión resalta en su escrito la Fiscalía Anticorrupción.

Los investigadores sostienen que estas actuaciones no pueden entenderse sin el contexto previo que describen numerosos testigos durante la instrucción. Varios mandos de la UCO relataron ante el juez que las presiones comenzaron meses antes de la apertura de las informaciones reservadas. Entre ellas figuran la reunión celebrada el 12 de julio de 2024, en la que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marco, habría exigido que un informe judicial concluyera que "no había nada", las amenazas de retirar vacaciones a los agentes si no se modificaba su contenido o las instrucciones transmitidas posteriormente por el DAO para que la unidad se "pusiera de perfil" y dejara de actuar de forma proactiva en las investigaciones con mayor impacto político. A juicio de la UCO, las informaciones reservadas constituyeron la evolución de esas presiones hacia un mecanismo formal de control disciplinario.

Leire Díez como instigadora

Ese contexto adquiere una especial relevancia dentro de la investigación sobre la presunta trama encabezada por Leire Díez. Los informes de la UCO sostienen que Díez mantenía una relación fluida con Mercedes González y que pretendía utilizar esa proximidad para promover actuaciones administrativas contra la propia unidad investigadora. Entre la documentación intervenida figuran anotaciones manuscritas como "armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo" o "investigación interna G.C. para filtraciones". En otro de los audios incorporados a la causa, Díez afirma que su "siguiente conversación" sería con la directora general de la Guardia Civil porque era "de mi confianza".

La Fiscalía considera ahora que todos esos elementos, analizados conjuntamente, permiten apreciar indicios de que las informaciones reservadas pudieron utilizarse con una finalidad distinta de la prevista legalmente. En lugar de esclarecer posibles infracciones disciplinarias, habrían servido para intimidar a los investigadores, interferir en el funcionamiento de la Policía Judicial y dificultar el desarrollo normal de procedimientos penales que afectaban al entorno del Gobierno. Esa coincidencia entre la tesis sostenida por la UCO, el criterio del Ministerio Público y la resolución dictada por el juez Pedraz constituye la base sobre la que se ha acordado la investigación penal de Mercedes González y Manuel Llamas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y de obstrucción a la Justicia.